En 2010, cuando la guerra contra el narcotráfico se tornó en un escenario de sangre y una atmósfera de miedo, ocurrió uno de los hechos más atroces de nuestra historia reciente -algunos recuerdan Ayotzinapa como tal pero lo cierto es que ya venían ocurriendo diversas atrocidades que no tuvieron tanta cobertura y resueno a nivel nacional- me refiero a la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Este suceso horrible, fue el resultado de una serie de hechos que venían ocurriendo y que el gobierno mexicano no quiso ver o no quiso atender. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había alertado sobre el secuestro masivo de migrantes, había señalado la ruta -donde se encontraba San Fernando- y el modus operandi del crimen organizado para captar los camiones que tenían como destino la frontera con los Estados Unidos.

La ejecución de los 72 no fue suficiente, esta primera masacre fue un  suceso seguido por otros aún más violentos -tal vez aún no sepamos qué tanto- pero, después de ese agosto de 2010, se encontraron una serie de fosas clandestinas, en el mismo municipio, de las que se exhumaron 193 cuerpos (2011); después, en 2012, se descubrió la evidencia de una masacre más en Cadereyta, Nuevo León, donde se encontraron los torsos de 49 personas. Más de 300 hombres y mujeres que salieron de sus países (o su estado) por el hambre y  los altos  niveles de violencia a los que se enfrentaban encontraron más violencia, la bienvenida que les dio nuestro país fue la muerte.

Esta semana, tuve la oportunidad de conocer a Glenda, una mujer Guatemalteca que perdió a su padre Efraín, su hermano Richard y su hermana Nancy en el primero de estos sucesos. Siete años después y sus ojos siguen cristalizados, tristes, cuando le pregunté sobre sus demandas, contestó ¡quiero saber la verdad!.  A lo largo de su camino por encontrar justicia, se ha topado con un número de trabas que van mucho más allá de una película de ficción.  La que más me sorprendió es que al recibir el cuerpo de Nancy, los oficiales le pidieron no abrir el ataúd, ella no estuvo de acuerdo, lo abrió y encontró agua y bolas de papel.

Otro asunto que me deja perpleja es la capacidad del estado para utilizar las leyes de derechos humanos para restringir derechos y no para garantizar. En su lucha por la justicia, la Fundación por la Justicia (FJEDD) -abogados de algunas de las víctimas de la masacre-  no han tenido acceso irrestricto a los expedientes criminales. Como defensa de las víctimas han tenido que litigar el acceso y aún ganado el litigio, esta es la información que recibieron:

Aludiendo supuestamente a la Ley de Transparencia, la autoridad restringe parte del expediente con un argumento falso de confidencialidad que, conforme a los códigos penales, no le es aplicable a las víctimas o inculpados ¿cómo aportar pruebas, defender o entender lo que la autoridad ha hecho con tan poca información?

Aunado a esto, la masacre de San Fernando sigue sin ser considera como un hecho que supone violaciones graves a derechos humanos. Solamente la CNDH, después de un amparo en su contra, clasificó el caso para efectos del acceso a la información y esta pendiente ver si regresaremos al círculo vicioso del párrafo anterior: hojas ilegibles, completamente testadas.

Finalmente, si las víctimas no han obtenido información sobre lo que sucedió, mucho menos la sociedad. Hasta la fecha, un hecho horroroso como este no ha merecido que las autoridades rindan cuentas. Incluso, después de cinco años, el acceso a la versión pública del caso sigue siendo un tema a discutir en la Suprema Corte de Justicia.

Las violaciones a derechos humanos en contra de las personas migrantes no han cesado. Por esto, el gobierno mexicano debe rendir cuentas sobre lo ocurrido ¿qué hizo o dejó de hacer? ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿qué autoridades participaron activa o pasivamente? ¿quiénes son los responsables y cómo se determinó su responsabilidad?

La verdad para las víctimas y la sociedad es necesaria para mirar hacia delante, un país sin verdad es un país condenado a la repetición de los hechos.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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