La movilización de organizaciones de la sociedad civil para exigir castigo al sacerdote Pedro Gutiérrez (conocido como “El Papi”) y pedir la atracción del caso Ciudad de los Niños a la PGR, provocó que el gobierno de Miguel Márquez en Guanajuato investigara el caso. Pero, hasta el momento, sólo ha abierto siete carpetas de investigación de casos de niños donde se presume hechos delictivos, ninguna de ellas involucra al religioso.
Sobre el caso de las dos niñas del albergue desaparecidas, Aída Benítez, directora del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia, se niega a responder a la petición de información. La única información que se ha vertido al respecto es que las menores fueron resguardas originalmente en el DIF Municipal de San Luis de la Paz por ser víctimas de maltratos en su hogar.
Redim ha dicho que encuentra muchas similitudes entre lo que sucede en los albergues de Pedro Gutiérrez Farías y el de Rosa Verduzco en Michoacán, elaboró un cuadro comparativo entre los dos casos: Ambas fueron apoyadas por Vicente Fox y la Fundación Vamos México y los niños fueron registrados como hijos de los directivos de ambos albergues sin que mediaran juicios de pérdida de patria potestad y con aquiescencia del Registro Civil.
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Por Teresa Segura, Ernesto Méndez y Kennia Velázquez
León, Guanajuato, 27 de julio (SinEmbargo/ZonaFranca).– Pese a los reiterados señalamientos contra el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, director de los albergues La Ciudad de los Niños en Salamanca, por abusos, desapariciones y omisiones, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato aseguró que no ha encontrado indicios para investigarlo en lo personal y sólo investiga maltrato a siete niños.
Ayer, activistas de Redim y de Nima,organizaciones de defensa de los derechos de menores, solicitaron la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) y la detención del sacerdote, rechazando lo que llamaron “fuero clerical”.
En rueda de prensa a la que se convocó de última hora la tarde del miércoles, el Subprocurador de Investigación Especializada de Guanajuato, Manuel Ángel Hernández Hernández, junto con el director del Sistema DIF Estatal, Alfonso Borja, informó que sólo se han abierto siete carpetas de investigación de casos de niños donde se presume hechos delictivos, aunque ninguna directa contra el sacerdote.
Dijo que el Ministerio Público no tiene ha abierto ninguna investigación contra Gutiérrez Farías porque al momento no se ha encontrado nada, eso se determinará cuando concluyan las investigaciones, que de detectar responsabilidades penales contra él o contra la madre Hortensia, otra de las señaladas, se ejecutarán.
“Tenemos que justificar que hay delito y que hay un responsable, no solo porque esté a cargo del albergue y sea el responsable lo tenemos que hacer, de hacerlo así adelantaríamos juicios”, dijo.
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Al cuestionar al director del Sistema DIF Estatal, Alfonso Borja Pimentel si hay alguna protección política para el sacerdote, con lo cual se justificaría que no haya ninguna acción legal en su contra, el director de Comunicación Social de Gobierno del Estado, Enrique Áviles interrumpió, a pesar de que la pregunta fue directa para el funcionario estatal.
Pidió a la reportera que lo dejará puntualizar antes que el director. “Aquí no hay intención alguna de encubrir, pero tampoco vamos a fabricar culpables, aquí se está haciendo un trabajo puntual que requiere de tiempo. No podemos hoy culpar a nadie, no podemos crear culpables, eso no lo vamos a hacer pero tampoco vamos a permitir que aquel, o aquella persona que haya abusado de un menor este libre, ahí va todo el peso de la ley, no protegemos a delincuentes”.
Por su parte, Alfonso Borja respondió al cuestionamiento con un simple: no. Cuestionado si podría interponer alguna denuncia contra el sacerdote por la serie de señalamientos, tajante dijo que su labor es con los menores, y le correspondería a la PGJ realizarlo.
SIETE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
El Subprocurador de Investigación Especializada, mencionó que otra investigación que pudiera derivarse es de la revisión a los tramites que hizo el sacerdote Pedro Gutiérrez, ante el registro civil para registrar como sus hijos a alrededor de 134 niños del albergue.
“Hay que ver si hay delito de por medio que puede ser un delito contra la filiación del estado civil (…) Estamos recabando documento donde conste que se estuvo alterando la filiación de los menores, por eso no puedo asegurar con certeza que hay o no hay delito, primero hay que dar oportunidad para integrar. En eso consiste el delito, que hayan acudido al registro civil a realizar un nuevo registro”, indicó.
Las siete carpetas de investigación se están integrando derivaron de los expedientes que físico, sicológicos, emocionales, medica, educativa y social, que integró el DIF.
El Subprocurador comentó que desde el 2016 comenzaron a investigar la Ciudad de los Niños por una denuncia anónima que recibieron sobre malos tratos y abusos a los menores, investigación de la cual se pueden derivar más carpetas de averiguaciones.
Desde entonces dijo que han estado realizando entrevistas con los menores para conocer lo que sucede al interior del albergue, sin embargo no dio detalles porque dijo que la ley no se lo permite.
