El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatirá el tema del dinero que se paga a medios de comunicación. El caso se deriva de un decreto que fue ignorado y en el que se pedía al Congreso de la Unión expedir una ley que normara el gasto en comunicación social con base en criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, y que “respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio”, pero no ocurrió.
El resultado de no haber trabajado en esa orden, son más de 36 mil millones de pesos que se invirtieron en publicidad gubernamental de 2013 a 2016, que pueden convertirse en 60 mil millones de pesos, por la contienda electoral del próximo año. ¿La SCJN hará historia y obligará a los legisladores a regular el dinero de las arcas federales destinado a medios?
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Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Primero, el gasto en los medios de comunicación fluyó a manos llenas porque todo estaba bien y había que posicionar y promover el paquete de reformas estructurales presentadas por el Presidente Enrique Peña Nieto. Luego, también aumentó porque los días para el mandatario y su equipo se tornaron oscuros. En ambos casos, año con año se optó por pagar a los medios –funcionara o no ese gasto en el ánimo de los gobernados–.
Con las cifras disponibles hasta el momento, se sabe que medios nacionales y locales, de todas las plataformas, han recibido 36 mil 261 millones de pesos por promover los mensajes del Gobierno federal. De acuerdo con Fundar, de 2013 a 2016 se registra un aumento del gasto de 31.21 por ciento, al pasar de 8 mil 154 millones de pesos a 10 mil 699 millones de pesos.
Se gastó más de lo permitido y el ejercicio del dinero fue opaco, a pesar de que el tema del dinero a medios fue uno de los que prometió reformar Peña Nieto al llegar a la Presidencia.
Hoy, este tema se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El veredicto, en caso de ser a favor de la organización Artículo 19, podría significar el tope a un gasto que se ha calificado como discrecional, pero también se podría terminar con el negocio que esto ha significado para los medios de comunicación mayormente beneficiados.
Año con año en que se ha hecho un balance de las cifras del gasto de comunicación social del Gobierno federal, los medios que más dinero han recibido suelen ser los mismos; ya sea para la producción o sólo para la reproducción, son los que lideran las listas de contratos que se otorgan sin concurso alguno o sin un análisis previo en el que se señale que son los indicados para la réplica de los mensajes gubernamentales.
Primero, el gasto general según los datos de Fundar basados en las bases de datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP): desde 2013 –el primer año de Gobierno de Peña Nieto– al cierre de 2016 el gasto total a medios fue de 36 mil 261 millones de pesos. Esa cantidad significó un sobreejercicio constante que se traduce en un gasto 71.86 por ciento mayor al que el Congreso aprobó año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Ahí se fueron 15 mil 162 millones de pesos, aunque está estipulado que en lo que se refiere al presupuesto de comunicación social y publicidad no pueden realizarse ampliaciones.
Pero cada año ocurrió lo contrario; en 2013, se gastó 48.74 por ciento más; en 2017, 35.03 por ciento más; en 2015, 80.50 por ciento más y en 2016, 133.58 por ciento extra. Se le había permitido a esta administración gastar 21 mil 097 millones y ocupó 33 mil 261 millones.
Como conclusión de esa forma de gastar, Fundar en su informe de publicidad oficial 2013-2016, señala que “la falta de rendición de cuentas y la carencia de justificaciones para el aumento desmedido del presupuesto en publicidad oficial, dificultan tener claridad sobre el uso y destino de los recursos públicos, así como traslucen la existencia de una mala administración de dichos recursos”.
Para Paulina Castaño Acosta, investigadora de Fundar y realizadora del informe, lo que urge, luego de que el tema ya se plantee en la Corte, es trabajar en limitar el gasto a través de un candado en el Presupuesto, transparentar todos los gastos y regularlos.
Señaló que el problema no es que se dé dinero, sino la manera en que se hace y los montos que se dan a unos cuantos medios.
“Lo que pedimos desde Fundar es limitar, transparentar y regular ese gasto. Urge la regulación porque si no vamos a seguir viendo esta concentración en algunos medios y no una distribución adecuada. El problema no es que se dé dinero, sino la manera en que se hace y los montos que se dan, que no se respetan. El Presupuesto dicta un monto y resulta que al final del año, ese monto se sobreejerció mayúsculamente”, comentó en entrevista.
Aunado a eso, agregó, las ampliaciones no se argumentan, “las dependencias y entidades federativas no justifican esas ampliaciones tan mayúsculas en todo el ejercicio fiscal. Nosotros pedimos un candado, que no haya ampliaciones presupuestarias durante todo el año. No es posible que se hagan esas ampliaciones tan grandes, porque además, ¿a dónde se está yendo todo ese dinero? […] Es preocupante porque son recursos públicos, es nuestro dinero, son impuestos que deberían ocuparse en otras cosas como infraestructura, educación, salud, etcétera. Pero no ocurre”.
ENTONCES, ¿A QUIÉNES SE LE PAGÓ TODO ESE DINERO?
Una revisión hecha por SinEmbargo, tan solo del año 2016 y con base en las cifras definitivas de los gastos de comunicación social, del total del dinero, fueron ocho medios los que acapararon el 37 por ciento del dinero, es decir, 3 mil 187 millones 427 mil 841 pesos.
