La lista y los “posibles” agravios políticos se acumulan en la administración de Enrique Peña Nieto. Desde gobernadores hasta miembros de su gabinete, pasando por los diputados y senadores de los dos partidos que, aliados, gobiernan en México a nivel federal y local [el Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México], son 34 personajes los que han abonado a que el olor a corrupción en este sexenio sea muy difícil de ocultar.
Son los protagonistas de la “presunta” corrupción de este sexenio, y que están señalados por delitos como enriquecimiento ilícito, vínculos con el crimen organizado, conflicto de interés y malversación de recursos públicos.
Sin embargo, a la justicia mexicana poco parece importar la magnitud de los hechos o lo evidente de sus actos. Quienes integran esta lista gozan de diversas opciones: seguir en su puesto, olvidarse de su cargo público y desaparecer, desaparecer y luego volver a otro puesto, o fugarse y esperar que la justicia de otro país no actúe en su contra.
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Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).– El domingo pasado, el diario brasileño O’Globo publicó que, de acuerdo con las declaraciones de Luis Alberto Meneses Weyll, director de la empresa Odebrecht México, Emilio Lozoya Austin recibió 10 millones de dólares en marzo de 2012 a cambio de otorgarle obras de la Refinería de Tula.
La entrega de ese dinero coincide con la participación de Lozoya Austin en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 2012, y también con los tiempos en que Lozoya era Presidente del Consejo de Administración de OHL México, cargo que dejó para presidir Petróleos Mexicanos (Pemex), desde el 2 de diciembre de 2012.
Fue justo por los escándalos de corrupción de OHL, que se hicieron públicos en 2015, que Lozoya tuvo que dejar su puesto al frente de la petrolera mexicana. La acusación se repitió: de acuerdo con unos audios anónimos, Emilio Lozoya había operado para beneficiar a OHL con obras públicas.
Luego de ese episodio, José Antonio González Anaya tomó las riendas de Pemex y de Lozoya no se volvió a tener noticia, hasta que la investigación sobre las operaciones de Odebrecht en México fueron avanzando en Brasil –aquí la Procuraduría General de la República (PGR) reservó la información relacionada con los sobornos hasta 2022–.
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Este es el caso más reciente de los 34 que SinEmbargo detectó en un grupo compuesto por ex gobernadores y mandatarios en activo, ex miembros e integrantes actuales del gabinete y de diputados y senadores del PRI y del PVEM.
A pesar de que la “casa blanca” de la familia presidencial saliera a la luz desde 2014 y detuviera la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para luego promover la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el destino de este grupo parece ajeno a la alta percepción de corrupción e ilegalidad.
Son mujeres y hombres que actualmente no enfrentan ningún cargo, otros abandonaron sus puestos, y algunos más decidieron quedarse en sus cargos incluso sin dar cara a los señalamientos por diversos delitos.
También están quienes enfrentaron señalamientos oficiales pero el alcance fue limitado. En el caso de algunos ex gobernadores, tuvieron la oportunidad de abandonar el país y fue la justicia de otras naciones la que los alcanzó.
Frente a la nueva acusación que enfrenta Lozoya Austin, sociedad civil y partidos políticos cuestionan a la PGR sobre cómo tomará cartas en este asunto, y también le reclaman por su omisión frente a otras denuncias consideradas graves, pero que para el brazo de la Fiscalía mexicana se han quedado muy cortas.
Esta es la lista completa.
