Por Cecilia Toledo Escobar, investigadora en @FundarMexico
De aprobarse un presupuesto público que no prevea aumentos al gasto social, ni que tome en cuenta las necesidades de las mujeres en todas sus diversidades, el gobierno mexicano estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de asignar el máximo de recursos disponibles, para garantizar la realización progresiva de los derechos de las mujeres, particularmente del derecho a la salud.
Una de las herramientas de política pública a la que Fundar le ha dado seguimiento desde hace más de 15 años, ha sido el Presupuesto público, por tratarse de un instrumento que da cuenta de las prioridades gubernamentales y la respectiva asignación de recursos públicos para su puesta en marcha.
En esta ocasión, resulta de especial interés darle un profundo seguimiento a la discusión del proyecto de presupuesto de egresos para el 2018, que tendrá lugar en los próximos meses por tratarse del último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, y un año en el que se efectuarán las elecciones presidenciales y legislativas.
Por ello, nos interesa empezar a identificar cómo estarán ordenadas las prioridades gubernamentales en este año y ubicar si el presupuesto que se apruebe para el 2018, podrá garantizar o no los derechos de las mujeres, en particular el derecho a la salud materna, que implica una demanda de diversos servicios públicos que son necesarios para ese periodo de vida de las mujeres y que además, adquiere mayor relevancia
Un dato que nos ayuda a tener idea de cómo puede venir el presupuesto 2018, lo podemos encontrar en el documento de los “Pre-Criterios de Política Económica”[1] elaborados por la Secretaria de Hacienda y que se dieron a conocer en marzo pasado. Dicho texto presenta un listado de los Programas presupuestarios prioritarios para el 2018, de los cuales se destacan al menos 13 programas prioritarios dentro del Ramo de Salud, de los que destaca el relativo a Salud Materna, Sexual y Reproductiva.
De acuerdo con los Pre-criterios, para el 2018 se calcula asignar un presupuesto de 2 mil 237.4 millones de pesos, lo que representa apenas un incremento de cerca de 64 millones de pesos con respecto al 2016. Lo mismo se observa en el caso del Seguro Popular, que sólo aumentaría en cerca de 2 mil millones de pesos para el 2018 con un presupuesto previsto de 70 mil millones 763 pesos.
Hay que tomar en cuenta que actualmente la población de mujeres en México en edad reproductiva representa el 62 por ciento[2] (mujeres en edades entre 15 a 59 años), el 54 por ciento cuentan con afiliación al Seguro Popular y que además, concentra muchos de los servicios, algunos incluso relativos a la atención de urgencias a mujeres y de embarazos de alto riesgo.[3] Ante este panorama desolador para las mujeres, es preciso cuestionar al gobierno mexicano si con esta asignación presupuestal prevista se puede lograr cumplir con las obligaciones internacionales de garantizar el derecho a la salud de las mujeres, y de manera específica a la salud materna, sexual y reproductiva.
Más aún, de mantenerse la tendencia de asignar recursos presupuestales sin aumentos significativos después de la reducción de más del 10 por ciento que se registraron en 2017, el Estado mexicano no estaría cumpliendo con su responsabilidad de asignar el máximo de recursos presupuestales disponibles para la realización de estos derechos de manera progresiva.
Ambas premisas no se han cumplido del todo en los últimos dos años si se mira por ejemplo que México, se ha estancado en lograr disminuir las muertes maternas. Para el 2015, la tasa de mortalidad materna en México era de 38 por cada 100 mil lo cual nos coloca dentro de los países que lograron hacer esfuerzos para disminuir estas cifras, aunque el esfuerzo no es suficiente si se mira la realidad en cada entidad federativa.[4]
Aunado a ello, el segundo nivel de atención que son los hospitales están enfrentando un nivel de saturación que dificulta brindar atención materna de calidad y que se complejiza más en este contexto de recursos limitados.
Actualmente cerca del 96 por ciento de los partos en México se atienden en los hospitales y la posibilidad de desahogar estos partos en el primer nivel, con la atención de parteras profesionales capacitadas para ello. De acuerdo con datos obtenidos por Fundar, entre el 2011 y el 2016 se han contratado 174 parteras profesionales[5], lo cual no alcanza a atender los cerca de 2.400.000 partos anuales que existen en México.
En el contexto del ejercicio del derecho a la salud, y concretamente a la salud materna, la limitación del ejercicio de este derecho por la falta de servicios, de personal especializado, de atenciones adecuadas a las usuarias puede generar consecuencias nefastas en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sufrimientos innecesarios e incluso la muerte.
“Ninguna sociedad trata a sus mujeres tan bien como a sus hombres” es la conclusión a la que llega el Informe de Desarrollo Humano en 1995, luego de analizar los factores que profundizan las desigualdades de género y de hacer un llamado a los Estados para que los reviertan.[6] El Estado mexicano puede romper con esto y mostrar el compromiso con los derechos de las mujeres, aprobando un presupuesto inclusivo que asigne el máximo de los recursos para la realización progresiva de sus derechos.
[1] Disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/precgpe/precgpe_2018.pdf
[2] Inegi. Encuesta Intercensal 2015. Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/2015/doc/eic2015_resultados.pdf
[3] Díaz, Daniela. “Del escritorio a la realidad: la salud materna en México”, pp. 111.150; publicado en Díaz, Daniela y C. Gruenberg (coords). 2016. Presupuesto público, rendición de cuentas y salud materna en México. Gedisa. México.
[4] Numeralia 2014. Mortalidad Materna en México. http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Numeralia_2014_Web.pdf
[5] Solicitud de acceso a la información No. 0001200390516.
[6] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre el desarrollo Humano (PNUD, 1995):86.
