En México nuestras playas se venden al mejor postor.

En el Pueblo Mágico de Todos Santos Baja California Sur se replica el violento despojo que sucede a lo largo y ancho del país que, de no impedirlo, perderemos Punta Lobos, una playa pública y entorno comunitario sustentable, a favor de las hambrientas corporaciones. Estamos ante una injusticia casi desapercibida a nivel nacional que por el ensañamiento del poder corporativo y político contra la idílica comunidad, nos convoca a la solidaridad y a la movilización.

Los mayores riesgos que enfrentamos como nación no provienen de fenómenos naturales, sino de actos criminales que, pudiendo prevenirse, son incentivados por la ambición corporativa y la corrupción gubernamental, que día con día y frente a nuestra mirada, se multiplican por todo el territorio desplegando sus devastadores efectos.

En Todos Santos la privatización deja ya huellas evidentes y quienes las sufren con mayor crudeza son aquellos que han tenido el valor de defender nuestro patrimonio, a saber, la Sociedad Cooperativa Pesquera Punta Lobos y su abogado, el defensor del medio ambiente, John Moreno Rutowski.

De forma ilegal, corrupta y violenta la empresa Tres Santos ha iniciado el despojo de Punta Lobos construyendo un megadesarrollo para su venta millonaria a particulares. Para estos objetivos hay “un pequeño problema”. Una comunidad de pescadores que desde hace 80 años subsiste mediante la pesca artesanal y a quienes desde 1983 les ha sido reconocido legalmente el derecho a pescar y a usar la playa y su entorno, mediante un permiso federal vigente.

Del lado de los pescadores están la inmensa mayoría de los habitantes de Todos Santos, activistas y organizaciones de la sociedad civil sur californiana. Frente a ellos el poder económico del corporativo Tres Santos perteneciente a Grupo Mita con capital de inversión de Black Creek, con un amplio y documentado historial de despojo de bienes públicos. A su servicio está el gobierno de Carlos Mendoza Davis que usa a la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur, a cargo de Erasmo Alamilla, como policía privada.

“Es un lugar especial, privilegiado cultural y ambientalmente hablando, pero por la mismas razones resulta frágil ante las ambiciones económicas desmedidas” me dijo John Moreno joven y valiente abogado que al enfrentar a Tres Santos, ha pagado un alto precio. Antes de estudiar derecho, John cursó la carrera de biología marina siguiendo su verdadera vocación, la de proteger el entorno donde nació. Abrió un bufete jurídico en Todos Santos en el que ha combinado la práctica profesional con una participación activa en la defensa de su comunidad y desde 2014 representa a la cooperativa de pescadores.

Pronto la figura de John Moreno creció en legitimidad y respaldo. Repitiendo la estrategia contra defensores de derechos humanos en México, las represalias en su contra incluyen una amplia gama de acciones que van desde las amenazas, hechos de violencia contra él y su familia, una campaña en medios tradicionales con notas pagadas y propaganda en redes sociales, incluyendo un costosísimo documental para supuestamente “desenmascararlo”.

Nada de eso surtió efecto ya que la empresa Tres Santos inició la construcción de su megadesarrollo, y obtuvo permisos irregulares para afectar humedales y terrenos de valor ambiental. No contentos con ello, desplazaron a los pescadores y mediante la estrategia de “divide y vencerás” lograron que un pequeño grupo de pescadores “negociara”. Sin embargo, el grupo mayoritario se ha sostenido en defensa de Punta Lobos, lo que desencadenó un mayor ensañamiento contra John.

Así, a las 9 de la mañana del 19 de mayo de este año, de forma ilegal la procuraduría estatal lo detuvo fabricando evidencia y prolongando una prisión política por 95 días. Tiempo en el que supimos que el plan para desarticular la defensa de Punta Lobos se urdió entre los directivos de Tres Santos y la procuraduría estatal dos meses antes, en una reunión sostenida el 8 de marzo de este año. A la confabulación convocaron también a quienes consideraron adversarios de John Moreno. En ella se acordó hacer un lado a Moreno como prioridad, la justificación fue lo de menos. Una persona que estuvo presente y que sabe distinguir entre ser contraparte y ser enemigo, nos lo ha relatado.

