Gumaro Pérez Aguilando, periodista de La Voz de Sur, fue asesinado la mañana del 19 de diciembre 2017, mientras se encontraba en el festival navideño de su hijo en la escuela primaria “Aguirre Cinta”, en Acayucan Veracruz.

Es el cuarto periodista asesinado durante 2017 en Veracruz. Miguel Ángel Yunes parece seguir los pasos de Javier Duarte.

El asesinato fue frente a niños y papás mientras celebraban las fiestas. El homicida entró al salón detonó cuatro disparos contra Gumaro, quien murió en el acto, mientras que el asesino salía caminando del recinto escolar, seguramente para no ser detenido jamás.

Al día siguiente ningún periódico de circulación nacional llevó la nota como principal. Pocos la señalaban como nota secundaria. Pero el interés por el homicidio de periodista número 11 en 2017 no cumplía los criterios para ser la nota principal. Como tampoco lo han hecho los 40 homicidios de comunicadores durante la administración de Enrique Peña. Tampoco fue prioridad durante el gobierno de Felipe Calderón en donde asesinaron a 48 periodistas. No, al parecer los medios no les gusta cubrir el hecho de que los están matando de manera sistemática.

El mismo día que asesinan a Gumaro Pérez, Reporteros Sin Fronteras confirma lo que ya sabíamos. México es el país más peligros para la prensa solo detrás de Siria (país en guerra, pequeña diferencia). Tal vez sea momento de reconocer que en México vivimos un conflicto armado interno de baja intensidad.

Del 2000 a la fecha han matado a 113 periodistas en México. Debido a la crisis de libertad de expresión se han intentado ejecutar programas y políticas públicas claramente fallidas. Por ello, algunos apuntes que debemos de revisar:

1. Se tiene que desaparecer urgentemente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). La Fiscalía nació el 5 de julio 2010 y lleva 7 años de fracasos y ha acumulado un vergonzoso récord de 99.8% de impunidad. La certeza de que la FEADLE ponga tras las rejas a un perpetrador de la prensa es de 0.15% aproximadamente. Desaparecer a la FEADLE es el primer paso para repensar la procuración de justicia en relación con los homicidios de periodistas. Lo que tenemos ahora solamente solapa la impunidad. No sirve. En repetidas ocasiones –inclusive el presidente- se ha dicho que se reforzaría, pero lo cierto es que no se ha hecho y requiere de un profundo replanteamiento político y jurídico. Si continuamos con algo que no sirve “por tener” algo, estamos aceptando mantener la impunidad como columna vertebral del proceso de desinformación en nuestro país. Porque al final, como sabemos, la impunidad es el mejor aliciente para las futuras agresiones contra la prensa.

2. En 2008 un grupo de organizaciones internacionales y nacionales de libertad de expresión sugirieron importar el modelo colombiano de “mecanismo de protección a periodistas”. Hoy México tiene el mecanismo de protección a periodistas más grande del mundo. Sin embargo, su ineficacia frente a la tipología de la violencia en México es evidente. Replantear la protección resulta fundamental, sobre todo en lo que respecta a la protección estatal y el tipo de medidas que se puede dar a los periodistas de zonas remotas y peligrosas. Lo cierto es que la lentitud y el catálogo de medidas de protección son ineficaces y con ello provocan la falsa ilusión de que el mecanismo tiene la capacidad de proteger periodistas. No, el mecanismo no tiene esa capacidad real. Será mejor admitirlo y no seguir con un letal discurso que solo pone en mayor riesgo a la prensa.

3. Debemos repensar los mecanismos institucionales para combatir la impunidad y mejorar la protección. Los de hoy no funcionan. Sin embargo, debe de quedar claro que la violencia contra la prensa no cejará mientras la prensa misma sea omisa de su responsabilidad en la ecuación. Los medios de comunicación pecan de la misma verborrea que los políticos: su preocupación es meramente declarativa y no real. Los números de homicidios de miembros de la prensa y la falta de reacción real y efectiva así lo evidencia. Los medios han creído que su involucramiento es opcional, y no, no lo es. El desdén de los directivos y dueños hacia tratar el tema que sufre la prensa como uno prioritario lleva décadas. La lacerante ausencia de solidaridad y coordinación para tomar acciones como gremio es un elemento fundamental que nos tiene sumergido en este espiral de violencia. El abandono a su suerte de las víctima, familiares y medios es un silencio cómplice. Pensar que una agresión es un tema individual o de cierto medio de comunicación es no querer reconocer que la violencia es sistemática y generalizada contra la prensa. Hace unos días, ante los Relatores de Libertad de Expresión de la OEA y ONU, 39 medios anunciaron que conformarán un grupo de trabajo para tratar el tema de la violencia. Hasta ahora solamente quedó en un desplegado. En resumen, la presión al gobierno y el mensaje a los perpetradores de la prensa (como bloque) es fundamental. Sus acciones decididas para asegurarse que los casos no caen en el olvido y, más importante aún, que se aseguren que la información por la que muchos de los colegas han sido asesinados salga a la luz es una tarea fundamental. Es tiempo que los medios reconozcan su papel y lo ejerzan.

Un sistema político donde se asesine a la prensa en completa impunidad – como es el caso de México- no es una democracia. Aceptemos eso de lo contrario no dimensionamos el problema real que tenemos. Los ataques a la prensa, aunque son parte de la violencia del país, tienen un efecto negativo en nuestra sociedad. Salvaguardar el derecho a la información es el primer paso fundamental si queremos construir una democracia real. No se mata la información matando periodistas. Sin embargo, asumamos que nuestra libertad de prensa está moribunda.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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