Charlotte (EE.UU.), 14 ago (EFE).- Grupos de defensa de inmigrantes de Carolina del Sur (EE.UU.) ven "irrelevante" y "costosa" la activación de la Unidad Estatal de Control Migratorio que no podrá cuestionar el estatus legal de los detenidos y perseguirá sólo a criminales.
La puesta en marcha de la ley migratoria SB20 en 2011, una de las normativas antiinmigrantes más severas de la nación, establecía la conformación de la dependencia, la primera en el país, una especie de policía local de inmigración para iniciar la deportación de indocumentados.
El estado debía negociar un acuerdo con las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para que al menos doce de sus agentes recibieran el entrenamiento del programa 287g y salieran a las calles a buscar a delincuentes extranjeros.
Sin embargo, el ICE descontinuó este año las unidades establecidas con las sociedades con agencias locales del orden público que se encargaban de investigar crímenes serios cometidos por los indocumentados por considerarlas "poco efectivas".
Vincent Picard, portavoz del ICE, afirmó hoy a Efe que Carolina del Sur solicitó el entrenamiento pero fue negado "como a los demás estados".
"Los oficiales locales no podrán arrestar a indocumentados, eso es nuestro trabajo, pero la unidad de inmigración puede investigar a personas que cometen delitos estatales y nosotros podemos asistirlos", enfatizó Picard.
A pesar de esa situación, el comandante de la unidad insiste que seis agentes trabajarán "encubiertos" en operativos de casos de tráfico humano, drogas y otros crímenes serios que involucren a "sin papeles" en vez de buscarlos en "autopistas o lugares de trabajo".
"El no poder establecer el estatus migratorio de un individuo no impedirá que investiguemos crímenes que cometen los 'ilegales'", declaró recientemente el teniente Eddie Jonson, al periódico "The State" de Columbia, capital del estado.
Para Iván Segura, vicepresidente del Consejo de los Mexicanos en las Carolinas, es "ridículo" que el estado haya aprobado una unidad de inmigración que carece de la facultad de hacer el trabajo para lo que fue creada.
"Esto es un gasto público innecesario propuesto por supuestos políticos conservadores en materia fiscal en tiempos de crisis económica", resaltó Segura, de origen mexicano.
La legislatura estatal destinó una partida de 1,3 millón de dólares para comenzar la unidad, que ha contratado a seis de doce agentes y gastado más de 400.000 dólares.
"Que no vengan con el cuento que la unidad va a resolver los crímenes de alta prioridad porque para ello tenemos a otros departamentos que se encargan de ese labor", resaltó.
Asimismo, Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Appleseed, explicó a Efe que la creación de la unidad no fue bloqueada el pasado mes de diciembre por un juez federal como sucedió con otras previsiones de la SB20.
"Los agentes estarán pisando un territorio del cual no tendrán conocimiento ni entrenamiento, y eso es peligroso", acotó Besherse.
Roberto Belén, otro activista comunitario del Consejo de Liderazgo Hispano de Carolina del Sur, enfatizó que sólo los agentes federales están autorizados para investigar casos de drogas y tráfico de humanos.
"Están fuera de jurisdicción y además su trabajo será irrelevante. Entonces, a qué se van a dedicar sino pueden detener a indocumentados. Esto (unidad) no tiene sentido", apuntó.
El portavoz de ICE enfatizó que el programa Comunidades Seguras, que determina el estado migratorio de los detenidos en cárceles locales, opera en los 46 condados de Carolina del Sur. EFE
