La Iglesia católica de México se pronunció en contra de leyes que alienten a "la permanencia de políticas como la de la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policíacas y logren un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales en orden a establecer estructuras nacionales, estatales y municipales de seguridad eficaces y respetuosas de los derechos de todos”.
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Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Arzobispos y obispos del país que integran la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS) reclamaron este día por el incremento de violencia en México a partir de que se declarara la guerra al narcotráfico, y se pronunciaron en contra de las leyes que den a las Fuerzas Armadas funciones de la policía.
En el marco de la discusión en el Senado de la República de la Ley de Seguridad Interior, la Iglesia católica recordó la necesidad de políticas que reduzcan la inseguridad del país.
"Desde que el Gobierno mexicano decidió lanzar su guerra contra el narcotráfico, informaciones fidedignas señalan que se han contabilizado en el país 174 mil homicidios dolosos”, criticaron. Exigieron resultados de las investigaciones sobre las ejecuciones de políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
“Resulta también extremadamente grave tanto el crecimiento como la extensión geográfica de los feminicidios y de otras acciones violentas contra las mujeres”.
Anoche, los actores Diego Luna y Gael García estuvieron a las puertas del Senado para rechazar la Ley. “La militarización no es la solución. México quiere paz”, dijeron en una pancarta. La organización Artículo 19 emprendió una campaña en redes sociales para denunciar que la Ley de Seguridad Interior “es opaca, permite el espionaje, la intervención militar arbitraria y vulnera los Derechos Humanos”.
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El ex Canciller mexicano dijo, en un mensaje por redes sociales, que “el Senado debería tomar en cuenta la recomendación del Alto Comisionado de la #ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, de no aprobar el proyecto de #LeyDeSeguridadInterior”.
Ernesto López Portillo, académico y especialista en temas de seguridad, denunció: “Casi 30 años estudiando seguridad pública. He visitado países de 4 continentes. En ningún caso hay seguridad donde no hay control del uso de la fuerza pública. La #LeyDeSeguridadInterior esconde el uso de la fuerza clasificando información en seguridad nacional. Error histórico”.
El Senador panista Roberto Gil Zuarth argumentó hoy mismo que “si no queremos a las Fuerzas Armadas en las calles entonces debemos dejar en claro qué haremos. Hoy no hay condiciones para prescindir de ellas en la lucha contra el crimen organizado”.
La guerra contra las drogas, lanzada por el entonces Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, sacó al Ejército a las calles en diciembre de 2006 y ha provocado más de 200 mil muertos hasta hoy.
“Hoy se requieren acciones legislativas que, en un paquete con visión integral, marquen una ruta crítica para resolver las causas, pero también eviten la permanencia de políticas como la de la presencia de las Fuerzas Armadas en funciones policíacas y logren un consenso de todas las fuerzas políticas y sociales en orden a establecer estructuras nacionales, estatales y municipales de seguridad eficaces y respetuosas de los derechos de todos”, señalaron los obispos.
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"Avancemos ya hacia tener instituciones que, con capacitación, coordinación y equipo cualificados, provean nuestra seguridad interna, para así dejar al Ejército en su función de seguridad nacional", señalaron los religiosos.
El texto fue firmado por José Leopoldo González González, Obispo de Nogales y presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social-Cáritas; Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia y responsable por la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política; Domingo Díaz Martínez, Arzobispo de Tulancingo y responsable por la Dimensión de Pastoral de la Salud; Guillermo Ortiz Mondragón, Obispo de Cuautitlán y responsable por la Dimensión de Movilidad Humana.
También aparecen como firmantes Andrés Vargas Peña, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México y responsable por la Dimensión de Pastoral Penitenciaria; Jorge Alberto Cavazos Arizpe, Obispo de San Juan de los Lagos y responsable por la Dimensión de Pastoral Laboral, así como José de Jesús González Hernández, Obispo Prelado de El Nayar, responsable por la Dimensión de Pastoral Indígena.
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