La Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Arely Gómez, ex procuradora general que solamente administró la impunidad, anunció que Oderbrecht sería sancionado por 4 años y no se podrá celebrar contratos con ellos cuando se esté hablando de recursos federales. Si son estatales el gigante brasileño corrupto podrá seguir haciendo negocios. Y, por si eso no fuera suficiente simulación, los contratos vigentes que se tienen con Oderbrecht seguirán estando vigentes.

Es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto, vuelve a dar una muestra clara de su afición por la impunidad y protección de la corrupción. Por lo menos en eso ha sido consistente a lo largo de su administración.

La señal que manda el gobierno de Peña es clara: bienvenidas todas las empresas a México, en donde pueden cometer delitos en contubernio con funcionarios públicos y nada les pasará. Ganarán mucho dinero y después una leve sanción administrativa los detendrá por un breve lapso de tiempo para después continuar con los multimillonarios negocios. Es una vergüenza.

Al día siguiente Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicó que “Olivio Rodrigues Júnior, experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales, fue el responsable de transferir 3.1 millones de dólares entre abril y junio de 2012 a una cuenta ligada a Emilio Lozoya, coordinador de vinculación internacional del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

El mismo personaje transfirió otros 951 mil dólares a una segunda empresa -también ligada a Lozoya- en tres depósitos realizados en noviembre de 2012, días antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de México.”

Se apilan las evidencias de que los sobornos millonarios de Oderbrecht llegaron a la campaña de Peña vía Emilio Lozoya. Los trabajos periodísticos son contundentes. La procuración de justicia evidentemente ausente. Sin un fiscal de delitos electorales la impunidad de Lozoya y Peña está asegurada. Si la impunidad está asegurada nada los detiene para que en el próximo proceso electoral 2018 hagan lo mismo. La impunidad siempre es el aliento más claro para cometer nuevos delitos.

Cuando el presidente Peña y miembros de su gabinete hablan de “fortalecer las instituciones”, claramente estamos ante retórica vacía. La ausencia de pruebas que sostenga las afirmaciones contrasta con la abultad demostración de lo contrario. El carácter y compromiso democrático de la clase gobernante se evidencia por su afán por debilitar las instituciones y hacer de la impunidad nuestra realidad más lacerante.

Si partimos que la democracia se sostiene en el Estado de Derecho y éste a su vez en el acceso universal a la justicia, nuestra realidad dista mucho de ser una democracia real.

Para la gran mayoría de los mexicanos la justicia es irreal e inexistente. Mientras sigamos otorgando ese elemento fundamental a vaivén político del Poder Ejecutivo nuestra realidad seguirá siendo marcada por la impunidad.

Se apilan casos de corrupción con su inseparable impunidad, pero al parecer nada se mueve para evitar eso. Lo que debería estar en la agenda central, lo verdaderamente importante es: la construcción de la nueva institución y el plan de transición de la Procuraduría a la Fiscalía.

Se vuelve urgente la necesidad de revisar el modelo de procuración e impartición de justicia porque el todavía vigente es no solamente un modelo fallido (y ahí está la impunidad en el 98% para confirmarlo) sino uno que respondía a un patrón de gobernabilidad autoritaria en el que nunca importaron ni la definición de una política criminal ni la construcción de capacidades para implementarla. Hemos vivido con una Procuraduría (replicada en los estados de la República) congénitamente débil y al servicio de los intereses políticos y económicos.

Creo que a todos se nos ha agotado la paciencia ante la injusticia que vivimos todos los días, una injusticia amplificada por la inseguridad y violencia sistemáticas y generalizadas. A la democracia (así de incipiente como la hemos conocido) se le está terminando la legitimidad por la ausencia de un estado de derecho. Y, a todas las fuerzas políticas se les ha terminado los pretextos para seguir postergando la aprobación de las reformas para construir una nueva Fiscalía General de la República que garantice el nuevo modelo de procuración de justicia que México requiere. Pero, jamás olvidemos que la impunidad es el aceite del sistema del cual hacen usufructo los corruptos y vividores del sistema político. Cambiarlo implicaría que dejarán de tener esos beneficios.

Toda encuesta confirma que la sociedad ha puesto al frente de sus preocupaciones y demandas el fin de la inseguridad y de la violencia, de la corrupción y la impunidad y de la falta de acceso a la justicia. Y, como respuesta nos han entregado o el desdén y postergación de estas demandas o el desmantelamiento de las instituciones encargadas de procurarlas. En medio de la crisis, hoy no tenemos ni Procurador, ni Fiscal Anti-corrupción, ni Fiscal contra Delitos Electorales, ni magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Sólo un pacto político con visión de Estado puede sacar al país del marasmo de la injusticia e impunidad en el que está inmerso. No podemos argüir –como se ha dicho- que no hay condiciones políticas para dar este debate y llegar a acuerdos. Sin embargo, la ausencia de actores con visión de estado es evidente en nuestra arena política.

Las condiciones no se dan por generación espontánea, se crean. Y se han creado con éxito en el pasado. Podemos volver a hacerlo. La profunda crisis de gobernabilidad, seguridad e impunidad que vive el estado mexicano sin duda existe. Los actores políticos y ciudadanos deben trabajar a favor de un cambio de realidad, si no por convicción al menos sí por interés de estado. De no hacerlo, de posponer la urgente necesidad de crear un nuevo modelo de procuración de justicia civil, la legitimidad y credibilidad de la democracia y de todas las fuerzas políticas seguirán deteriorándose y el desenlace puede ser irreparable para las futuras generaciones.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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