César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, es el único de los ex gobernadores priistas –cuya expulsión del partido fue solicitada– que no ha sido suspendido de sus derechos partidario ni expulsado, comenta Armando Barajas Ruiz, autor de la solicitud de expulsión, presentada el 22 de julio de 2016.
“Esto nos dice que le están dando privilegios, un trato preferencial, distinto a los demás”, afirma el integrante de la corriente Solidaridad, organización adherente del PRI.
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Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– En su pasada Asamblea Nacional Ordinaria, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobó una ampliación a su código de ética para impedir que los gobernantes emanados de sus filas, entre otros actos de corrupción, incurran en “malversación de fondos, desvío de recursos o endeudamiento injustificado de los entes públicos”.
Los delegados que participaron en la mesa de la que surgió el cambio, dijo la priista chihuahuense Graciela Ortiz al presentar el dictamen en la sesión plenaria de la asamblea, “fueron enfáticos en rechazar las conductas deshonestas” que han “lastimado” la imagen del priismo.
En la actual Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional priista, sin embargo, cumplió ya un año sin resolución una petición de suspensión de derechos partidarios y posterior expulsión del ex Gobernador chihuahuense César Duarte Jáquez.
“Es el único [de los ex gobernadores priistas cuya expulsión del partido fue solicitada] que en este momento no ha sido suspendido de sus derechos partidario ni expulsado; los otros fueron ya expulsados”, comenta Armando Barajas Ruiz, autor de la solicitud de expulsión, presentada el 22 de julio de 2016.
“Esto nos dice que le están dando privilegios, un trato preferencial, distinto a los demás”, agrega el integrante de la corriente Solidaridad, que es una organización adherente del PRI.
La expulsión de César Duarte fue parte de una serie de peticiones de procedimientos internos en el partido iniciados desde el año pasado contra los entonces todavía mandatarios priistas con las mayores denuncias de corrupción, como el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y el quintanarroense Roberto Borge Angulo.
Entre sus argumentos para pedir la expulsión, Barajas mencionó que las prácticas de corrupción atribuidas a los tres ex mandatarios –que además dejaron las deudas públicas más abultadas del país– fueron causa de las derrotas del tricolor en junio de 2016.
“Constituyen un hecho público y notorio y que influyeron negativamente en las elecciones constitucionales locales en perjuicio de nuestro instituto político”, dice el texto de la demanda.
El primero en ser expulsado fue Duarte de Ochoa, cuyo procedimiento concluyó en la Comisión de Justicia Partidaria desde septiembre del año pasado, mientras que a Borge Angulo se le suspendieron los derechos partidistas en diciembre y, en junio pasado, poco después de su arresto en Panamá, fue expulsado oficialmente del partido.
Duarte Jáquez, por su parte, continúa en las filas del PRI y también prófugo de dos órdenes de aprehensión giradas por probables delitos de peculado cometidos durante su Gobierno en Chihuahua, entre 2010 y 2016, así como por probables ilícitos electorales.
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LOS ELOGIOS DE PEÑA
Además de las acusaciones penales y haber acumulado las deudas públicas estatales más abultadas en los últimos años, los tres mandatarios fueron, en 2012, elogiados por el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto, que los mencionó como ejemplo del proceso de “renovación interior” que vivía el PRI.
“Tú observas hoy los gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes o actores de la nueva generación política: el Gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, Gobernador de Chihuahua…”, dijo Peña Nieto en mayo de 2012, cuando, en una entrevista de televisión, se le pidió poner “nombres” a su afirmación de que el partido se estaba renovando.
Otro que elogió a Duarte fue su ex compañero en la LX Legislatura, el hoy Senador priista Emilio Gamboa Patrón, que en enero de 2015, cuando estaba ya interpuesta ante la Procuraduría General de la República la denuncia por peculado contra el chihuahuense, dijo que era “un hombre limpio”.
Y, de acuerdo con el hoy Gobernador panista Javier Corral, goza también de la protección del actuar Canciller y ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
“Tiene la amistad y la cercanía de Luis Videgaray. Evidentemente de Emilio Gamboa. Emilio Gamboa es el protector de César Duarte. No se le olvide que el que organizó hoy, incluida la estrategia calumniadora se llama Emilio Gamboa Patrón. Y entonces, Emilio Gamboa Patrón es su padrino, lo hizo candidato y es su actual protector”, dijo Corral a SinEmbargo en 2015.
“Entonces, debo decirle que con base en esa protección y con base con esa relación con Luis Videgaray es que se le autoriza el banco. No le estoy dando una especulación. El Gobernador de Chihuahua reconoció públicamente que tramitó, gestionó, promovió y consiguió del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el apoyo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le diera la primera autorización como banco a Unión Progreso”, agregó el hoy mandatario.
En la entrevista, Barajas Ruiz atribuyó la tardanza en el proceso a la “omisión” de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, a cargo de Fernando Elías Calles.
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