Como extraído del manual de la represión social, el procurador Erasmo Alamilla decidió desempolvar una denuncia infundada contra John Moreno por el delito de despojo del año 2014 y sobre la que recaía un acuerdo de no ejercicio de la acción penal por falta de elementos. La acción es tan burda pero común a los gobiernos represores, que incluso ese tipo de expediente tienen el conocido mote de “durmientes”, que siendo improcedentes a todas luces, se guardan con especial celo si se trata de luchadores sociales para ser usada en su contra cuando mejor convenga.

Eso hicieron pero pronto enfrentaron un problema. Bajo el nuevo sistema de justicia penal el despojo no es delito grave, por lo que se puede enfrentar el proceso en libertad bajo caución. No les importó. Su desesperación llegó al grado que se consignaron el expediente como averiguación previa y no bajo carpeta de investigación con la obvia intención de evitar el beneficio legal.

Pronto la falsedad de la acusación sufrió un revés. La titular del Juzgado Segundo en Primera Instancia del ramo penal les negó la orden de aprehensión, estableciendo como fundamento la: “... falta de elementos que comprueban el cuerpo del delito” advirtiendo además “ graves violaciones al procedimiento y a los derechos humanos”. Finalmente ordenó que el expediente no fuera vuelto a presentar ante su juzgado sin cumplir con los mínimos requisitos legales.

Pero la corruptos siempre saben caminos si se trata de manipular instituciones y tienen las llaves para ello. Al no tener forma de proceder por esa vía pensaron que sería buena idea falsificar firmas y diligencias y darle un nuevo número de averiguación previa, como si de nuevos hechos se tratara, llegando al descaro de adjuntar como prueba el viejo expediente. Un Juzgado a modo y la voluntad de Mendoza Davis de castigar a Moreno para cumplir con Tres Santos, alargó el montaje con todo el costo humano que la injusta prisión representa. Acto que solo la resolución a un recurso de amparo detuvo.

Con excepción de Sin Embargo, el caso ha sido de poco interés para medios nacionales y con John en prisión el daño a la comunidad de Todos Santos ha ido sentado bases. Tres Santos ilegalmente ha re encausado un arroyo, impide el acceso público a la playa y sintiéndose impunes han construido un muro rompeolas que en lo sucesivo impedirá el proceso natural de erosión y recomposición de la playa. Esta imagen lo demuestra.

Escribo esto porque me consta. Estuve ahí con ellos en el año pasado en el 1er. Congreso Ciudadano, Megaminería, Megadesarollos y Derechos Humanos junto con Alejandro Villanueva y el Padre Alejandro Solalinde.

John ha recuperado su libertad y ha renovado su compromiso en la defensa de Punta Lobo y Todos Santos. Su lucha es importante porque están defendiendo los bienes de todas y todos nosotros frente quienes buscan privatizarlos. Preservar las Artes de Pesca es fundamental no solo porque sustentan a decenas de familias en armonía respetuosa con el entorno y además dan identidad y sentido a una comunidad entrañable, siendo un modelo de futuro.

Mientras Guillermo Haro de Profepa, como Rafael Paquiano de Semarnat no tomen acción seguirán siendo cómplices del despojo. Si para algo debe servir la etiqueta de “Pueblo Mágico” es para entender que más allá del folclore y las artesanías, lo mágico reside en las personas que defienden un hermoso y sustentable entorno.

Cuando estuve en Todos Santos platiqué con sus pobladores, asumí su ingeniosa y poderosa consigna, “No solo queremos Tres Santos, Queremos Todos los Santos”. Les invito a conocerles y apoyarles difundiendo esta historia y estando pendientes de ellos en las redes de la comunidad @TruthSantos, Truth Santos en Facebook y www.truthsantos.org

Jesús Robles Maloof

https://www.sinembargo.mx/author/jrobles/

Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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