La semana pasada se celebró el 20 aniversario de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE). El cumpleaños dio pauta a una serie de reflexiones en torno al estado de la libertad expresión en las Américas. Participantes de toda la región hablaron sobre los avances de los últimos años y también sobre los retos frente a un contexto en el que las tecnologías y la era digital han transformado lo que fue, lo que conocimos.

En resumen y para no hacer el cuento largo, el camino recorrido, aunque sinuoso, ha tenido largos planos pero el futuro no es promisorio, las cosas no pintan bien. Como en otros países del mundo la narrativa de más seguridad o más igualdad a costa de lo que sea, incluso de los derechos humanos, ha permeado duro en nuestras sociedades y ha encauzado una concepción claramente errada sobre las bondades de la militarización. Digo esto pues fueron precisamente las atrocidades provocadas por esta lo que dio pauta a la exigencia de las democracias y de un verdadero estado de derecho. Así poco a poco, los países de la región han dejado de reconocer las libertades como una forma de vida y las están dejando fuera del discurso.

Sin duda cada contexto es distinto y, más lo es, la percepción desde fuera de los mismos. Para algunos es impensable comparar a México con Venezuela, pero por lo que hace a garantizar la libertad de expresión no existe otro país en la región que maltrate y agreda a las y los periodistas como Venezuela; que, además, limite e inhiba el flujo efectivo de información a través de mecanismos legales, cuasi legales y del uso indiscriminado de la violencia.

En México asesinan periodistas y en Venezuela los detienen. En México la publicidad oficial es el medio idóneo para controlar a la prensa de manera indirecta, mientras que en Venezuela se provoca el cierre forzoso de medios de comunicación. Ambos países utilizan la criminalización para mantener el estado de impunidad y al final, en ambos casos, el resultado es el mismo, una sociedad desinformada, con miedo y sin grandes expectativas de un cambio real y profundo en el corto plazo.

Hay fórmulas que los gobiernos latinoamericanos, como buenos maestros y aprendices, han sabido compartir y explotar con basta afabilidad: el espionaje a disidentes; la remoción de contenidos de internet y; el reconocimiento del inexistente derecho al olvido para borrar los rastros de corruptos y violadores de derechos humanos, son prácticas comunes que poco a poco han significado obstáculos en la búsqueda de sociedades informadas y países verdaderamente democráticos.

No obstante, y con la intención de dejar un buen sabor de boca, en veinte años hay cambios y el más importante para mí es la existencia de un gran número de personas, expertos/as y organizaciones que luchan y se preocupan por avanzar en esta agenda e identificar oportunidades comunes ante estos retos aun cuando existan tendencias para reducir su espacio de maniobra.

Sin duda hay cuestiones que los gobiernos no han logrado o querido superar. Por ejemplo, México, a pesar de jactarse de ser uno de aquellos países de la región que no sufrió de los estragos de gobiernos dictatoriales en los últimos 100 años, mantiene vigente en más de la mitad de los estados los llamados delitos contra el honor (calumnia, difamación, injurias).

Imaginemos, antes del siglo XIX los hombres de honor retaban a muerte a aquellos que lo hubieren manchado. Después, con la intención de evitar asesinatos a propia mano y de provocar una investigación y un juicio justo, la acción de ir contra el honor, la honra y la buena fama se convirtió en un delito. De esta manera, el honorable tenía una herramienta legal para hacer justicia. Hasta ahí parece sensato ¿cierto?

Sin embargo, gracias a los/as estudiosos/as de la democracia y a la evolución del mundo, nos dimos cuenta que en la búsqueda de pluralidad y el reconocimiento de la diversidad implica, sin duda, aceptar el discurso ofensivo o perturbador. Finalmente, es difícil hablar de debate sin disidencia o de arte sin escándalo.

Como este, muchos ejemplos, pero lo importante es no perder la memoria y regresar al punto de partida. Veinte años no son pocos y requieren fijar nuevos horizontes y traspasar fronteras. Por lo pronto, en México, la más urgente es erradicar la violencia contra periodistas, combatir la impunidad y controlar el gasto en publicidad oficial.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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