¿Se unirá Mario López Valdez, «MALOVA», a la lista negra de ex gobernadores?

La pregunta es pertinente y flota en el aire toda vez que esta semana la Fiscalía de Sinaloa, a cargo de Juan José Ríos Estavillo, realizó diversas acciones contra ex funcionarios del gobierno de López Valdez.

En primer tiempo vale recordar que Quirino Ordaz Coppel denunció una y otra vez el desfalco de más de 2 mil millones de pesos que le dejó la administración anterior, además de faltantes en diversas dependencias, pasivos sin fuente de pago, contrataciones a empresas fantasma, contribuciones retenidas a trabajadores que no se enteraron y hasta un fondo de pensiones desaparecido.

Ante el evidente hoyo financiero, la presión de la ciudadanía porque se investigara y castigara la corrupción vino creciendo y se instaló, junto con la seguridad, como una de las principales exigencias hacia el nuevo gobierno de Ordaz Coppel.

Siempre prudente con el lenguaje, Quirino Ordaz sostuvo ante la ciudadanía que las investigaciones a funcionarios malovistas seguían su curso y que habían que darle el tiempo necesario al equipo de la Secretaria de Transparencia, así como a la Auditoría Superior del Estado, para hacer su trabajo. Esa paciencia se agotó cuando el Congreso del Estado, controlado por el PRI y el mismo Gobernador, le aprobó las cuentas públicas a Mario López Valdez a pesar de los gritos de indignación de decenas de ciudadanos que llenaron el recinto.

Esta semana, por fin los sinaloenses empezaron a ver acciones concretas en materia anticorrupción.

Vinieron primero las inhabilitaciones de Armando Villarreal, ex tesorero del estado, y de José Luis Sevilla, ex Secretario de Obras Públicas. La gente recibió las acciones como un premio a la corrupción.

Pero las cosas se Pusieron más serias con la detención de Luis Ángel Pineda, funcionario de medio pelo de la secretaría de turismo pero mejor conocido como uno de los operadores cercanos tanto al ex Gobernador como al secretario de Gobierno, Gerardo Vargas. Personaje a quien se le atribuye haber sido el hombre de poder del malovismo.

Luis Ángel Pineda se presentó a la audiencia y con una fianza de un millón de pesos se le concedió la libertad condicional para seguir el proceso desde su casa. El delito por el que se le acusa ronda los 12 millones y sus defensores son ¡casualmente! dos ex malovistas.

Tiempo seguido, la Fiscalía anunció la orden de aprehensión contra dos exsecretarios más. El más célebre es precisamente Ernesto Echeverria, quien fuera titular de Salud. Sobre su corrupción publicamos ampliamente en Noroeste pues contrató empresas de las que fue creador y representante legal, y también dejó pasar licitaciones simuladas para favorecer a sus socios. Este viernes nos enteramos que promovió un amparo para no ser detenido.

El otro funcionario relevante es Rafael Lizárraga, ex secretario de turismo, quien ya dio la
cara y afirmó que la Fiscalía no lo ha requerido, pero que atenderá el proceso de inmediato y con total responsabilidad. Veremos.

Falta ver si la batida anticorrupción del gobierno de Quirino Ordaz va en serio y no se queda en puro cálculo electoral de cara a 2018 y como jugada política para desactivar a los grupos malovistas que ya andaban exigiendo sus cuotas de candidaturas para 2018.

Por lo pronto es de celebrarse que por fin empecemos a ver acciones concretas. El pueblo de Sinaloa se merece que los autores intelectuales y los operadores de uno de los gobiernos más corruptos que se han visto, sean sancionados conforme a derecho.

Lo que es un hecho es que al menos una decena de malovistas ya pusieron sus  barbas a remojar y tramitaron amparos “por si las dudas”. No vaya a ser que los mande llamar mañana la Fiscalía.

Por lo pronto el balón está en la cancha del Fiscal Juan José Ríos Estavillo, quien tiene la enorme oportunidad de demostrar que no está allí por ser amigo de Quirino y que será capaz de utilizar la cacareada autonomía para aplicar justicia.

Si lo hacen con pulcritud, eficacia y apegados a derecho, se ganarán el respecto y reconocimiento de los sinaloenses. Sin duda.

Y por último, la pregunta que todos los sinaloenses se hacen: ¿está Mario López Valdez incluido en la lista negra de aprehensiones?

Lo pregunto porque es imposible pensar que si hubo tanta corrupción demostrada hasta ahora en al menos tres secretarías relevantes: Salud, Turismo y Obras Publicas, el ex Gobernador no lo supiera. Tal vez no haya firmado nada, pero en todo caso era el principal responsable.

De ser así, Sinaloa se sumaría a la deshonrosa lista de los estados con un ex Gobernador bajo proceso. Lista que en este país no es la excepción sino, tristemente, la regla.

Eso sí, es preferible tener un ex Gobernador corrupto buscado por la ley que un ex Gobernador corrupto de shopping en San Diego.

Adrián López Ortiz

https://www.sinembargo.mx/author/adrianlopez/

Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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