Los muertos por diabetes ya no caben en el Azteca, ya son más de 100 mil al año, el número crece año con año y se ha más que duplicado en los últimos 15 años. Y lo más preocupante es que el sector salud, los profesionales de la salud y los funcionarios que han trabajado en este sector, en su inmensa mayoría, no están preparados para enfrentar esta situación. Como lo han advertido la OMS, OCDE, CEPAL, FAO y diversos organismos nacionales e internacionales México enfrenta una situación catastrófica en salud que está llevando al colapso a su sistema de salud pública, pauperizando a cientos de miles de familias mexicanas por los costos de las enfermedades en sus bolsillos, una catástrofe en salud que amenaza la viabilidad financiera del país.

La pregunta es si los partidos, frentes, coaliciones, candidatos tienen clara esta situación. Adelanto la respuesta: parece que no.

Digo que no por dos razones: el poder de las corporaciones ha dominado la narrativa sobre este problema creando falsas percepciones (el sedentarismo es el problema, es un asunto individual) y por los paradigmas profesionales del siglo pasado. Los paradigmas en que fueron formados la mayoría de los profesionales y funcionarios del sector salud se enfocan en la atención no en la prevención, desde el más neoliberal hasta el sanitarismo socialista. El sistema está hecho para dar atención, toda su estructura y funcionamiento tiene ese enfoque. Sin embargo, todas las políticas recomendadas internacionalmente, y sobre las que existe consenso científico, para enfrentar estas epidemias de obesidad y diabetes, declaradas emergencias epidemiológicas en este país, se dirigen a la prevención, a modificar los condicionantes sociales que las provocan.

Estas políticas, recomendadas por los mismos organismos internacionales y nacionales que nos han advertido la situación catastrófica que enfrentamos, tienen una naturaleza muy especial para la que tampoco están preparados los funcionarios y profesionales de la salud tradicionales. Estas políticas son férreamente combatidas por las grandes corporaciones de alimentos y bebidas. Es decir, la política en salud pública para enfrentar estas epidemias de obesidad y diabetes requiere de liderazgos y funcionarios dispuestos a enfrentar estos intereses, limpiar de sus instituciones el conflicto de interés y la influencia de estas empresas, algo que desgraciadamente no ha ocurrido en esta administración, sacrificando la estrategia nacional frente a estas enfermedades. En el último año de la administración del Dr. Narro se podría ratificar esta situación, especialmente en materia de etiquetado frontal, publicidad dirigida a la infancia y regulación de alimentos y bebidas en escuelas, tres de las columnas vertebrales para modificar parte de lo que los expertos llaman el ambiente obesogénico.

Hay que tener en mente datos que hablan por sí solos: en solamente un año, entre 2016 y 2017, el número de las personas fallecidas por diabetes aumentó 7%. En el 2000 fueron alrededor de 45 mil las personas que murieron por esta enfermedad, para el 2016 fueron más de 105 mil y la tendencia va en aumento. Es así que se pronostica que uno de cada dos niños mexicanos nacidos a partir del año 2010 desarrollarán diabetes en su vida. La principal causa de la diabetes es el sobrepeso y la obesidad y, en especial, el cambio en la dieta. Además, las cifras de muertes por diabetes están subestimadas, cuando una persona muere por un ataque al corazón o por un derrame cerebral, en el acta de defunción es común que se registre a éstos como causa de los decesos, cuando el origen en muchos casos es la diabetes.

Estaremos viendo cómo se definen las plataformas para las próximas elecciones, a quienes se propondrán para estar al frente del sector salud y con quiénes conformarán sus equipos.

