La reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior fue una muestra fehaciente de que la clase política mexicana no escucha y pisotea la voluntad de quienes dice representar. Cuanta arrogancia y falta de sensibilidad de diputados y senadores que se impusieron sobre el rechazo de miles de personas y organismos nacionales e internacionales a una ley que militariza las calles. En un Estado verdaderamente democrático, esto sería inconcebible

Para los legisladores todas las voces en contra de esta ley estaban equivocadas. Académicos, intelectuales, expertos de la ONU, organismos internacionales, ciudadanos, todos ellos y sus argumentos sólidos fueron insuficientes para detener una ley que vulnera los derechos humanos.

¿A dónde hemos llegado? Un Estado fallido, una dictadura, una aceptación tácita de que el Estado no puede salvaguardar la seguridad de sus habitantes, una simulación de democracia en la que se las leyes se recrudecen para hacer legal la represión en contra de expresiones pacíficas que se opongan al discurso oficial bajo el argumento falaz de poner fin a la inseguridad.

Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar. La propuesta de un modelo de seguridad distinto, donde se fortalezcan los cuerpos policiacos y el sistema de justicia como lo proponen las organizaciones fue ignorado.

En cambio se prefirió avanzar en una la Ley de Seguridad Interior que nos coloca frente a la perpetuación del modelo de seguridad militarizado que ha fracasado en la última década y da un preocupante cheque en blanco para la intervención de las Fuerzas Armadas en labores ajenas a su mandato constitucional.

Desde Greenpeace nos hemos sumando al llamado de una #SeguridadSinGuerra y lamentamos profundamente que la ley haya pasado aún con las mínimas modificaciones que se le hicieron a la iniciativa consensuada inicialmente en la Cámara de Diputados.

Greenpeace es una organización pacífica que se manifiesta para señalar a los responsables de los daños ambientales, ya sean empresas o gobiernos, esta ley coarta esta libertad con la que hemos logrado grandes cambios en favor de la protección ambiental de este país que nos beneficia a todos y todas.

Adicional a ello, trabajamos por la justicia social, históricamente hemos estado en contra de la violencia y a favor de los derechos humanos que sin duda están siendo vulnerados con esta ley. Nos sumamos a la petición para que Peña Nieto de una muestra de mínima decencia y voluntad política para vetar una ley que a todas luces va en contra de derechos básicos como la libertad.

*Edith Martínez es coordinadora de comunicación de Greenpeace México

Edith Martínez

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Edith Martínez es coordinadora de Comunicación en Greenpeace México.

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