México es un país de instituciones, algunas derivaron de logros ciudadanos, otras no sirven o nacieron para “taparle el ojo al macho” y decir que estamos haciendo algo.  Sin embargo, la institucionalidad de un país como el nuestro, no ha significado menos impunidad y corrupción. Muy por el contrario, estas han adquirido dichas características como si fueran un valor.

Con el paso de los años, expertos, académicos y sociedad civil, han pugnado por instituciones fuertes y eficientes, con un diseño institucional robusto capaz de contrarrestar los grandes problemas del país.  Por ejemplo, ante un cúmulo de opacidad y una cultura patrimonial de la información se crearon instituciones para promover la transparencia y garantizar el acceso a la información; ante un estado incapaz de rendir cuentas, se creó un sistema nacional anticorrupción.

No obstante, los grandes diseños en el país no siempre han generado grandes cambios, tampoco más desarrollo.  Hasta la fecha, las “reformas estructurales” de Enrique Peña Nieto no han significado cambios en nuestra vida, seguimos viendo desigualdad, pobreza, violencia, corrupción e impunidad. Lo que sí hemos experimentado es la reducción de libertades ante un estado de inseguridad que nos hace cuestionarnos, incluso, si podemos hablar con el vecino o salir de vacaciones a determinado lugar.

Ahora México está entre la vida y la muerte.  La guillotina está cerca y solo una rebelión puede salvarlo. Jueces que solo ven para sí, presentaron un proyecto de sentencia y cambiar el veredicto podría convertirlo en un gran adversario; por eso buscan su muerte.

La semana pasada la bancada priista en el Senado (los jueces), confirmó su convicción de otorgar el pase automático de Raúl Cervantes (el verdugo) a la Fiscalía General de la Nación (FGN) y un grupo de senadores panistas, temerosos del revire de la guillotina, se han unido a la causa. Esta suma puede representar la condena definitiva e inatacable a México.

El ejercicio de libertades está directamente relacionado con la seguridad y esta con un estado de derecho, por esto la reforma de la Fiscalía General de la República es la cereza del pastel, la joya de la corona. Lograr una Fiscalía que sirva sería ganar la revolución de nuestros tiempos, sería el resultado de una rebelión que puede salvar a México (obviamente, como en toda revolución existen los que quieren mantener las prerrogativas que les otorga el status quo).

Así, todo empieza en una batalla y ahora la tenemos de frente, la del 102[1]; de esta victoria depende la condena. Como dice Ana Laura Magaloni requerimos “1) que se termine con el pase automático de Procurador a Fiscal, 2) que se elimine el artículo transitorio que establece que la Fiscalía General heredará en automático todos los recursos humanos, materiales y presupuestales de la PGR y 3) que se establezca un proceso de transición gradual entre la PGR y la FGR”[2]. Las tres condiciones representan la brecha entre la vida y la muerte de nuestro país y cada uno de los integrantes del Senado, es responsable del resultado.

Esta es la oportunidad de las y los Senadores de ganarse la “H” antes de su nombre. Ser “honorable” no es solo una cuestión de autoestima y aplausos de amigos y cercanos, requiere el reconocimiento social.

[1] El primer paso para lograr la autonomía de la Fiscalía General de la República (ahora PGR) es la reforma al artículo 102 Constitucional.

[2] MAGALONI, Ana Laura “FGR: lo que está en juego”, Reforma, 02 de septiembre de 2017, http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=119310&po=3.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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