Para nuestros legisladores se ha convertido en costumbre dejar instituciones acéfalas, al menos entre las que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Sin auditor superior, fiscal anticorrupción y magistrados anticorrupción, tenemos un SNA incompleto por falta de acuerdos políticos alrededor de las designaciones.

Desde hace varios años, desde el observatorio de Designaciones Públicas, hemos señalado los riesgos de captura de las instituciones a través de la designación de sus titulares. Sobre todo, es notorio para el caso de los organismos públicos autónomos -como lo son las comisiones de derechos humanos, los órganos garantes de la transparencia o los institutos electorales- o para el caso de instituciones con algún grado de autonomía como lo son las auditorías.

La tentación de capturar estas instituciones se basa en el rol que juegan como contrapesos del poder; sus funciones les permiten auditar, monitorear, emitir recomendaciones o resoluciones vinculantes, y en algunos casos iniciar procesos penales o sancionar de manera directa. Si estas instituciones funcionaran de manera adecuada, aquellos que abusan del poder o se benefician del erario tendrían menos espacio de acción.

A lo largo de los últimos meses hemos visto cómo los procesos para designar a todas las figuras del SNA y los sistemas locales han sido, en los mejores casos, motivo de pugna política; en los peores, ahí donde la oposición no existe, meros trámites para designar a los amigos cercanos que cubran las espaldas.

Para el caso federal, la lógica partidista de la Cámara de Diputados cobró su última víctima este diciembre al no designar al siguiente auditor superior y con ello, volver a convertir una decisión técnica en una pugna partidista para ver cuál partido impone a su candidato.

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación era la encargada de presentar una terna para que entre ella fuera votado el siguiente auditor por las dos terceras partes del pleno. La conformación de la terna era un momento crucial en el proceso, donde las y los diputados debían hacer una valoración de idoneidad sobre las y los aspirantes al cargo y con base en ello construir una terna con perfiles sólidos.

A petición de diversas organizaciones de la sociedad civil, el proceso que había comenzado fast track y sin intenciones de desarrollarse bajo la lupa ciudadana, se abrió un poco y permitió que algunas de las preguntas realizadas a los aspirantes fueran hechas desde sociedad civil.

Si bien muchos de los perfiles tienen las credenciales técnicas para desempeñar el papel, la realidad es que varios de ellos tienen una preocupante cercanía con algún partido político, lo que hace cuestionar su independencia, sobre todo a la hora de auditar aquellos programas sociales con comportamiento extraño en contextos electorales, o de revisar las cuentas que nos deja uno de los gobiernos con más acusaciones de corrupción.

Era necesario un proceso a la altura de una de las instituciones que aún conserva algo de legitimidad, pero los integrantes de la Comisión de Vigilancia optaron por un proceso limitado para la conformación de la terna, donde cada grupo parlamentario presentó a sus tres candidatos y de ahí construyeron un “consenso”.

Sin explicaciones sobre su selección y con poca claridad del proceso, la lista de cada grupo parlamentario se redujo a 10 integrantes y un par de horas después se anunciaba la terna. En ningún momento se dieron elementos para conocer por qué podrían ser los mejores candidatos y se presume que no hubo debate, dado el tiempo que transcurrió entre el anuncio de los 10 candidatos y la terna. ¿Cuál fue la lógica detrás de la selección de cada uno de ellos? Sólo algunos diputados y diputadas lo sabrán porque de ello no dan cuenta.

Cuando la Comisión presenta la terna, la anuncian como si fuera una decisión unánime, cosa que contrasta con la falta de consenso para votar a uno de ellos en el pleno y que provocó que no hubiera designación en este periodo de sesiones. La falta de acuerdos se puede deber a muchas razones, no es el objetivo jugarla de adivina, lo que sí podemos decir es que desde la perspectiva de la sociedad civil los tres perfiles son hombres del sistema.

Sí, el proceso se abrió un poco gracias a las exigencias de la sociedad civil, aun así, la decisión se tomó desde la lógica de poder y sin rendir cuentas. Con ello, el problema se le trasladó a un pleno donde los líderes de bancada no lograron el consenso y una vez más, una designación se convierte en moneda de cambio entre partidos.

Y, en vez de enviar la terna a votación en el pleno para que, si ésta no lograra los consensos fuera desechada, o rehacer un proceso donde sí puedan justificar que los tres candidatos que presentan son los mejores, prefirieron patear el bote y dejar que este proceso se acumule en la pila de instituciones acéfalas para una futura repartición de cuotas.

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