John Joseph Moreno Rutowski pasó más de tres meses en el Centro de Reinserción Social de La Paz, Baja California, en medio del conflicto que sostenía con la empresa Mira, ligada a Jerónimo Gerard Rivero, en el pueblo mágico de Todos Santos. En entrevista con SinEmbargo, el también abogado advierte que el proceso legal contra la inmobiliaria continuará, pese a que ese es el trasfondo de su encarcelamiento.
“Esto [el caso Tres Santos] tiene que llegar a su fin jurídico. Tiene que haber un pronunciamiento de las diferentes autoridades para decir si fue legal o no”, dice el activista que enfrentó la prisión por atreverse a abrir la boca.
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Ciudad de México, 17 de septiembre (SinEmbargo).- John Joseph Moreno Rutowski, abogado y activista, quien pasó 95 días tras las rejas sin pruebas de que haya cometido ilícito alguno rompe el silencio y en entrevista para SinEmbargo dice no tener duda de que detrás del intento de criminalizarlo está la inmobiliaria Mira Companies.
La empresa está vinculada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente de México Carlos Salinas de Gortari, y construye una villa de lujo en la población de Todos Santos, Baja California Sur, a la que se opone la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos.
Desde hace dos años, Moreno representa a los pesqueros opositores al proyecto inmobiliario de 435 hectáreas, al que acusan de afectar el suministro de agua de la zona, de pretender despojar a los pescadores de sus tierras y de provocar daños al ambiente.
Los primeros permisos para abrir paso al desarrollo inmobiliario provinieron de la autoridad federal, específicamente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aunque algunos eran irregulares, señala Moreno.
Un ejemplo de ello, dice, son las autorizaciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo con las que se le dio luz verde a la empresa, a nivel estatal y municipal, para la infraestructura, urbanización y construcción para el proyecto.
«Era obvio que existían irregularidades y que las autoridades no estaban sacando la información a la luz pública. A raíz de esto solicitamos información inherente y relacionada con el desarrollo y el Gobierno municipal se ha destacado por ser opaco, por rechazar brindar la información pública, pretendiendo clasificar la misma como reservada», recrima.
Pese a ello, comenta, encontraron anomalías «de los desarrolladores y por parte de algunos funcionarios».
El activista ambiental se encuentra adscrito al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob). Él y su familia recibieron amenazas de muerte durante el desarrollo de Tres Santos y la defensa de los pescadores.
El acercamiento con la Segob inició a finales de 2016 y en marzo de 2017 fue incorporado al programa.
Dos meses después, el 19 de mayo, John Moreno fue detenido y junto a su cliente Joella Faith Corado, una ciudadana mexicana-estadounidense, por el delito de despojo de un predio.
El litigante señala que la joven diseñadora nada tiene que ver con el conflicto de Tres Santos, que fue usada para incriminarlo en el delito que involucra de un inmueble por el que se mantenía una disputa legal.
Él, como su familia, organizaciones civiles y su abogado, acusa que su proceso está plagado de diversas irregularidades y que su defensa ha podido demostrar que las autoridades de Baja California Sur «fabricaron» pruebas.
«No es la primera vez que la PGJ ha tenido que recurrir a estas prácticas. En diversas averiguaciones previas que tienen en mi contra igualmente recurren a la fabricación de pruebas como son informes ministeriales, quiénes deponen en mi contra, quiénes manifiestan haber realizado diversas diligencias que son inexistentes y todo ello para tratar de establecer elementos y proceder», acusa.
Señala que el proceso penal y la encarcelación no fueron las únicas herramienta que utilizó el Estado para hacerlo a un lado, recuerda que en medios de comunicación locales se difundieron notas en las que se le acusa de fraude, portación de armas e incluso delincuencia organizada:
«Empiezan las difamaciones tremendas a través de medios locales, en redes sociales donde se me acusa de diversos delitos, donde publican videos de supuestos fraudes, donde se me acusa a mí y a mi familia de portar armas, de delincuencia organizada y de una serie de cosas infundadas que son meras falsedades».
El pasado 9 de agosto, el Juez Primero de Distrito en Baja California Sur otorgó el amparo de la justicia federal en favor de Moreno. Doce días después, se celebró la audiencia, que duró más de 4 horas, en la que finalmente se le concedió la excarcelación,»la justicia federal, a través del amparo, reconoció que la situación era indebida e inconstitucional, por lo que se le ordenó tramitar de inmediato la revisión para que se me concediera la libertad provisional».
En términos jurídicos, el activista y abogado se encuentra aún sujeto a proceso, es decir, podría regresar a la cárcel, pero confía en que eso no ocurra y dice tener la certeza de que el motivo de su detención fue el apoyo que dio a los cooperativistas opositores al proyecto de Mira.
«Sin duda, no hay duda al respecto. Lo que se originó simplemente como una inconformidad en ciertos aspectos sociales, se convirtió en una circunstancia de fondo de corrupción de las autoridades. En los meses anteriores a mi detención interpuse una serie de denuncias, tanto penales, administrativas, de nulidad, mismas que atacan los permisos, las autorizaciones que fueron obtenidas –a mi criterio– sin sujetarse a la normatividad aplicable y que por ende se consideran ilegales. No es coincidencia que semanas antes, el presidente de Grupo Mira [Javier Barrios], quien es el responsable del desarrollo inmobiliario Tres Santos, haya recibido al Gobernador y al Procurador de Justicia del Estado [Erasmo Palemón Alamilla Villeda] en sus propias instalaciones […]. Esto sin duda resultó en mi detención», señala.
El abogado ambientalista advierte que pese a las secuelas emocionales que el encierro dejó, salió fortalecido y listo para continuar en la lucha por la protección de los recursos naturales y los derechos humanos de la comunidad de Todos Santos.
«Esto [el caso Tres Santos] tiene que llegar a su fin jurídico, tiene que haber un pronunciamiento de las diferentes autoridades para decir si fue legal o no fue legal», afirma.
Y critica que lo que se vive en el poblado sudcaliforniano «es un microejemplo» de la colusión entre funcionarios y empresas, y de la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos del país.
«Los mexicanos y los sudcalifornianos están hartos de tanta corrupción, de tanta mentira; de que el Gobierno y las autoridades manejen el poder buscando intereses particulares y no propiciando el interés común. Es un ambiente que propicia la impunidad y eso se tiene que acabar […]. Es muy lamentable que los defensores, activistas y periodistas sean objeto de persecución y violencia de cualquier ámbito […], la situación de inseguridad es rampante, está fuera de control».