Fueron Televisa, Tv Azteca, Excélsior, El Universal, la Organización Editorial Mexicana (OEM), Milenio, La Jornada y Radio Fórmula, que en conjunto, se hicieron del 37 por ciento del presupuesto de 2016, es decir, recibieron 3 mil 187 millones 427 mil 841 pesos.
Pero cada año ha sido la misma historia y las investigaciones de Fundar han sido claras al respecto y concluyeron, también con los datos de la SFP, que de 2013 a 2016, sólo seis proveedores recibieron el 38.81 por ciento, o sea, 14 mil 073 millones de pesos. Sus cálculos arrojaron que los beneficiados son: Grupo Televisa, Tv Azteca, Estudios Churubusco, Starcom Worlwide, El Universal y Grupo Radio Fórmula.
La concentración en proveedores también es evidente si se evalúa por año: en 2013, de mil 909 proveedores, el 53 por ciento del gasto lo absorbieron 10 empresas; en 2014, de mil 767 proveedores, 10 acumularon el 44 por ciento del gasto; en 2015, de mil 251 proveedores, el 47 por ciento fue para 10 y para 2016, de mil 163 proveedores, el 49 por ciento del gasto fue para 10.
En el top ten de Fundar de los últimos cuatro años, Televisa es la consentida de las dependencias federales. En 2013 se le dio el 16.70 por ciento del gasto total anual y para los siguientes años fue de 16.19 por ciento, 16.24 por ciento y 18.75 por ciento.
En segundo lugar siempre ha estado Tv Azteca, con el 8.59, el 7.93 por ciento, el 11.52 por ciento y cerró 2016 con el 10.67 por ciento.
El tercer lugar fue disputado por Estudios Churubusco; en 2013 recibió el 7.03 por ciento del gasto y en 2014, el 3.61 por ciento. Pero para 2015 y 2016, su lugar lo ocupó el periódico Excélsior con el 3.24 por ciento y el 3.60 por ciento, respectivamente.
En la lista le siguen El Universal, Starcom Worldwide, Grupo Fórmula, Comercializadora de Servicios de Imagen. Media Planning Group, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, GRC Comunicaciones y Oabuenaga Chemistri.
Y AHORA, ¿QUIÉN LES PAGÓ?
SinEmbargo pidió los datos de comunicación social de 19 secretarías federales y ocho dependencias del Gabinete ampliado y de acuerdo con la información entregada, en 2016, fue la Secretaría de Salud (SSa) a cargo de José Narro Robles, la entidad que más gastó, ya que erogó mil 465 millones 579 mil 341 pesos. Luego están el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un gasto de 543 millones 798 mil 483 pesos. Aunque son secretarías que no pueden prescindir de los mensajes en medios, la organización Red de Acceso criticó que en los últimos años, por ejemplo, no se ha difundido ni una campaña para la prevención del VIH. Pero, por otro lado, se difundió a los titulares de esas dependencias bailando una cumbia.
Le siguieron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con 492 millones 643 mil 590 pesos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con 403 millones 062 mil 658 pesos, la Secretaría de Economía (SE), con 232 millones 192 mil 839 pesos, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con 231 millones 458 mil 296 pesos y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con 207 millones 453 mil 419 pesos.
Fundar, en su evaluación agrega a Petróleos Mexicanos (Pemex), Pronósticos para la Asistencia Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Una de las campañas en común y a la que siete secretarías aportaron fue la del Cuarto Informe de Gobierno, en la que se gastó 439 millones 875 mil 148 pesos. Fue el IMSS el que gastó más en promover las acciones anuales del gobierno con 200 millones 639 mil 974 pesos, le siguió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 94 millones 541 mil 231 pesos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 90 millones 517 mil 241 pesos.
Las dependencias todavía optan por la televisión para promocionarse; respecto a la distribución del gasto por tipo de medio, en 2016, la televisión, medios impresos y la radio obtuvieron el 37.80 por ciento, el 17.19 por ciento y 16.35 por ciento del gasto total, respectivamente.
La cantidad de dinero ya es histórica e incluso supera el monto que será destinado a la reconstrucción de varios puntos del país que resultaron afectados por los sismos de septiembre pasado.
Pero además, el informe deja una cifra cruda: de seguir la tendencia que se ha observado de aumento al gasto, la cifra sexenal podría ser cercana a los 60 mil millones de pesos.
La publicidad oficial se entiende como la compra de espacios en los medios de comunicación por parte de los gobiernos para difundir información a la ciudadanía. En esa compra ocurre la única transferencia de recursos públicos hacia medios de comunicación, y no hay otro tipo de apoyos directos o indirectos.
“La publicidad oficial no es mala, es muy importante, pero no se está ejerce como tiene que ser ni bajo los criterios que indican algunas leyes. Para el siguiente año, según el Proyecto de Presupuesto se prevén 3 mil 527 millones de pesos para Comunicación Social, pero no sabemos cómo quedará. Quién sabe cuánto vaya aumentar este gasto al final del siguiente año y es preocupante porque es año electoral y la publicidad oficial estará por los aires”, concluyó Castaño Acosta.
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