A dos meses del sismo, organizaciones sociales y damnificados hicieron un llamado urgente para que el gobierno de la Ciudad de México corrija las deficiencias e irregularidades en atención a las personas afectadas.
De acuerdo con un informe presentado este día, los resultados mostraron que en albergues se cometieron maltratos y situaciones violatorias de derechos por parte de los encargados, entre los cuales estaban los horarios estrictos de salida y entrada (en algunos casos equivalen a condiciones de semi-reclusión); la falta de cuidados médicos y psicológicos; dificultades para poder tener acceso a víveres; una acentuada discriminación a las comunidades indígenas residentes y pueblos originarios damnificados en la Ciudad de México y la ausencia de autoridades que resguarden los derechos humanos.
Ciudad de México, 22 de noviembre (SinEmbargo).- “¿Te has preguntado dónde y cómo viven las personas que perdieron sus viviendas, temporal o permanentemente?’’, cuestionaron organizaciones sociales y, por medio de un trabajo de documentación en el cual se señalan las violaciones a los derechos humanos de damnificados en Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón y Coyoacán, trataron de responder.
De acuerdo con la información expuesta frente al Multifamiliar de Taxqueña, en Coyoacán, los albergues no son suficientes para cubrir la demanda y los que están establecidos no cuentan con las condiciones adecuadas, por lo cual se “pueden vulnerar no sólo el derecho social a una vivienda digna, sino también los derechos a la libertad, la seguridad personal e incluso la integridad física, además de hacer difícil que las personas afectadas puedan retomar sus actividades ordinarias, lo cual puede poner en peligro los derechos al trabajo y a la educación, entre otros’’.
Las irregularidades, identificadas por parte de brigadas de estudiantes y maestros del proyecto Documenta desde Abajo 19S, se dan “a pesar de que los estándares internacionales establecen que en el menor tiempo posible después de un desastre, las autoridades tienen la obligación de ofrecer albergues y viviendas de emergencia adecuados y seguros para todas las personas afectadas’’, explicó la maestra Mariana Mora.
“Se comprobó que en las listas oficiales se encontraban nombres de albergues que nunca abrieron sus puertas o que abrieron por escasos días, se ofrecieron como albergues lugares que ya estaban destinados a la atención de una población específica y muchos albergues se establecieron en escuelas y otros edificios públicos, lo que provocó tensión entre las personas damnificadas y las autoridades o con las comunidades que hacen uso de esos espacios’’, expuso.
Los resultados mostraron que en albergues se cometieron maltratos y situaciones violatorias de derechos por parte de los encargados, entre los cuales estaban los horarios estrictos de salida y entrada (en algunos casos equivalen a condiciones de semi-reclusión); la falta de cuidados médicos y psicológicos; dificultades para poder tener acceso a víveres; una acentuada discriminación a las comunidades indígenas residentes y pueblos originarios damnificados en la Ciudad de México y la ausencia de autoridades que resguarden los derechos humanos.
De los 48 albergues oficiales que fueron abiertos en un principio, sólo quedan 6 abiertos, según los datos de Documenta desde Abajo 19S.
“En la actualidad hay más de 50 campamentos y albergues ciudadanos que no cuentan con apoyo del Gobierno, y que realizan funciones que le competen a las autoridades’’, aseguraron.
La clausura de albergues oficiales, además, ha estado acompañada de coacción, amenazas, persecución penal por falsos delitos y el traslado a lugares lejanos hacia las personas que se oponen.
Mientras tanto, las autoridades de la Ciudad de México no reaccionan (o no quieren hacerlo):
“No ha establecido ninguna política para frenar el alza en el precio de las rentas ante la situación de emergencia que se presta para la especulación ni para acceder a vivienda gratuita o muy subsidiada para garantizar el derecho a la vivienda de quienes perdieron sus casas’’.
Frente a la ausencia de respuesta oficiales, Documenta desde Abajo, HIC- AL, Poder, Serapaz, Programa de Incidencia Universidad Iberoamericana, ProDESC, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Red Internacional de Migración y Desarrollo, Estancia del Migrante González y Martínez, Acceso MX, Mexiro, Instituto para las Mujeres en la Migración, Ruta Cívica, y Ciudadanía 19S realizaron “un llamado urgente a que el gobierno de la CDMX corrija las deficiencias e irregularidades identificadas y cumpla con sus obligaciones de ofrecer alojamientos temporales a personas afectadas por el sismo a partir de un enfoque de derechos humanos’’.
TAXQUEÑA, DOS MESES DESPUÉS
La presentación del estudio se llevó a cabo en una de las zonas en las que hay más damnificados (cerca de 500 familias), el Multifamiliar de Taxqueña. Ahí, los vecinos denunciaron que, a dos meses del movimiento telúrico que reventó la torre 1C, no hay información clara y los apoyos se agotan.
“No hemos recibido ninguna propuesta de reconstrucción, ni respuesta sobre las fuentes que proveerán los recursos para la construcción de nuestro edificio colapsado (1C), así como la reparación y reforzamiento de nuestros demás inmuebles, que hasta la fecha se encuentran deshabitados’’, señaló Francia Gutiérrez, de la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan.
Los afectados rechazaron que a través de redes sociales o medios de comunicación se difundan resoluciones o supuestos avances que sólo simulan.
“No aceptamos que se generen falsas expectativas cuando seguimos en albergues y campamentos por más de dos meses’’, dijeron.
Los damnificados se mantienen firmes en no aceptar ningún tipo de crédito que los convierta en deudores. “En nuestra unidad habitacional viven un gran número de adultos mayores y personas con discapacidad. Es totalmente injusto que se les someta a créditos impagables’’, recriminaron.
En el área, nueve personas perdieron la vida después del sismo de 7.1 grados.
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