En la pasada colaboración en SinEmbargo abordé lo que llamé el “modelo infame” de financiamiento electoral que está construido con un criterio progresivo que aumenta los presupuestos cuando cualquier persona se acerca al Registro Federal de Electores para ser dado de alta –independientemente de que el solicitante luego retire o no la credencial de elector-, y es que el multiplicador se activa hasta el infinito desde que esta credencial asumió el carácter de carnet de identidad.
Bien, pues esto, que sigue siendo una realidad en todo el país, a partir de 2019 podría empezar a cambiar, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió esta semana que la iniciativa ciudadana #SinvotoNoHayDinero es constitucional en el estado de Jalisco.
El modelo de financiamiento vigente que se utiliza para alimentar a los partidos en elecciones federales y estatales, recordemos, ha provocado un incremento espectacular del dinero público invertido en la organización de las elecciones. Sólo en 2018 se gastarán oficialmente 6 mil 788 millones de pesos que la federación entregará a los partidos políticos nacionales, más un aproximado de 6 mil millones que se desprenderán de los estados y municipios a esos mismos partidos más, donde los haya, a las formaciones estatales y los candidatos independientes, y por si eso fuera poco, estarán los recursos privados legales que contempla la ley y el costo de los tiempos fiscales en medios de comunicación.
O sea, redondeando la cantidad dedicada a las elecciones, podría superar fácilmente los 20 mil millones de pesos, una cantidad exorbitante que demuestra lo que ya se sabe: que quizá tenemos la democracia electoral más cara del mundo. Pero si esa cifra provoca molestia hay otra produce algo de alegría.
Pedro Kumamoto, el joven Diputado independiente de Jalisco, presentó este año una iniciativa de ley destinada a corregir esta anomalía financiera, y logró el pasado 1 de junio pasado que el Congreso tapatío aprobara una reforma de fondo que consiste que en “años electorales se deberá multiplicar el 65 por ciento de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) por el número de votos obtenidos durante la última elección, mientras que en años electorales será el 20 por ciento de la UMA multiplicado por el padrón electoral”, o sea, a partir de 2019 será la UMA y no los salarios mínimos los que definan los presupuestos electorales.
La UMA, nos dice INEGI, es una referencia económica aprobada y usada desde el 27 enero de 2016 y fue introducida para sustituir el esquema de veces salario mínimo (VSM), con el que se calculaba el pago de diversas obligaciones de gobierno.
Que dicho en pesos y centavos en el caso de Jalisco, un estado que tiene un padrón electoral aproximado de 5 millones 700 mil registros, significará que este deja de tener los salarios mínimos para determinar el presupuesto anual de los partidos políticos y en la siguiente elección local a 2018 será de 47 pesos por cada voto que se emita y se distribuirá en forma directamente proporcional a los votos recibidos por cada partido. O sea, para que vaya dinero a los partidos, no sólo debe haber empadronados, sino, lo más importante, que haya votos. Una iniciativa de este calibre, nos dicen, representará un ahorro al erario público de 556 millones en los primeros tres años que podrían ser destinados a políticas sociales.
Sin embargo, era de esperar reacciones en contra por parte de los partidos, y fue el insaciable PVEM el que inicio una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, argumentando que los congresos estatales no tienen competencia en materia de definición de los presupuestos electorales, lo que resulta un contrasentido cuando el 115 constitucional expresamente señala que una de las funciones de las legislaturas estatales precisamente son el diseño de la política de ingresos y el presupuesto de egresos, y velar por la buena aplicación –y, quizá eso sustancie una controversia constitucional que en breve presentarán el PAN y PRD ante la SCJN por el traslado de competencias fiscalizadoras del Congreso al Gobierno de Sinaloa.
Los ministros de la Corte revisaron el caso detenidamente y resolvieron siete votos a favor y contra cuatro la iniciativa del Diputado independiente, lo que significa la legalidad del acto jurídico, y eso es una buena noticia, pues con este antecedente pueden multiplicarse las iniciativas en la federación y los estados. Sobre todo cuando ven impotentes cómo se reduce el gasto del Gobierno mientras el crecimiento en materia electoral es progresivamente abusivo.
Esta reforma es más de fondo que aquellas iniciativas, como las recientemente aprobadas por el Congreso del estado de Sinaloa, que reducen el número de diputados y regidores buscando reducir el costo de la representación, pero no cambian la fórmula de salarios mínimos versus padrón electoral en la definición de los presupuestos asignados a los partidos políticos.
Se podrá decir que la resolución de la SCJN llega tarde porque no tendrá efectos prácticos en los comicios concurrentes tapatíos de 2018, y porque su constitucionalidad estaría limitada a ese estado del occidente mexicano, incluso la inequidad de la llamada “doble bolsa” que reciben los partidos nacionales en perjuicio de los partidos locales o los eventuales candidatos independientes.
Esto es cierto, sin embargo, desde nuestro punto de vista, el mayor riesgo que podría traer la reducción de los presupuestos electorales sería que se incremente el financiamiento privado en su variante ilegal y en ese sentido Jalisco, Lavajara como llama nuestro colega Diego Petersen a Guadalajara, podría ser un excelente laboratorio de esa sí competencia desleal.
En definitiva, la iniciativa de Pedro Kumamoto es loable, demuestra que cuando hay voluntad política de cambiar las cosas es posible, ahora se necesitan políticos que echen hacia adelante los cambios en la federación y el resto de los estados, y es una cuestión que urge a los gobiernos que se encuentran fuertemente endeudados o en bancarrota y que por una urgencia pública deben modificar esos presupuestos que son verdaderamente escandalosos cuando no limitantes para llevar políticas públicas de amplio beneficio social.
Es cuánto.
