El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx) aplaudió la aprobación de la Ley como «un instrumento perfectible, pero también necesario y urgente como un primer paso para prevenir, erradicar, combatir y sancionar las desapariciones”.
Familiares de desaparecidos exigieron a Enrique Peña Nieto la publicación inmediata de la Ley: «ésta es una oportunidad histórica para responder a decenas de miles de familias que no podemos esperar más, comprometiendo a esta administración para sentar las bases de su pleno cumplimiento”, indicaron.
ADEMÁS
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo/EFE).- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó con 361 votos a favor, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Familiares de personas desaparecidas aplaudieron la luz verde a la citada legislación y exigieron al poder Ejecutivo publicarla de manera inmediata.
Para la aprobación se reforman y derogaran diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, a fin de unificar el tipo penal de desaparición forzada, en donde también se dispondrán elementos con los cuales que deberán de obligar a las autoridades a poner los recursos del estado: humanos, tecnológicos y legales para dar con el paradero de las personas desaparecidas y principalmente se crea el Sistema Nacional de Búsqueda, una Comisión Nacional de Búsqueda y 32 Comisiones Locales de Búsqueda de personas desaparecidas, estructuras que incorporan la participación de familiares y organizaciones de la sociedad civil, para dar con el paradero de nuestros seres queridos.
«En el largo y desesperante camino de la búsqueda de nuestros seres queridos, frente a la inacción y colusión institucional, reconocemos en la Ley un instrumento perfectible, pero también necesario y urgente como un primer paso para prevenir, erradicar, combatir y sancionar las desapariciones”, se pronunció, en un comunicado de prensa el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), el cual, destacó la Ley es el resultado de casi tres años de arduo trabajo por parte de más de 60 colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil (OSC), que han propuesto contenidos fundamentales de la citada legislación y porque «de implementarse de manera efectiva, será una importante herramienta para enfrentar la grave crisis de desapariciones en México”, indicaron en un comunicado de prensa.
Explicaron que la Ley también fortalece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, lo cual contribuirá a dimensionar la crisis de desapariciones en el país y responder a la verdadera magnitud de esta dolorosa problemática
«Asimismo, los derechos de las víctimas reconocidos en ella abrirán nuevas posibilidades para proporcionar medidas de reparación integral y atención a las miles de personas desaparecidas y a las familias que atravesamos este tormentoso camino. Todo esto sólo será posible si las autoridades -de todos los órdenes de gobierno- cumplen con sus obligaciones e implementan la Ley de forma correcta”, detallaron.
“Se reconocerán los derechos de más de 32 mil personas desaparecidas en México”, destacó la oficina de la ONU en México en un tuit.
Las disposiciones de la Ley General de Desaparición implican la homologación del delito de desaparición forzada de acuerdo a instrumentos internacionales, reconoce y sanciona los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; promueve investigaciones exhaustivas -mediante la creación de Fiscalías Especializadas-; y establece mejores condiciones para acercarnos a la verdad, la justicia, el castigo a los culpables.
Esta Ley tiene como objeto prevenir y combatir la desaparición forzada, explicó Lorena Alfaro del Partido Acción Nacional (PAN).
«El Congreso de la Unión paga una deuda histórica en materia de derechos humanos y el estado mexicano queda obligado a observar los m´ñas altos estándares en el respeto de la libertad y política de conciencia de expresión, militancia o de compromiso social”, señaló la legisladora en tribuna.
Con la ley, se reconoce la desaparición forzada cometida por funcionarios del estado, así como de las desapariciones cometidas por la delincuencia organizada, con estándares internacionales al respecto, informó la diputada Cristina Gaytán Hernández.
La ley establece un sistema nacional de búsqueda que generará las directrices, procedimientos y políticas públicas para la erradicación de este fenómeno.
Gaytán Hernández detalló, en su ponencia, que la ley implementa un sistema integral que “a la vez que atiende a las necesidades inmediatas de las víctimas y sus familias genera la información necesaria para el diseño, implementación y evaluación de acciones”.
El diputado Juan Romero de Morena, indicó “no es una ley que haga justicia es una ley que va a atender un problema añejo, y es una que tiene problemas en su aplicación”, por ello la ley fue aprobada con diversas reservar.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidosen México apuntó, sin embargo, que la obligación del Poder Legislativo no termina con la aprobación de esta Ley. «La Cámara de Diputados tiene el ineludible deber de asignarle presupuesto suficiente, en este mismo periodo de sesiones, para su inmediata y correcta implementación. Esto es una condición básica para que la Ley opere de manera efectiva en favor de las miles de personas desaparecidas en el país y de sus familias, y prevenga la realización de la conducta delictiva”, señaló.
ONU, AI, CNDH Y CICR CELEBRAN LA LEY
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional (AI), LAComisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) celebraron hoy la aprobación de la Ley contra la desaparición forzada en México y pidieron que se implemente de manera efectiva.
En un comunicado, el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, afirmó que la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares establece el marco para regular la declaración de ausencia por desaparición.
Asimismo, «fortalece el derecho a la reparación de las víctimas y adopta un enfoque diferenciado para dar una atención especializada a diversas personas en situación de vulnerabilidad».
La ONU-DH, que a finales de agosto inició una campaña para que México aprobara la ley y reconociera la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, hizo un llamado para que las autoridades «sean sensibles al dolor de las víctimas» y reflejen en su próximo presupuesto «las prioridades y preocupaciones reales de la ciudadanía».
«Para ello, junto con otras apremiantes necesidades, se deben proveer los recursos necesarios para garantizar la implementación efectiva de esta ley», sostuvo Jarab.
Amnistía Internacional destacó que la aprobación es un «primer paso, pero falta mucho», incluyendo la garantía de que la norma y las instituciones que se encargarán de la búsqueda cuenten con los recursos suficientes.
«El marco ya existe, ahora debemos actuar sobre él para terminar con esta terrible práctica que ensombrece al país», manifestó Raquel Aguilera, de AI México.
Además, la organización recordó que la ley de desaparición forzada es producto de «una incansable labor de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en el país».
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su reconocimiento al poder legislativo por la aprobación de la ley, además de hacer un llamado al Ejecutivo y al poder antes mencionado para que se contemplen los recursos económicos necesarios para la instrumentación integral de la ley .
“La CNDH hace un atento exhorto a los poderes ejecutivo y legislativo para que durante el periodo de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se contemple los recursos económicos necesarios para la instrumentación integral de dicha ley que entrará en vigor en cuanto el Ejecutivo la publique en el Diario Oficial de la Federación, para lo cual ya le fue turnada”, expuso.
Asimismo, el organismo externó su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas por exigir la aprobación de la ley.
Por otra parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aplaudió en un boletín la aprobación de la ley y también destacó la necesidad de que cuente con un presupuesto suficiente.
– Con información de EFE