Tenemos muy buenos ejemplos de ministros de salud enfrentando estas situaciones, algunos con éxito, otros iniciando la lucha con muchos obstáculos. Ahí está el Dr. Gaviria, ministro de salud de Colombia enfrentando a las refresqueras al promover un impuesto a las bebidas azucaradas que fue bloqueado en el Congreso por lo que un legislador calificó como el mayor cabildeo que se había vivido en el poder legislativo colombiano contra una política por parte de la industria. Ahí está también la ministra de salud de Chile, Carmen Castillo, enfrentando las presiones de la industria en contra de la Ley de Alimentos que ha desarrollado un etiquetado de advertencia en los productos altos en azúcar, grasas y sodio, así como la prohibición de su publicidad dirigida a los niños en todos los medios. Este fue el caso de la ministra de salud de Ecuador, Carina Vance, que promovió el etiquetado frontal en alimentos y bebidas que advierte también la alta presencia de estos ingredientes usando los colores del semáforo.

En muchos de estos casos se ha venido presentando ya una baja en el consumo de los alimentos ultraprocesados con altos contenidos de azúcar, grasas y sodio y también, muy importante, la reformulación de muchos de estos productos. Los consumidores están teniendo acceso a etiquetados de advertencia, los niños están siendo protegidos de la publicidad multimillonaria que se dirige a ellos con los sistemas más sofisticados de persuasión y en sus escuelas estos productos ya no están ingresando, comienza a darse una alfabetización alimentaria como parte de la curricula escolar que no sólo incluye la información en los libros de texto, incorpora una práctica con alimentos saludables en los planteles escolares, visitas a huertos y cuando es posible, la recuperación de los propios huertos escolares.

La OPS ha aplaudido estas políticas en Ecuador, Chile, Brasil. A México sólo se reconoce el impuesto a las bebidas azucarada , recomendando que se incremente a la propuesta original y que los recursos se destinen a la prevención y subsidiar programas para volver más asequibles los alimentos saludables y el acceso a agua de calidad para beber, como se está efectivamente haciendo en otra naciones y a escala de ciudades. En México, a partir del impuesto se han instalado bebederos de agua con sistemas de purificación en alrededor de 11 mil escuelas y se podría hacer muchísimo más con los recursos ingresados por el IEPS a las bebidas azucaradas.

Las grandes corporaciones de alimentos y bebidas invierten recursos multimillonarios para desviar la atención de la responsabilidad de sus productos en estas epidemias y combatir las políticas de salud pública.

Así como se cuenta en Colombia que el lobby contra el impuesto a las bebidas azucaradas es el mayor que se ha experimentado en el poder legislativo de ese país, el Observatorio Europeo de las Corporaciones en su reporte “A red light for consumer information” informa que nunca antes se había vivido en el parlamento europeo un cabildeo de la magnitud que se vivió por la industria de alimentos y bebidas contra la propuesta del Reino Unido de establecer un etiquetado frontal en alimentos y bebidas que con los colores del semáforo advirtiera a los consumidores si un producto era bajo, medio o alto en azúcar, grasas o sodio. El Observatorio señala que la industria invirtió mil millones de euros en combatir el etiquetado del semáforo e introducir el suyo, llamado GDA. Este etiquetado, el GDA, desarrollado por la propia industria, es el que COFEPRIS instauro en México para supuestamente combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.  En el excelente documental “Saving Capitalism”, http://bit.ly/2AQtBqu , Robert Reich, exsecretario del Trabajo de los Estados Unidos, narra que al estar previamente laborando en la Comisión Federal de Comercio en los años setenta, esta Comisión propuso al Congreso prohibir la publicidad a niños de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar y cómo esta propuesta desató una reacción de cabildeo en contra por parte de las grandes corporaciones de alimentos y bebidas, que nunca antes había experimentado. La medida se propuso al evidenciarse que el aumento acelerado en el consumo de azúcar en la dieta de los estadounidenses había desatado una epidemia de caries dental entre los niños y adolescentes. El cabildeo no sólo detuvo esta política, fue más allá, la industria logró una presión tal que se retiraron recursos a la Comisión Federal de Comercio y el poder de elaborar este tipo de propuestas.

