Por Daniela Díaz Echeverría, investigadora en @FundarMexico

Este gobierno una y otra vez ignora sus obligaciones de otorgar salud a la población, la tarea tan noble de proveer estos servicios, se trastoca con la racionalidad neoliberal de sacrificar una atención por otra. Lo que indudablemente se traduce en las afectaciones a miles de personas, que sufren las consecuencias de una mala o nula atención. Finalmente se convierten en las víctimas anónimas del ajuste a la baja en los recursos hacia la salud.

Para ver el tamaño del retroceso en el gobierno de Peña Nieto, las cifras son contundentes:

Entre el 2013 y el 2018, el presupuesto canalizado mediante la Secretaría de Salud, se ha recortado en un -18,61 %. Para el mismo periodo el Seguro Popular presenta un decrecimiento de un -19,86 %. Es de llamar la atención, que para el 2018, se le proyecta asignar recursos iguales a los del 2015, hablamos de tres años prácticamente perdidos. ¿En dónde queda el cumplimiento al principio de progresividad en el derecho a la salud?  Restar recursos, es definitivamente gobernar en contra de este.

Pareciera que las decisiones que al final del día el ejecutivo federal toma, desmiente su propio discurso de la carencia de fuente de financiamiento desde donde allegarse recursos para salud. Fundar elaboró una investigación sobre el presupuesto asignado a publicidad oficial, que da cuenta que de 2013 a 2016, la administración de Enrique Peña Nieto ha ejercido más de 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial. Entre 2013 y 2016, el gasto por año aumentó en un 31.21% pasando de 8 mil 154 millones de pesos a etiquetarse 10 mil 699 millones de pesos en el 2016 (http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf ).

Es decir, en cuatro años se destinó a publicidad oficial, tres veces lo que se le quitó a salud en el mismo periodo: ¡3 veces! es una cantidad difícil de comprender en su real dimensión ¿cuántos salarios de enfermeras, médicas, parteras profesionales, intérpretes en lenguas, especialistas? ¿cuánta gasolina para ambulancias, salarios de choferes, equipos para ambulancias y ambulancias? ¿cuántas mejoras de centros de salud y ampliaciones de hospitales? ¿cuántas cesáreas evitadas porque habría espacios habilitados 24 horas para partos? Todo se puede calcular, y seguramente será mucho.

Un servicio esencial en cualquier país, es la atención en salud sexual y reproductiva (según datos del Seguro Popular la atención hospitalaria se concentra en mujeres en edad reproductiva, de 15 a 39 años http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2017/feb/SaludSP-20170207.pdf ). Sin embargo, el presupuesto etiquetado para acciones de prevención y atención en salud sexual y reproductiva, también se han visto alcanzadas por la política regresiva: entre el 2017 y el 2016 se le quitó más de un 9 por ciento. Sobre este panorama de precariedad de recursos, para el 2018, el ejecutivo proponer debilitar aun más estos servicios, aplicando un nuevo recorte, de un -5,17 %, lo que sumaría entre 2018 y 2016, una disminución de -13,93 por ciento.

Para el año 2016, se gastaron más de 10 mil millones de pesos en publicidad oficial, esta cifra equivale a 5 años de todo el presupuesto que la Secretaría de Salud asigna al rubro de Salud materna, sexual y reproductiva, y que integra los programas de atención específica de Planificación Familiar y Anticoncepción, Salud Integral para la Mujer, Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, Salud Materna y Perinatal, Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género, y Prevención y Control de Cáncer de la Mujer.

Esa cantidad de dinero en publicidad oficial del 2016, y según el tabulador de remuneración mensual para parteras de la Secretaría de Salud (un salario mensual de 15 mil pesos),[1] equivale contratar 2,700 parteras profesionales (parteras técnicas más enfermeras formadas en la atención del embarazo, parto y posparto conforme a las DDHH de las mujeres), por 21 años. Con ese número de parteras contratadas, se podría atender alrededor del 20% de los partos anuales (480,000 partos de 2,400,000 partos anuales).[2]

El panorama facilita concluir que habrá o una profundización de rezagos en los servicios, o una mayor pauperización de los mismos. Presentándose una serie de obstáculos para acceder a atención en salud con calidad, con capacidad resolutiva y en un marco de respeto a los derechos humanos.

En la larga lucha por el derecho a la salud, las organizaciones no cesamos en exigirle a las y los diputados que sus decisiones se basen en garantizar y proteger tal derecho, y que actúen en consecuencia con responder a los ordenamientos constitucionales, de los artículos 1° y 4°:  El Estado mexicano tiene la obligación de destinar hasta el de máximo uso de recursos (artículo 2, párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx ).

Este año, repetimos la demanda ¿habrá eco? quien sabe. Seguramente no, mayoritariamente el poder legislativo ve con buenos ojos el presupuesto en salud, y al Seguro Popular, sin reparar en que su omisión en informarse sobre el ejercicio e impacto del gasto en salud, y acordar aumentos presupuestarios, más bien contribuyen a perpetuar carencias y escasez en los servicios de salud, y generar graves consecuencias en la vida de las personas.

No obstante, cuentan con la facultad para actuar en tiempo (el Presupuesto 2018, tiene como fecha límite de aprobación, el próximo 15 de noviembre) y establecer ampliaciones de recursos en salud. Esperemos que actúen en conciencia a sus obligaciones y así sea.

Fundar

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