Fiscales a modo, simpatizantes de partidos políticos y con viejas historias de colaboracionismo y funcionarios públicos al servicio de poderosas corporaciones, han sido un factor determinante en la destrucción de la política pública en que se ha sumido México de manera dramática.

¿Cómo se puede hacer efectivo el estado de derecho si el poder judicial es parcial y se conforma para proteger la corrupción ejercida desde mandos del poder ejecutivo, cuando existe un pacto de intocabilidad de personajes y partidos políticos? ¿Cómo se pueden establecer políticas públicas de protección de la ciudadanía si la política, las regulaciones y la normatividad que regulan las relaciones laborales y de mercado las han venido diseñando los grandes poderes económicos en contubernio con los funcionarios públicos?

El conflicto de interés ha penetrado profundamente el qué hacer político mexicano, mezclándose con la corrupción en relaciones complejas, conformándose en un mismo problema: no hay conflicto de interés sin corrupción. El llamado “servidor público” que establece una normatividad en beneficio de una corporación o grupo de corporaciones, no sólo es protagonista del conflicto de interés, realiza un acto de corrupción que entre otras cosas le generará beneficios personales al ser retribuido a través de apoyos para su carrera política, para posicionarse, para destacar e ingresar en el club de los poderosos. Es ahí donde surgen las amistades y complicidades.

Como los preadolescentes atraídos por los últimos modelos de celular o la marca en la vestimenta, en la sociedad de los estratos, la práctica que domina entre la mayoría de los políticos y los empresarios está marcada por la obsesión en la diferenciación con los de abajo y la pertenencia a los de arriba, en el fin último de la pertenencia, estar en el club, compartir con los poderosos. Todos son mirreyes, unos se distinguen por ser más refinados, es decir, se refinan para distinguirse.

A estos servidores públicos cuando dejan sus cargos, se les retribuye dándoles acceso a las puertas giratorias, es decir, dejan su función pública y son muy bien contratados por las propias empresas. Los favores que pueden brindar desde el interior de la función pública pueden traer grandes dividendos a las empresas. Tener una regulación a modo puede impedir la pérdida de millones de dólares e, incluso, puede significar una mayor ganancia, y eso debe ser retribuido.

En los Estados Unidos se ha documentado cómo un porcentaje importante de legisladores han dejado su cargo para convertirse en cabilderos de la industria. Sirvieron muy bien en el Congreso a sus intereses y conocen el funcionamiento, las tramas y los sujetos, para influir desde fuera para beneficio de las corporaciones. Grandes agencias de cabilderos en México han sido fundadas por exfuncionarios y exlegisladores o los han empleado en importantes cargos.

La ideología imperante del neoliberalismo tiene como uno de sus objetivos centrales derogar gran parte de las regulaciones, el mercado debe ser el regulador, regular va contra la libertad. El poder creciente, a escala global, de las grandes corporaciones, incluyendo las entidades financieras, han sobrepasado el poder a los gobiernos y se han impuesto para determinar políticas y legislaciones a su gusto. En las instituciones educativas privadas mexicanas, fundadas por banqueros y grandes empresarios, esta es la ideología dominante. En ella se han formado gran parte de la clase política mexicana.

El neoliberalismo, con su máxima expresión en los Estados Unidos, está mostrando sus más crueles efectos: el deterioro de las condiciones de vida de las clases medias y más pobres y el deterioro de la democracia. Obama había tratado de recuperar el carácter social del capitalismo democrático (salud, educación, condiciones laborales).  Trump es al reacción contraria, el mercado lo es todo y las ganancias el fin: reducir los impuestos a los más ricos y a las corporaciones, destruir las regulaciones ambientales, afectar las prestaciones sociales, atacar el sistema público de salud. Y esto sólo se logra a través del conflicto de interés expresado por un gran grupo de legisladores republicanos y funcionarios al servicio de las corporaciones.

En nuestro país el presente ha quedado marcado por este conflicto de interés y el futuro es preocupante. Con las principales candidaturas a la presidencia ya definidas, más allá de nuestras fobias y filias, en un análisis frío, sin tomar en consideración nuestros propios análisis sobre las carreras políticas y sobre cómo los candidatos están llegando a esta contienda, qué tanto sus posturas públicas coinciden con sus trayectorias, etcétera; dos son los candidatos que estarán señalando abiertamente el tema de la impunidad expresando una ruptura en su propuesta con el régimen actual y los anteriores. López Obrador se ha presentado durante ya dos elecciones como el candidato de la ruptura con la impunidad. El nombrado recientemente candidato del Frente, Anaya, ha hecho un discurso contra la impunidad, presentando una crítica a los expresidentes de su propio partido, Fox y Calderón, por haberla mantenido.

Sin embargo, un tema es la impunidad y otro el conflicto de interés. Al respecto, López Obrador ha incluido en su Proyecto de Nación un capítulo específico sobre conflicto de interés. Por su parte, Anaya, no ha abordado aún este tema y el candidato del PRI, Meade, no se ha definido respecto a la impunidad, ni respecto al conflicto de interés. Queda tiempo para tener definiciones claras sobre el conflicto de interés en los compromisos que vayan tomando los candidatos y veremos, en sus propias campañas, abiertamente o entrelíneas, que tan limpios sortean ese proceso sembrado de anzuelos por parte de quienes buscan, con recursos multimillonarios, comprometerlos en sus beneficios.

Al final de cuentas, es saber a quién van a servir y cómo controlarían el conflicto de interés en sus gobiernos, si es que realmente lo harían.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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