El Poder económico se convierte en poder político y este se usa para cambiar las reglas del juego a favor de la elite en un círculo vicioso que da más poder económico y político a las grandes corporaciones y deteriora más el salario de los trabajadores.

Las economías han crecido y, paradójicamente, los salarios han perdido capacidad adquisitiva, como bien lo explica Robert Reich. “El dinero ha ido a la cúpula, las ganancias de las grandes corporaciones han alcanzado los porcentajes más altos del total de la economía, mientras el porcentaje de la economía destinado a los salarios se ha reducido dramáticamente. El dinero fluye hacia arriba desde los bolsillos de los ciudadanos hasta las arcas de las grandes corporaciones. Se instituye un círculo vicioso cuando la riqueza se acumula en la cúpula, ahí se acumula el poder político, al monopolizarse el poder político la elite tiene mayor capacidad para cambiar las reglas del juego en su propio beneficio”. A través de este poder político las grandes corporaciones han reformado los sistemas fiscales para su propio beneficio, estableciendo muy diversos mecanismos para reducir y poder evadir el pago de impuestos, bajar salarios y prestaciones laborales, presionar a los gobiernos para que dejen de destinar recursos a los programas sociales y bloquear todo tipo de políticas que puedan afectar sus intereses. Las estrategias están bien documentadas, las puertas giratorias para incorporar a los aliados de las corporaciones en puestos de decisión, la compra de instituciones, organismos y asociaciones a través de convenios y financiamientos, la compra de técnicos y científicos a modo, dinero a las campañas políticas, muy fuerte influencia en los medios de comunicación para atacar a sus detractores y, especialmente, para generar sus propias narrativas: “no somos causa del problema”, “las políticas para regular nuestros productos son contraproducentes”, “no tienen beneficios sociales”, “afectan a los pobres”, “provocan pérdida de empleos”.

La multimillonario publicidad de alimentos y bebidas no saludables, su omnipresencia en todos nuestros espacios de vida, sus etiquetados ininteligibles y engañosos, son condiciones de estas emergencias epidemiológicas.

Una de las expresiones más crudas de esta dinámica se da en el poder de la industria de alimentos y bebidas, que con un poder mucho mayor al de la industria del tabaco y el alcohol, ha generado una alteración en la dieta global de la población humana, modificando su entorno alimentario, diseñando productos y estrategias de comercialización y publicidad para deteriorar los hábitos desde temprana edad, beneficiándose de mecanismos fiscales, para aumentar su poder económico y político. Los efectos de este proceso están llevando a una modificación de la propia composición física de la población humana, llevando en muchas naciones a que la mayor parte de la población presente sobrepeso y obesidad. Algunas naciones están enfrentando estos intereses otras únicamente simulan hacerlo. En México, con uno de los índices más altos en el mundo de sobrepeso, obesidad, diabetes, muertes por diabetes, amputaciones por diabetes, hospitalización por diabetes, ante las presiones internacionales y nacionales, el gobierno lanzó una estrategia contra estas epidemias que, en su mayor parte, es una gran simulación. Se simula el cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Se deja en manos de la propia industria la elaboración de estas políticas, de estas regulaciones para que les sean inocuas. Además de dejar a la industria el desarrollo de las regulaciones que deben aplicarse a ella misma, se le invita a evaluar las políticas frente a la obesidad y la diabetes. El caso de control político por parte de las grandes corporaciones es extremo en nuestro país. Ninguna estrategia, ninguna política para prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, podrá avanzar si estas regulaciones y políticas fiscales no se aplican; si no se destinan recursos de los productos no saludables a la producción y acceso a alimentos saludables y a agua de calidad para beber, como comienza a hacerse en otros países, en otras ciudades.

Mientras tanto, la cantidad anual de muertes por diabetes ya desbordó la capacidad del “Coloso de Santa Úrsula”, del Estadio Azteca, y sigue en aumento.

Alejandro Calvillo

https://www.sinembargo.mx/author/calvillo/

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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