Un grupo de vecinos del municipio de Cuauhtémoc, Colima, interpuso una denuncia penal en la Fiscalía estatal en contra de la ex Alcalde Indira Vizcaíno por un presunto fraude de 93 millones de pesos en la entrega de un terreno subvaluado a la empresa Invercol S.A..
Altozano el Nuevo Colima es un complejo de lujo con campo del golf, club deportivo y áreas residenciales, que se promociona con la leyenda “Un Desarrollo sin Precedentes en Colima” y está construido sobre programa de urbanización que aprobó en el 2009 un total de 694 mil 467 metros cuadrados y que ordena entregar al Ayuntamiento 69 mil 519 metros para espacios verdes.
Sin embargo, los denunciantes plantean que Invercol logró mantener su terreno sin divisiones ni entregas al Ayuntamiento, gracias a un convenio de “cesión” aprobado por la propia Alcaldía en el 2013, en el que se acepta canjear las casi siete hectáreas por la misma cantidad de metros cuadrados que suman tres parcelas de la empresa.
Los vecinos denunciaron corrupción. El preció de los 69 mil metros cuadrados, hoy dentro del fraccionamiento de lujo, fue valuado en 154 pesos por metro cuadrado, cuando su precio real era de mil 500 pesos, denunciaron los vecinos.
Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– Un grupo de vecinos del municipio de Cuauhtémoc, Colima, denunciaron el daño patrimonial que sufrió el municipio en el 2013, cuando el Cabildo aprobó la cesión de 69 mil metros cuadrados a la empresa Invercol, que desarrolló un complejo inmobiliario de lujo en el fraccionamiento Altozano.
El 13 de noviembre del 2009, el Cabildo de Cuauhtémoc aprobó el programa de urbanización (PPU) de Altozano en el que determinó que 69 mil 443 metros cuadrados serían un área de cesión, en la que la empresa se podría quedar con los terrenos a cambio de una compensación por otros.
Según la Ley de Asentamientos Humanos está inmobiliaria tenía la obligación por ley de donar las casi 7 hectáreas.
Mas, el 10 de diciembre del 2012 el valor de esta área representó una subvaluación de 93 millones de pesos, de acuerdo con la denuncia penal hecha por vecinos en noviembre que tiene por representante a Rafael Romero Verduzco.
“Lo que dice la Ley es que no se pueden permutar por terrenos diferentes, sino que deben ser similares a los que va a donar y que ya están urbanizados. Los del complejo, lógico, no quisieron soltar las siete hectáreas, y dicen te donamos los terrenos en otro lado”, explicó el General Francisco Gallardo, quien acompaña con asesoría legal a los vecinos.
El valuador designado por el Ayuntamiento, José Luis Aguirre Ávalos, determinó que el valor comercial del terreno era de 10 millones 751 mil pesos, al estimar un precio de 154 pesos por metro cuadrado, pero la denuncia vecinal expuso que el valor real es de mil 500 pesos, lo que elevaría el precio del terreno a 104 millones de pesos.
“Ahorita está a cuatro mil y fracción”, detalló Gallardo.
Así, según la denuncia, el cabildo de la entonces Alcalde del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Indira Vizcaíno Silva no sólo aceptó el precio, sino que recibió a cambio terrenos con un valor inferior al área entregada cuando celebró el convenio de Cesión para Destinos con la empresa Invercol, el 12 de marzo del 2013.
Apenas cinco días antes el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima daba recomendaciones a Vizcaíno, entre ellas que el valor de los predios a sustituir deberá ser equiparable al valor comercial en el PPU.
Sin embargo, las tres parcelas en el ejido de Cuauhtémoc que compró la empresa para entregar al Cabido le costaron 7 millones 799 mil pesos.
Esto son 2 millones 952 mil pesos menos que el precio dado por el valuador a los terrenos dentro del fraccionamiento de lujo. Y 96 millones de pesos menos que el valor real estimado por los vecinos.
Más tarde, en un juicio de amparo del Cabildo dirigido por el panista Rafael Mendoza Godínez en torno al acceso a la información sobre este asunto, del 16 de febrero del 2016, la autoridad expuso: “No existió acta alguna en la que el perito haya sido propuesto y aprobado por la mayoría del Cabildo”.
Un hecho que también desobedeció las recomendaciones hechas por la Auditoría estatal el 7 de marzo del 2013, expuso la denuncia penal.
“Desde mi punto de vista hay una simulación de un cumplimiento a lo que dice la auditoría y a los procedimientos de ley que se deben de hacer. Aquí lo que vemos es lo siguiente, no hay datos de que haya ingresado ese dinero, si es que se permutó con dinero”, dijo Gallardo.
Ante las acusaciones la hoy coordinadora de organización en el estado para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha salido a negar cualquier acto de corrupción en diversas ocasiones.
“No se hizo nada mal, todo estuvo apegado a Derecho, no participamos en actos de corrupción y debe limpiarse esa imagen que se intentó crear alrededor de Indira Vizcaíno”, expuso la propia Alcalde en noviembre del 2016 cuando citó a una conferencia de prensa para hablar sobre el caso.
Lo problemas sobre el fraccionamiento irían más allá del convenio de sustitución aprobado por Vizcaíno, quien hoy es enlace auxiliar del partido Movimiento Regeneración Nacional en Colima.
De acuerdo con la gestión del Cabildo actual y su posición en el juicio de amparo, el PPU aprobado en el 2009 cuenta con inconsistencias desde el origen debido a falta de fundamento en la actuación de la autoridad. Sin embargo, las 7 hectáreas siguen dentro del complejo de lujo.
“Ahorita estamos esperando es que el Ministerio Público haga dos cosas. Un pliego acusatorio, o un pliego de no acusaciones penales”, explicó el General.
