Con solidaridad para María Amparo, Ricardo y Leonardo.

El dueño de Enfoque noticias le pidió a Leonardo Curzio, su jefe de noticias y conductor del noticiero matutino, que corriera a María Amparo Casar y a Ricardo Raphael (dos reconocidos analistas) de su tertulia semanal. El periodista se negó y presentó su renuncia que fue aceptada por los dueños.

Se vuelve a comprobar que vivimos en un país donde se pide la cabeza de periodistas y comentaristas porque “osaron” usar su razón e inteligencia y criticaron al poder. Y al parecer el poder anda sensible. Si usted escucha la Tertulia en donde Casar y Raphael usaron la crítica, análisis y razonamiento para hablar de asuntos de interés público y por ello criticaron severamente lo que los partidos políticos estaban argumentando en relación con el financiamiento público, se podrá dar cuenta que por tan poco pidieron sus cabezas.

La pérdida del espacio de Leonardo Curzio es un acto de censura a priori. La intención es claramente inhibir la expresión de ideas en un espacio radiofónico.
La democracia constitucional se apoya sobre la fuerte idea de autogobierno ciudadano que reconoce en el pueblo el derecho colectivo a decidir libremente su destino, para lo cual debe tomar decisiones fundamentales.

Con el fin de escoger las mejores opciones de información disponibles (críticas, informativas, veraces, analíticas, subersivas, etcétera), la ciudadanía debe poder acceder a la mayor cantidad posible de información.

La protección de la libertad de expresión tiene por objeto, además de preservar el derecho individual del que se expresa, blindar el derecho de todas las demás personas a conocer la mayor cantidad y diversidad de expresiones posibles con el fin de ejercer su derecho individual a desarrollar su plan de vida en forma autónoma y su derecho colectivo a auto gobernarse. Esta relación entre libertad de expresión, derecho a la información, diversidad y democracia, se encuentra explícitamente reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13. Entonces, un dueño privado también tiene que acatar –más allá de lo laboral- el marco que rige a la nación.

En resumen, la censura, en cualquiera de sus formas es, además de un modo de violar el derecho a la libertad de expresión del que se manifiesta, un ataque al derecho a la información de aquellos que no podremos conocer esa expresión, un modo de socavar la diversidad informativa y, por este motivo, una amenaza al buen funcionamiento de la democracia. La pérdida del espacio de Curzio atenta este eje neurálgico de nuestro sistema político.

Cuando hablamos de censura siempre es prudente recordar que el Estado tiene dos roles por medio de los cuales puede potenciar o debilitar la diversidad de voces y, por tanto, afectar negativamente el libre ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información. Me refiero, por un lado, a su función regulatoria, y, por otro, a su facultad de asignar recursos, dígase alocación de frecuencias del espectro radioeléctrico y dinero para publicidad oficial.

Privar a una persona del acceso a uno de estos recursos como consecuencia del contenido de la expresión, por ejemplo, por ser crítica del gobierno, atenta contra la libertad de expresión de dos maneras: en primer lugar, viola el derecho a expresarse del que se manifiesta, dado que no accede a esos recursos (en el caso citado a los micrófonos) sobre la base de un criterio injustificado y como consecuencia de haber sido discriminado por el contenido de sus ideas; en segundo lugar, afecta negativamente el derecho a la información del resto de las personas que se verán privadas de conocer la más amplia diversidad de ideas, datos y perspectivas por el silencio de aquellos que no han podido acceder a los recursos necesarios o que han callado para no perderlos.

Maximizar el número y la diversidad de voces que puedan participar de la deliberación pública es al mismo tiempo condición y finalidad esencial para un estado democrático.

El periodismo en México tiene graves problemas. Y los tiene porque sus maneras de actuar (y hacer periodismo) no han sufrido ninguna modernización democrática y lo que funcionó en décadas pasadas cuando vivíamos un estado monopartidista y presidencial ahora ya no funciona.

Es inaceptable que un dueño que presume de ser un agente informativo claudique su responsabilidad social ante su audiencia porque a “alguien” no le gustó lo que se dijo en los micrófonos.

En cuántas conversaciones hemos estados varios de nosotros donde colegas afirman que no “llevan la nota” porque no le pueden pegar a tal o cual funcionario porque es amigo del jefe. O bien porque el contrato de publicidad es jugoso. Algunos dirán: “ni modo, así es la realidad y en ella hay que trabajar”, pero ¿en serio es incambiable nuestra realidad de medios y periodismo?

Los dueños de los principales medios de comunicación en México tienen una vena antidemocrática muy arraigada. Y la tienen porque su compromiso con la información veraz y oportuna, así como con los estándares más altos de periodismo dependen de la cercanía con el poder que les reditúe en ganancias financieras. Están más preocupados por obtener contratos comerciales de publicidad oficial, que vivir de su reputación y credibilidad y gracias a su audiencia.

La credibilidad en el periodismo parece no ser negocio para la mayoría de los dueños. Nos hace falta periodistas osados para cambiar y adoptar nuevas reglas entre medios y el poder.

Si seguimos con que “así es nuestro periodismo” y jamás ha cambiado ni cambiará, solamente pido que nos atengamos hasta dónde podemos llamarnos un estado democrático.

Darío Ramírez

https://www.sinembargo.mx/author/ramirez/

Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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