Las inconsistencias en la reconstrucción de hechos, en el desahogo de pruebas y en las diligencias forenses lograron que el caso fuera tomado la Primera Sala de la Corte en marzo de 2015, sin embargo, el primer fallo y los criterios para atender las denuncias de feminicidio no han avanzado.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- A siete años de que Mariana Lima Buendía fuera asesinada presuntamente por su esposo, un ex agente judicial en Chimalhuacán, Estado de México, y a casi tres de la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso, no hay avances en el primer fallo sobre feminicidio.
Mariana Lima era una abogada de 29 años de edad. Esposa de Julio César Hernández Ballinas, quien, según las denuncias, la golpeaba, hasta que un día– en 2010– terminó por matarla, haciendo parecer que todo fue un suicidio.
La Fiscalía mexiquense que llevaba la indagatoria "perdió todas las evidencias", por lo que el presunto responsable del feminicidio de Mariana sigue libre.
Además, las inconsistencias en la reconstrucción de hechos, en el desahogo de pruebas y en las diligencias forenses lograron que el caso fuera tomado la Primera Sala de la Corte en marzo de 2015, sin embargo, el primer fallo y los criterios para atender las denuncias de feminicidio no han avanzado.
En un carta difundida por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Irinea Buendía Cortés, madre de la víctima, denunció que ella y su familia han recibido amenazas a lo largo de todos estos años en los que ha buscado justicia.
A continuación se presenta la carta íntegra de la mamá de Mariana Lima:
Querida Mariana:
Soy Irinea Buendía Cortés, tu madre. Desde que fuiste víctima de feminicidio por parte de Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial de Chimalhuacán, Estado de México, nuestra familia ha sido agredida porque no me he detenido en alzar la voz en la búsqueda de justicia.
Estas agresiones se han intensificado desde que cambiaron de penal a tu asesino. Ahora el feminicida sigue teniendo su red de apoyo, poder y control en la zona oriente, situación que nos afecta como familia, pero tal parece que están más protegidos los derechos del asesino que los nuestros.
Hemos tenido que desplazarnos de la casa por el riesgo que corremos. Nuestra familia ha sido agredida, hostigada y seguida en múltiples ocasiones. Somos objeto de agresiones físicas, difamación, amenazas de muerte y fabricación de delitos en nuestra contra.
Con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) iniciamos un largo recorrido porque la autoridad que inició la averiguación previa en tu caso, perdió todas las evidencias. Llevamos nuestra inconformidad al máximo tribunal del país lo que derivó en que justo el día en que cumplirías años, el 25 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió la Sentencia 554/2013.
Esa sentencia ordenó que tu caso -que había sido cerrado- calificando tu muerte como suicidio, se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.
La sentencia tiene tres efectos que son un referente en el país: 1.- Investigar con perspectiva de género y debida diligencia; 2.- Sancionar a las y los servidores públicos que incurren en irregularidades que obstruyan el acceso a la justicia; 3.- Reparar el daño realizado por las autoridades, e impulsar un cambio cultural a partir de la adopción de medidas progresivas específicas, para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia.
Es grave que las recomendaciones de la SCJN no se estén cumpliendo, porque -a pesar de la capacitación- siguen existiendo vicios y no se atienden los mínimos de estas recomendaciones. Observo que muchos casos de muertes violentas de mujeres, incluidas aquellas que parecen haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, no se investigan con perspectiva de género para poder determinar si fueron o no feminicidios.
Las autoridades, teniendo todos los protocolos a su disposición, nacionales e internacionales, no aplican ninguno, porque los desconocen, dejando nuestros casos en la total indefensión, abusan de nuestra ignorancia a sabiendas de que el Ministerio Público es nuestro defensor.
Los ministerios públicos, jueces, peritos, policías judiciales y municipales, no tienen o desconocen de qué se trata la perspectiva de género y la debida diligencia. La carpeta de investigación la inician diciendo que es un homicidio, incluso confundiendo mujeres con hombres. No conocen los pasos a seguir en cuanto a los protocolos, las carpetas de investigación son manoseadas, no para trabajar en ellas, sino sólo para enterarse de su contenido, existen omisiones, negligencias, falencias, etc. que obstruyen la justicia para que los casos queden en la impunidad.
Cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, las instituciones de procuración y administración de justicia deben realizar sus investigaciones con perspectiva de género y derechos humanos. Debe implementarse un método y protocolos para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por razones de género.
Las carpetas de investigación deben de trabajarse con ética, profesionalismo y no como una mera o simple formalidad condenada a ser infructuosa. La situación es grave por la saña y las formas en que las mujeres y niñas son asesinadas. Además, las autoridades no reconocen la gravedad de la problemática, de que están rebasados y siguen sin dar una solución a la mayoría los casos de feminicidio, cuando según el INEGI, en el Estado de México son asesinadas cuatro mujeres al día.
De la mano de las organizaciones no gubernamentales, seguimos pidiendo se impulsen acciones para abatir los feminicidios en el país y de manera urgente en el Estado de México, cuyos índices de violencia se acrecientan y prevalecen en la impunidad.
La investigación debe tener un sentido humanista y ser asumida por el Estado como un deber jurídico y no como una simple gestión de intereses particulares pues he visto que ahora, los avances dependen de la iniciativa de las víctimas. Nosotras, como familiares y víctimas, hacemos la aportación derivada de elementos que puedan ser probatorios sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.
En el marco del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, hago un llamado de auxilio para que tu feminicidio no quede impune y para que las autoridades salvaguarden mi vida e integridad física, así como la de toda nuestra familia.
Hoy, alzo mi voz por todos los feminicidios, no nada más por el tuyo, exhorto al Gobierno Federal, a la Secretaría de Gobernación, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista, y al Gobierno del Estado de México para que a la brevedad posible le den la atención debida a nuestro grito de auxilio. Las mujeres estamos en una situación muy grave y seguimos en constante riesgo, exigimos acceso a la justicia y justicia, porque el mensaje que les siguen mandando a los hombres misóginos, perversos, violentos, cobardes y asesinos, es que pueden asesinar a una mujer y no pasa nada.
