A dos años de haber sido demolidas sus casas, 150 familias de la comunidad La Colorada, en Chalchihuites, Zacatecas, reclaman a la minera Plata Panamericana, subsidiaria de la empresa canadiense Panamerican Silver Corp Mexico, que les reconozcan la propiedad de los terrenos e indemnicen los perjuicios.
La mina “La Colorada”, ubicada en la cordillera de la Sierra Madre en Zacatecas, extrajo mil 300 toneladas diarias en el 2014, y en unos meses pretendía alcanzar mil 800, de los cuales se obtiene plata, oro, plomo y zinc.
No hay planes para que la empresa se vaya pronto. La minera invirtió 163 millones de dólares entre el 2014 y el 2017 para la construcción de nueva infraestructura.
Al tiempo que autoridades locales del Partido Revolucionario Institucional, como el presidente municipal de Chalchihuites Manuel Rosales Pérez, intenta calmar la indignación con despensas, denunciaron apoderados legales de la comunidad.
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Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Pobladores de la comunidad La Colorada señalaron haber sido descartados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante su demanda de ser despojados de sus propiedades por la minera Plata Panamericana.
“La comunidad era hecha y derecha, tenía todo. Y nosotros vivíamos ahí de la agricultura y la ganadería. Y la llegada de esta empresa lo cambió, llegaron ofreciendo trabajo y pensamos que las cosas iban a mejorar pero no fue así”, dijo Moisés Guerrero Pasilla, apoderado legal de la comunidad.
Al menos 47 comuneros interpusieron el año pasado una demanda en el Juzgado de Distrito Agrario de Zacatecas para reclamar terrenos que han sido apropiados por la empresa, de acuerdo con la versión de dos de los apoderados legales de la comunidad.
La respuesta legal se dio después de que al menos 150 propiedades fueron demolidas en el 2015 por la empresa, señalaron los comuneros.
Plata Panamericana buscaba trasladar a estas personas a casas en otro punto de la localidad.
“Ellos empezaron a construir una zona habitacional. No teníamos la idea de que era para destruir nuestra comunidad. A raíz de eso nos dijeron que nos iban a cambiar a este complejo. Nosotros preguntamos por qué nuestras casas iban a ser derrumbadas”, relató Miguel González, otro apoderado legal de la comunidad.
Alrededor de 250 pobladores fueron trasladados a las nuevas instalaciones, se trataba de unas casas de lámina, que no contaban con condiciones dignas de vida, señaló David Cayetano, miembro de la Red Internacional de Defensores de los Pueblos Indígenas, quien acompaña a la comunidad en su oposición a la mina.
Los locales aseguraron que la empresa se apoderó de tierras, incluidas aquellas donde habían construido sus casas desde hacía décadas atrás.
A la fecha, los comuneros denuncian que Plata Panamericana no cuenta con las escrituras de estas tierras, cuya clasificación debía ser la nacional.
En tanto que la mina alega estar registrada en el Registro de la Propiedad del municipio cercano Sombrerete, y estar sobre 8 mil 395 hectáreas, que se componen por 56 tierras solicitadas para minería, de las cuales 7 aún esperan un título, de acuerdo con el reporte Técnico Preliminar para la expansión de la Mina La Colorada.
González relató que pese a los intentos de denunciar la demolición encontraron la desatención por el Ministerio Público más cercano que corresponde al municipio de Sombrerete. Y tampoco la encontraron cuando el caso llegó a oídos de la Secretaría de Gobernación estatal.
De acuerdo con las palabras dadas por Carlos Bárcenas Pous, titular de la Secretaría de Economía de Zacatecas, durante un evento el 27 de enero, la mina consolidó la generación de empleos en la zona. Al menos 740 directos y mil 250 indirectos.
“Juntos, autoridades y empresa, contribuimos al desarrollo de las comunidades donde trabajan las minas, porque para nosotros las localidades y los trabajadores son nuestros socios y crecemos juntos”, correspondió el Presidente de la mina Ross J. Beaty.
No obstante, a los ojos de los comunitarios la empresa de origen canadiense les ha cerrado las puertas para dedicarse a otras actividades que no sean la minería.
“A mi mamá por ejemplo, el ingeniero Juan Villegas González [gerente general] le prohibió vender comida a los empleados de la mina, les dijo que los despediría si compraban”, denunció González.
En tanto que el Presidente Municipal de Chalchihuites Manuel Rosales Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, les ha llegado a ofrecer despensas a los inconformes, dijo Guerrero.
Plata Panamericana no tiene planes de irse de La Colorada.
Un proyecto de expansión iniciado en el 2013 hará que la mina pase de procesar mil 229 toneladas por día a mil 800 al final del 2017. Por lo tanto, se espera un aumento en la producción anual del 64 por ciento, hasta llegar a 7.7 millones de onzas de plata en el 2018.
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VIOLENCIA CONTRA POBLADORES
La empresa canadiense ha sido señalada en reiteradas ocasiones de utilizar a las fuerzas de seguridad privada para someter a los pobladores.
Tenemos unos corrales con marranos y vacas. Cuando en eso, Karla Sosa, la de recursos humanos de la minera manda a vigilancia a que quitemos los animales de ahí, porque iba a haber una medición de los terrenos”, dijo González.
Estos mismos guardias son los que someterían a los locales a cumplir con un reglamento para quienes viven en las casas construidas por la mina para sus trabajadores.
La rigurosidad queda a criterio de la empresa. Una copia del reglamento entregada a este medio devela que la comunidad pese a ser rural sólo puede contar dentro del complejo residencial con gatos, perros o peces.
No se permiten fiestas afuera de las casas, y el volumen de cualquier radio debe ser apagado a las 11 de la noche. No hay espacio para los negocios ni las tiendas, ni la modificación de ninguna de las propiedades.
A cambio, las viviendas se hayan equipadas con aparatos electrodomésticos y los gastos de servicios corren por cuenta de la empresa, según se constató en el contrato de comodato celebrado entre un trabajador y la empresa Argentum Panamericana.
La instalación de megaproyectos es uno de los principales causas de violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, realizado con la colaboración de más de 100 organizciones civiles durante la visita de representantes de Naciones Unidas, en México se constaron al menos 60 casos de violaciones de derechos humanos por empresas.
“Una preocupación que se expresa repetidamente en este documento es que el Estado está sujeto a los intereses de las empresas y que en la práctica no se aplican los marcos de políticas ni se cumplen los compromisos”, apuntó el informe presentado en junio.
