No más poder al poder. Partamos de esa premisa. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es institucionalizar lo que no ha funcionado en más de una década. Cuando se sacó al ejército de sus cuarteles para hacer tareas de seguridad pública se tendría que haber hecho bajo un marco normativo que regulara su actuación. Pero no, el alma belicista del presidente Calderón aventó como política pública a los militares a la calle sin ninguna preparación ni contrapesos de su actuación.

En democracia, la seguridad pública debe de estar en manos de civiles y no de militares. Tener malas policías es una cosa, sin embargo no implica que la salida sea militarizar la seguridad pública. La memoria aún está fresca de cuando los militares hacían tareas de seguridad pública en dictaduras militares. En otras palabras, como tenemos malas, ineficientes y corruptas corporaciones policiacas, lo que algunos políticos belicistas quieren es instalar al ejército y darle el golpe de gracia a la reforma policial que tanta falta hace en este país. Lo que era una situación excepcional se ha convertido en una peligrosa norma.

La discusión sobre si es necesaria la presencia militar en las calles debe de tener muchos matices, el principal, controles democráticos. Lo que olvida –convenientemente- el PRI y sus seguidores es que el punto central que se debería discutir en un parlamento abierto es si continuará el control civil sobre el militar o bien, se invierte y acabará siendo el militar sobre el civil en lo que respecta a la seguridad.

Los intentos de militarizar la seguridad pública no son nuevos, se llevan a cabo desde hace unas décadas con bastante éxito.

Hay amplia evidencia sobre las violaciones a derechos humanos que de manera sistemática han perpetrado las fuerzas castrenses a civiles. La CNDH confirma 196 incidentes en los que hubo participación militar al momento de tortura (ejecutada por los militares). Según el órgano autónomo, los militares torturan con asfixia de las víctimas con una bolsa de plástico, agua u otros objetos. En 1 de cada 4 casos de tortura se aplican descargas eléctricas. En uno de cada 3 casos la tortura se llevó a cabo en instalaciones militares, según la CNDH.

La Ley de Seguridad Interior, aprobada por la Cámara de Diputados, tiene la intención clara de militarizar la seguridad pública del país. Poco después de su aprobación organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, aseguraron que su aprobación era preocupante e implicaba un retroceso a la democracia mexicana.

“La legislación propuesta en México que prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley es un proyecto muy preocupante”, declaró el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. El funcionario de la ONU comentó además “Zeid recordó que, durante la visita que realizó a México en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal. El proyecto de ley actual no menciona en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contiene una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía.”

De igual manera, Artículo 19 afirmó que “Las tareas de inteligencia contempladas en el artículo 30 representan un riesgo grave para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la privacidad en función de las facultades otorgadas a las autoridades para hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. La amplitud, la vaguedad y la falta de taxatividad de dicho artículo permitiría invasiones abusivas, excesivas y desproporcionadas a la privacidad de las personas, acciones que impactan directamente en la manera en la que los individuos buscan, reciben y difunden información. En especial cuando se trate de medidas de vigilancia orientadas a monitorear, interceptar y recabar información sobre la vida privada de las personas a través de herramientas tecnológicas.”

Si organismos internacionales y nacionales de derechos humanos se oponen de manera tan decidida a la Ley de Seguridad interior, tal como fue aprobada, levanta sospechas del momento político. ¿Por qué aprobar una Ley con estas características en este momento? ¿Dio algún ultimátum el ejército? ¿O ven tan frágil su capacidad de gobernar que quieren hacerse de más herramientas para atacar el disenso?

La necesidad de regular la actuación (temporal) del ejército siempre ha tenido consenso. De hecho, los que defienden tanto la Ley han sido omisos desde hace 10 años en dar certidumbre constitucional al marco regulatorio. Los vacíos con los que hemos vivido y padecido las Fuerzas Armadas, son producto de la irresponsabilidad de los políticos civiles para profesionalizar la seguridad pública. El desgaste de ejército y la marina son producto de la indolencia y del vacío de los políticos civiles. Pero ahora se enarbolan como los defensores del ejército mismo.

Además, son los mismo que no empujan la profesionalización de las policías y tienen la procuración de impunidad (perdón de justicia) en sus peores niveles. Entonces, repito ¿por qué ahora y de esa manera? ¿Qué no estamos viendo ante el escenario electoral del próximo año?

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es un paso en sentido contrario del fortalecimiento de nuestra democracia. Es una evidencia clara que al poder no le gusta gobernar en un sistema que requiere pesos y contrapesos. Le gusta gozar del poder a su antojo. Pero eso no es democracia. Lo militares en las calles haciéndola de policías tampoco lo es. ¿Quieren defender a las fuerzas armadas? Comiencen ya, de manera seria, la profesionalización de las policías del país y desistan de crear un sistema militarizado.

El poder no necesita más poder.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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