El año que recién terminó fue también el que rompió todo los récords de violencia en México, y la falta de un cambio en la estrategia para combatir la inseguridad agravará la crisis en este 2018, sostuvieron especialistas, quienes también ven en las elecciones que se celebrarán el próximo 1 de julio un factor que podría acarrear mucho más violencia.
El Gobierno federal se jacta de haber neutralizado al menos a 108 de 122 objetivos prioritarios del crimen organizado, pero la detención de estos líderes del crimen no ha hecho sino provocar la fragmentación de los cárteles y un aumento en la guerra que libran por controlar territorios a lo largo y ancho del país.
Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).– El 2018 romperá de nuevo récords de violencia si el Gobierno federal mantiene la misma estrategia de los últimos cinco años, vaticinaron especialistas en materia de seguridad. Los primeros 11 meses sumaron 23 mil 101 carpetas por homicidio doloso, una cifra sin precedente en los últimos 20 años.
“Si el narco en México ha matado gobernadores, presidentes municipales, auxiliares de Presidente Municipal y lo ha hecho en total impunidad, ¿por qué razón no debería hacerlo en 2018?“, comentó el consultor en seguridad David Martínez-Amador.
El Gobierno federal se jacta de haber neutralizado a 108 de 122 objetivos prioritarios, pero esa estrategia sólo ha fragmentado a los cárteles. De acuerdo con un mapa del crimen organizado en México, realizado por la propia Procuraduría General de la República, al final de octubre pasado habían en el territorio nacional nueve cárteles operando y 27 células del crimen organizado.
El 19 de enero fue extraditado el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán, "El Chapo", a los Estados Unidos. La salida de esta figura marcó la relación del Gobierno federal con uno de los cárteles más grandes y el más vetusto del país.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido el Cártel Jalisco Nueva Generación el que ha extendido su poderío a distintas entidades.
“En el caso de Enrique Peña Nieto, su Presidencia dejará como el nuevo gran cártel en el país al Jalisco Nueva Generación, tras el debilitamiento de los sinaloenses. El resto de las organizaciones o quedaron limitadas a controlar una sola zona geográfica, como los Zetas, o se fragmentaron al nivel de transformarse en bandas dedicadas al narco-menudeo y extorsión, como el llamado cártel de Tláhuac”, detalló Martínez-Amador.
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En un año electoral, el crimen organizado también moverá conforme a la política, destacó el consultor.
“El narcotráfico en México es un actor muy activo en los procesos políticos y determinante. Su presencia es la garantía de movilidad de personas, provisión de activos o amedrentar rivales”, explicó.
En este sentido, dijo, el crimen actuaría de dos formas.
“Por medio empresarios coludidos que se acercarán a las campañas importantes para proveer insumos y donde puede vetar de forma directa sin generar mayor atención, en lo municipal va simplemente a remover lo que sea incómodo”, expuso.
Las tasas de violencia ha afectado a estas últimas autoridades. Sólo en el 2017 fueron asesinados 20 alcaldes. También México se colocó como el país es el más letal en el mundo para los sacerdotes con 23 asesinatos y para los periodistas con 13.
“Hemos visto mucha violencia contra regidores, y eso está ligado a los procesos electorales; en los comicios muy probablemente los criminales querrán influir, y mandan mensajes atacando a gente que está en los gobiernos municipales. Muchas veces son líderes criminales los que se postulan par alcaldes o diputados locales”, dijo Vidal Romero León, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
En medio de la crisis, los precandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Antonio Meade Kuribreña y del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya Cortés señalaron las gubernaturas de sus rivales como las causantes del deterioro en materia de seguridad.
“Lo que no se ha entendido es que si el tema de seguridad lo abordas en la lógica de partido arruinas la posibilidad de que algo mejore. Si quieres una estrategia de seguridad que funcione tiene que ser de largo plazo. Si no, sólo será una ocurrencia”, dijo el investigador Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC.
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AUMENTA VIOLENCIA DE UN SEXENIO A OTRO
Si se comparan los primeros cuatro años de la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa con los de Enrique Peña Nieto resalta que los estados con mayor aumento de homicidios fueron Zacatecas, Tlaxcala y Colima, con gobiernos del PRI; así como Baja California Sur y Guanajuato, del Partido Acción Nacional (PAN).
“Los gobernadores juegan el rol de construir pactos con el narco por debajo del nivel federal. Hay 16 ex gobernadores del PRI con procesos judiciales, presos o prófugos lo que nos da la noción que el ‘Gobernador’ es un actor inútil sometido a sostener los pactos de corrupción pre-existentes o que desde el Gobierno federal se imponen”, dijo Martínez-Amador.
En marzo, la Auditoría Superior de la Federación encontró sin impacto claro más de 3 mil 366 millones de pesos enviados a los estados y municipios a través de los subsidios para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) y de Policía Acreditable (SPA).
“Por un lado, tienes a los gobiernos que quieren bajar los índices de violencia para ganar votos en la elección, pero por otro tienes recursos que se están yendo para otros temas que no tienen que ver con las elecciones”, dijo Vidal Romero León.
Esta misma falta de control se podría aplicar a los temas de seguridad interior. Recién a mediados de diciembre el Congreso de la Unión terminó de aprobar la Ley de Seguridad Interior que regula las operaciones del Ejército.
Entre 2008 y 2015 creció en 61 por ciento el gasto en seguridad interior, al pasar de 27 mil 259 millones de pesos a 43 mil 957 millones de pesos.
Por su parte, entre 2008 y 2014, la ASF realizó 4 mil 521 recomendaciones, las cuales evidencian mecanismos inadecuadas de control, débiles mecanismos de evaluación y opacidad en las compras.
Los operativos del Ejército en las calles no disminuyeron la violencia, apuntaló Martínez-Amador.
“Si el Ejército hubiese podido apaciguar el problema de la violencia en México ya hubiera regresado a los cuárteles”, dijo.
Datos del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez refieren que durante el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas. En tanto que el sexenio calderonista y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto presentaron 10 mil 751 quejas.
Asimismo, entre septiembre de 2007 a agosto de 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de la Secretaría de la Marina (Semar) y para el periodo de septiembre de 2015 a agosto de 2016, pasaron a ser 22 mil 473.
“En más de una década lo que se ha creado es el escenario para una presencia prolongada de los militares y la necesidad de permitirles ejecutar la violencia sin marcos reguladores. La ley de seguridad interior hace precisamente lo anterior. Entonces, ¿Qué puede pasar durante un proceso electoral, con un ejército que tendrá la capacidad de ejecutar allanamientos sin orden de juez competente?”, cuestionó Martínez-Amador.
