En 2010 un informe especial de la Relatoría para la Libertad de Expresión sobre México advertía que “la existencia de un marco jurídico que permite asignar de manera discrecional la publicidad oficial hace urgente la aprobación de reglas claras, objetivas, transparentes y no discriminatorias para la contratación de dicho servicio, tanto a nivel federal como estatal”. Según la información entregada por el gobierno de Felipe Calderón, en 2009 el gasto ejercido en publicidad oficial por parte del Ejecutivo Federal fue de 5.371.418.470 pesos mexicanos, el cual representó un aumento de más de 60% comparado con el gasto del año 2006 .

En el mismo sentido, la sociedad civil señaló un gasto indiscriminado y arbitrario que, de acuerdo con diferentes fuentes, era utilizado para cooptar la línea editorial de los medios y establecer narrativas oficiales con mensajes acerca del bienestar, la prosperidad y el éxito de diversos programas y políticas nacionales para visibilizar figuras públicas como actores relevantes del cambio social. En lugar de informar, el uso de la publicidad oficial representa, desde entonces, la creación de campañas a favor de quienes tienen a su alcance el recurso para ejercerlo. De hecho, el primer índice sobre el ejercicio del gasto en publicidad oficial de Artículo 19 y Fundar en el año 2011 documentó el incremento de 1300% del gasto ejercido respecto al aprobado en el Estado de México, entre los años 2005 a 2010, sobra decir, que la entidad era gobernada por el actual Presidente de México.

Durante las elecciones presidenciales de 2012, año marcado por las constantes discusiones sobre los topes de campaña y la inaccesibilidad de los montos reales en materia de publicidad oficial, dos de los entonces candidatos, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, se acusaron mutuamente de haber gastado, el primero 1000 millones en comunicación social y el segundo, al menos, 600 millones en contratos a Televisa. El cinismo se visibilizó ante millones de televidentes, sin culpa o resistencia ambos se miraron sin ninguna propuesta para contrarrestar su ataque.

Con el paso de los años la esperanza de ponerle fin a la relación perversa entre medios y gobiernos alimentada por montos multimillonarios de dinero se fue esfumando. Sin embargo, la semana pasada la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo histórico en el que ordenó al Congreso regular la asignación de la publicidad oficial. A regañadientes, las y los legisladores han declarado su aceptación a la sentencia. No obstante, en entrevista con Carmen Aristegui, Carlos Marín, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, emitió su propio fallo, adelantando una improbable votación de mayorías a favor de la legislación. Según Marín, “lo que no puede prever la Corte, no puede obligar, ordenar, es al sentido del voto de los legisladores, entonces el proyecto se presentará en comisiones, seguramente llegará al Pleno, pero ahí es donde necesita contar con mayoría y ¿qué pasa si no cuenta con mayoría? ¿si es derrotada en el Pleno?”

Entre líneas el Diputado, nuevamente, ha destinado al fracaso el proyecto legislativo aún a costa de su propio puesto, pues también señaló que de no cumplirse la sentencia quién tendría que ser destituido sería quien ostente el puesto de presidente de la Mesa Directiva, o sea él.

La falta de regulación mantiene en estado de indefensión a las y los periodistas y a la sociedad en su conjunto, ya que se ha vuelto una forma sutil pero constante de violencia institucional contra aquellos medios que han optado por no integrar la versión oficialista y hacer periodismo de investigación o simplemente tener una opinión diferente a cualquier comunicación gubernamental.

La ilusión social del estado desarrollado y de bienestar que describen los gobiernos en México, se desdibuja por medio del acceso a la información, o la posibilidad de garantizar el derecho a la misma, por eso, se incrementa la publicidad oficial con nuevas narrativas, por la ilegítima decisión de proyectar una falsa respuesta oficial a todos los fenómenos sociales; mientras los funcionarios tengan acceso a los montos millonarios de publicidad oficial sin rendición de cuentas y los medios requieran esos montos para sobrevivir, será imposible que la versión real de los hechos públicos adquiera notoriedad en el imaginario social.

El tiempo corre y el Congreso debe cumplir. Legislar conforme a los más altos estándares internacionales y permitir la participación efectiva de la ciudadanía en el proceso.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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