Al cuestionar a Borja Pimentel sobre cuántas visitas de inspección ha realizado el DIF Estatal a la Ciudad de los Niños, dijo, sin precisar número, que fueron “varias” en el 2016, y que también hubo previas a la denuncia que se recibió en el 2016, y nunca se identificó los abusos de los que han sido víctimas los menores, “si se hubiera hecho, se hubiera actuado como en cualquier caso, con una denuncia como corresponde”.
Borja comentó que al 2016 se registró una población de 106 niños, niñas y adolescentes, e incluso adultos mayores dentro de la Ciudad de los Niños en Salamanca, y a lo largo de este año se registraron varias salidas.
Dijo que desde la intervención del DIF Estatal, no se ha registrado ninguna baja en el albergue, y la población es de 67.
“Se han presentado seis padres de familia que han acudido a realizar visitas como de costumbre, y solo tuvimos el caso de una mamá que solicitó llevar su hijo con ella, le explicamos el proceso, ella accedió, entiende y comprende la importancia de diagnosticar sus derechos”, mencionó.
Organizaciones de la sociedad civil dicen #NoAlFueroClerical
Las organizaciones de la sociedad civil: Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Nima, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, Ludoarte A.C. y Salud, Arte y Educación, A.C. dijeron en rueda de prensa que “las omisiones y complicidades en el gobierno de Guanajuato con la jerarquía católica, apuntan a la re victimización de niñas, niños y adolescentes, a través de un pacto de impunidad frente a este grave descubrimiento, que antepone la palabra y las relaciones políticas de los abusadores y pederastas sobre el Interés Superior de la Niñez.
Por eso, “siendo congruentes con el llamado del Papa Francisco quien ha comprometido a la Iglesia para no tolerar más curas pederastas, exigimos”: que se detenga al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y quienes resulten responsables, para que respondan a las acusaciones y de ser encontrados culpables sean procesados por los delitos cometidos, dando fin con esto a lo que ellos llaman fuero clerical.
DIF NIEGA INFORMACIÓN DE NIÑAS DESAPARECIDAS
Aída Benítez, directora del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia, se niega a responder a la petición de información realizada por regidora priista Leticia Martínez sobre paradero de dos niñas desaparecidas del albergue Ciudad de los Niños en Salamanca.
Leticia Martínez denunció una vez más ante el pleno del Ayuntamiento de San Luis de la Paz y medios de comunicación que la directora en mención se ha negado a proporcionarle información sobre lo que ha ocurrido con las dos menores desaparecidas.
La Edil mencionó que el argumento que le ha dado la funcionaria es que el Ministerio Público le dijo que no debía dar información, ya que se encontraba en proceso la investigación y esto era con la finalidad de no entorpecer la misma.
Esta situación se ha llevado en más de una ocasión al pleno del Ayuntamiento, sin embargo, la Edil denunció que ha encontrado eco prácticamente nulo en el alcalde Guillermo Rodríguez Contreras, ya que este sólo se limita a escucharla y una vez que termina de exponer, pasa al siguiente punto, sin darle ninguna respuesta a su reclamo de investigar que ha ocurrido con las dos menores.
La única información que se ha vertido al respecto es que las niñas fueron resguardas originalmente en el DIF Municipal por ser víctimas de maltratos en su hogar.
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SIMILITUDES CON MAMÁ ROSA
Redim, Nima y otras organizaciones, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso por repetir el mismo patrón del caso de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán. El vocero del gobierno de Guanajuato, Enrique Avilés dijo que están en comunicación con la PGR y abiertos a que atraiga el caso “nosotros tenemos toda la disposición”.
Sin embargo, Avilés dijo que “no podemos comparar este caso con el de Mamá Rosa, no queremos que llegue a una situación en la que se hablaba de tráfico incluso de personas” y dijo que las situaciones son muy diferentes.
Redim ha dicho que encuentra muchas similitudes entre lo que sucede en los albergues de Pedro Gutiérrez Farías y el de Rosa Verduzco en Michoacán, elaboró un cuadro comparativo entre los dos casos:
-Ambas fueron apoyadas por Vicente Fox y la Fundación Vamos México
-Ni en Guanajuato, ni en Michoacán hay políticas efectivas de fortalecimiento familiar.
-Niñas y niños fueron registrados como hijos de los directivos de ambos albergues sin que mediaran juicios de pérdida de patria potestad y con aquiescencia del Registro Civil.
-Se tratan de desacreditar los testimonios de los niños y niñas.
-Hay casos de desapariciones.
-No se documentó caso por caso la situación de los menores asilados.
-Ha habido trato privilegiado para Rosa Verduzco y Pedro Gutiérrez, por lo que han evitado la acción de la justicia.
-Asilos con grandes cantidades de niños y niñas.
-Se observa omisión y aquiescencia en violaciones del derecho a vivir en familia, identidad, así a una vida libre de violencia y a la integridad personal por parte del DIF- Estatal de Michoacán y Guanajuato y el DIF Municipal de Salamanca.
