El uso electoral de la violencia quedó inaugurado con las acusaciones entre el candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, del Partido Revolucionario Institucional, y Ricardo Anaya Cortés, del llamado Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, PRD y MC.
No obstante, analistas consideraron que las acusaciones carecen de autocrítica de ambos partidos que han gobernado durante los últimos 12 años. Las cifras oficiales detallan el fracaso de la estrategia de seguridad.
Colima, Baja California Sur y Baja California son las tres entidades con mayor número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. La primera administrada por el PRI, la segunda por el PAN, y la tercera por la alianza de éste último con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
ADEMÁS
Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo). – Analistas políticos consideraron que la violencia será central en las campañas rumbo a las elecciones del 2018, pero los partidos de los contendientes entregaron malos resultados en la materia cuando gobernaron.
Ante los inicios de la carrera presidencial, los partidos políticos han señalado a sus adversarios por la violencia que acontece en los estados que gobiernan.
“Resulta vergonzoso que un precandidato del PRI esté planteando que en sus estados tienen un nivel de inseguridad menor a otros. Es cinismo o bien desconocimiento de la realidad. Uno de los peores es el Estado de México, que ha sido gobernado todo el tiempo por el PRI. Y que de ahí salió el Presidente actual, Peña Nieto”, dijo el profesor Tomás Guevara Martínez, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El 27 de diciembre el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), José Antonio Meade Kuribreña expuso: “de cinco de los estado en que se registran mayores incrementos en los índices de violencia y en los que ha aumentado la presencia del crimen organizado, cuatro son y han sido gobernados por quienes integran la Coalición [del Frente Ciudadano]”, dijo el candidato tricolor.
El ex Secretario de Hacienda no dijo más datos sobre cómo había realizado esta medición. Si se comparan los primeros cuatro años de la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa con los de Enrique Peña Nieto resalta que los estados con mayor aumento de homicidios fueron Zacatecas, Tlaxcala y Colima, con gobiernos del PRI; así como Baja California Sur y Guanajuato, del Partido Acción Nacional (PAN).
Hasta noviembre Colima, gobernada por el priista José Ignacio Peralta, reportó una tasa de 83 asesinatos por cada 100 mil habitantes; esto la convierte en la más alta del país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
También el cúmulo de carpetas por homicidio doloso del país es encabezado por el partido tricolor. Guerrero sumó 9 mil 944 y el Estado de México, con 35 menos, 9 mil 909 en los primeros 11 meses del presente año.
La propia campaña de Meade queda cuestionada por las cifras oficiales. “Acá en Tlaxcala hemos dado pasos firmes, poco a poco hemos recuperado la seguridad”, dijo este viernes.
En los primeros 11 meses del año, Tlaxcala acumula 107 carpetas por asesinato intencional, en tanto que en el mismo periodo del año pasado fueron 72.
“Yo le digo al PRI y le digo a su candidato que por una vez en su vida tengan vergüenza y que por una vez en su vida asuman su responsabilidad: el país tiene un problema de violencia y el gobierno federal tiene que asumir su responsabilidad”, reviró Ricardo Anaya Cortés, precandidato del Frente Ciudadano Por México durante un mitin el 28 de diciembre en Tlalnepantla.
Tanto el PAN, como el PRI, son responsables de haber continuado una estrategia fallida para acabar con la inseguridad, indicó Edgar Cortez Moralez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
El 12 de diciembre del 2006, el ex Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa inició la guerra contra el narcotráfico al enviar las tropas del Ejército a Michoacán para combatir al crimen organizado. Y los resultados fueron negativos.
“El PAN fue quien abrió la guerra contra las drogas, la reformas energéticas, la misma iniciativa Mérida, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el TLC con Salinas. No hay una diferencia, están bajo un patrón, en el caso del PAN, con Felipe Calderón, y en el caso del PRI con Peña Nieto, vienen siendo lo mismo; la idea es entregar la soberanía”, opinó el General Francisco Gallardo Rodríguez.
Con los votos a favor de la bancada del PRI, y las abstenciones del PAN, la ley de Seguridad Interior que otorga al Ejército la facultad de realizar labores de seguridad pública cuando el Ejecutivo lo decrete fue aprobada el 15 de diciembre en el Congreso de la Unión.
Tanto organizaciones nacionales, como internacionales, solicitaron al Presidente Peña Nieto rechazar la ley, mas el titular del Ejecutivo terminó por hacer un llamado a los legisladores en el que urgía a su aprobación.
El 21 de diciembre fue promulgada la Ley, en medio de un contexto electoral: “Ahora [en el PRI] podrán tener un discurso a favor, diciendo de que ellos sí están preocupados, y que ahí está la ley. Y luego creo que van a dirigir una parte del discurso electoral a ese sector que sigue creyendo en las Fuerzas
Armadas son la única opción de brindarles seguridad a la ciudadanía. Va haber un sesgo electoral”, dijo Cortés.
La militarización no se ha traducido en una reducción de la violencia. En cinco años de Gobierno, el Presidente Enrique Peña acumula 95 mil 880 carpetas por homicidio doloso, mientras que en el mismo periodo Calderón, 82 mil 344.
“Prácticamente todos los partidos han estado realizando la misma estrategia. Recurrir a las Fuerzas Armadas, postergar la profesionalización policial, y en muchos casos sin haber invertido en la consolidación del sistema de justicia penal”, dijo Cortez Moralez.
Los primeros once meses de este año han roto los records de homicidios doloso en los últimos 20 años. A noviembre sumaron 23 mil 101 carpetas por asesinatos intencionales, una similar que sólo encuentra antecedente cercano en las 21 mil 117 carpetas en los primeros 11 meses del 2011.
La situación no orilló a los políticos a ir más allá sobre echarse la culpa los unos a los otros, dijo Guevara: “No se puede hablar de estados, porque eso sería politizar la violencia y la inseguridad. Lo que sí debería de estar son las causas y razones por las que hay tanta violencia. Finalmente, ellos pretenden ser Presidentes”.
