Esta semana, las comisiones en el Senado podrían definir el futuro de nuestro país. Optar por legalizar la militarización en México significa renunciar a cualquier aspiración democrática ¿por qué? porque estamos aceptando -aunque parezca paradójico- que para sentirnos seguros necesitamos mantener la guerra. Justificamos las violaciones a derechos humanos y la vulneración a los principios democráticos por la regulación de la actividad militar en labores de seguridad interior para un “bien mayor” que no está garantizado.

Las y los senadores, como buenos soldados acatan las ordenes y esperan -ilusamente- que su obediencia les rinda frutos. Sin embargo, las experiencias en el mundo, han mostrado que la militarización, lejos de garantizar el ejercicio de libertades, las van reduciendo poco a poco. No es cierto, que los militares en las calles van a lograr que podamos transitar por las carreteras del norte del país sin que nada nos pase, tampoco es cierto que sus estrategias van a reducir el número de robos, asesinatos, secuestros y desapariciones. Aclarando, sin un marco legal que se los permita, han estado en las calles en los últimos 10 años y no estamos más seguros, al revés.

Organizaciones, expertos y académicos han dicho en diversas ocasiones que erradicar el estado tan profundo de inseguridad en el que nos encontramos implica combatir la impunidad y la corrupción ¿qué van a hacer los militares para lograrlo? Pueden salir y atacar a los “bad hombres” pero si no hay condiciones que den pauta al enjuiciamiento y a la verdad, entonces no hay nada que evite que sigan surgiendo, su estrategia -comprobado está- no impide que la violencia se repita.

El dictamen de ley presenta grandes desafíos en materia de libertad de expresión e información -además de aquellos que los expertos en seguridad han señalado- que fueron observados de manera clara y contundente por los relatores especiales para la libertad de expresión en su reciente visita:

“La iniciativa de ley sobre seguridad interior tiene disposiciones que van en contra con las normas de derechos humanos, en particular en relación con el acceso a la información, la supervisión suficiente para la recolección de inteligencia y el uso de la fuerza durante manifestaciones. Otorgar poder a las Fuerzas Armadas para reunir información de inteligencia nacional plantea graves preocupaciones sobre las limitaciones en la supervisión civil y judicial según lo requieren las normativas internacionales. Además, la legislación permite la clasificación automática de la información recolectada por las Fuerzas Armadas con base en criterios de seguridad nacional. Esto representa una anulación clara frente al progreso que se logró en los últimos quince años en términos del marco legal mexicano sobre transparencia y acceso a la información. También estaría en contraposición con las facultades que ejerce el Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para determinar qué información se debería proteger con fines de seguridad nacional. También prevendría la divulgación de información en relación con violaciones graves de derechos humanos, en clara oposición con las normas sobre el derecho de las víctimas a la verdad y al acceso a la información. El proyecto de ley también contiene redacción ambigua sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el contexto de protestas sociales y el uso de la fuerza en contra de “actos de resistencia”. Estas disposiciones abren la puerta para que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo funciones de mantenimiento del orden, con un conjunto de reglas diferente que regulan el uso de la fuerza, en contextos de protesta social”.

Así como los relatores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, integrantes del Parlamento Europeo, entre otros actores nacionales e internacionales han advertido sobre los riesgos de una aprobación. Veremos si las y los senadores se sujetan a la obediencia jerárquica o asumen su mandato constitucional.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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