El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA) exigirá a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca, dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, tras presentar un informe en el que se da cuenta de cómo, desde hace 40 años, el padre Gutiérrez Farías, alias “Papi”, abrió el primer albergue y a través de adopciones irregulares a políticos y funcionarios, fue ganando el poder suficiente y la protección de las instituciones de gobiernos panistas, frente a las denuncias que eran ignoradas.de las irregularidades.
A pesar de que los familiares de las víctimas intentaban interponer denuncias ante el Ministerio Público de Salamanca y del estado de Guanajuato, estas no eran admitidas o sencillamente se desechaban.
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Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- Violencia sexual, adopciones ilegales, adolescentes desaparecidas, niñas embarazadas y sus bebés igualmente desaparecidos, omisiones y protección institucional de Guanajuato, son algunos de los motivos que el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA), documenta en un informe que presentará hoy miércoles para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca, dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.
El informe “Institucionalización y violencia en la Ciudad de los Niños” que ofrecerán a los medios de comunicación hoy a las 10 de la mañana bajo la consigna “No al fuero clerical”, narra a través de testimonios y documentación diversa, el abuso físico y sexual a los que eran sometidos cientos de niños y niñas, distribuidos en los seis albergues en Guanajuato y Michoacán, dirigidos por el sacerdote acusado de pederastia.
Desde hace 40 años, el padre Gutiérrez Farías, alias “Papi” abrió el primer albergue y a través de adopciones irregulares a políticos y funcionarios, fue ganando el poder suficiente y la protección de las instituciones de gobiernos panistas, frente a las denuncias que eran ignoradas.
Además del sacerdote, los testimonios recogidos en el informe dan cuenta de la participación de las monjas Hortensia Jiménez Cruz, María García Guzmán, Xóchitl Chávez Sánchez, Esmeralda de Jesús Suárez Bertury y otros colaboradores como Mauricio Rafael Ruiz Martínez y Ramiro Cortéz Muñoz. Pero en especial, destaca el nombre de Leandro Martín Bermúdez Armenta, conocido como “El Castigador” y cuyas víctimas identifican como violador.
En el apartado de violencia sexual, el informe señala que en la Ciudad de los Niños, el cura pederasta organizaba reuniones con seminaristas, trabajadores y amigos y les ofrecía a las adolescentes como una práctica de explotación sexual:
“El padre Pedro, cuando toma lleva a sus amistades para que lo acompañen a tomar (…) una de mis [familiares] salió embarazada”. ‘A ver traigan a las muchachas’, y ahí llegan todas, (…) haz de cuenta que son las prostitutas, fue lo que yo les dije a las del DIF [Salamanca], yo me enojé mucho con ellas”, señala uno de los testimonios.
Y otro más: “Cuando Martín las violaba que se las llevaba ahí para el cuarto en donde está el mariachi, que ahí ensayan los mariachis, ellos mismo que tocan en un grupo, como mariachis” (…) “Tenían relaciones con ellas inclusive a veces las dejaban salir para afuera a la ciudad o algo así. (…) Hay una vecina aquí que (…) se crió ahí con el padre Pedro, esta media trastornada también, entonces este estaba terca siempre de que ‘Llévelas con el padre Pedro’ (…) y cuando salió que estaba embarazada le dijo (…)”.
A pesar de que los familiares de las víctimas intentaban interponer denuncias ante el Ministerio Público de Salamanca y del estado de Guanajuato, estas no eran admitidas o sencillamente se desechaban.
Muestra de los relatos donde se evidencia la omisión en el acceso a la justicia es lo que narra una víctima, que señala haberse presentado en más de una ocasión al área de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, dicho de la siguiente manera: “(…) Todo lo que han violado esto y el otro yo le hable a la gente allá por la Papaloapan, también les dije oigan de La ciudad del Niño me dicen ‘¡Nombre señora si aquí ha habido muchos casos! (…) han traído a niños violados y niñas’ pero no hacen nada, por eso ya es tiempo”.
ADOPCIONES IRREGULARES
Uno de los delitos más graves descritos por el informe es el del Registro Civil que permitió que el sacerdote registrara a 134 niñas y niños. El sacerdote aparece como padre y la monja Hortensia Jiménez, como la madre:
“Como se ha expresado en los testimonios recabados, los productos de los embarazos de las adolescentes eran dados en adopción a personas de Estados Unidos, por lo que se hace fundamental revisar la legalidad de las adopciones realizadas por La Ciudad de los Niños. Deben iniciarse las indagatorias necesarias por tres hechos irregulares en el ámbito civil: El establecimiento de una especie de convenio donde se “cede voluntariamente” de forma irregular la patria potestad al sacerdote (Ver anexo 1) El registro de las niñas y los niños, violando el artículo 216 del Código Penal del Estado, referente a la alteración de la filiación (Inciso I: “Inscriba a una persona con una filiación que no le corresponda” e inciso IV “Usurpe el estado civil o la filiación de otra persona con el fin de adquirir derechos que no le corresponden”). Y la eventual adopción irregular de niñas y niños, incluso algunas internacionales, violando múltiples referencias en el Código Civil de Guanajuato, y su Código de Procedimientos”.
De acuerdo a los testimonios recabados, el informe sostiene que los bebés nacidos de menores internas, producto de las violaciones eran entregados en adopciones ilegales a políticos o funcionarios.
De acuerdo a sus investigaciones, existen menores desaparecidas y particularmente embarazadas desaparecidas, menores que daban a luz y después sus compañeros no las volvían a ver.
Sobre las omisiones de las instituciones de Guanajuato y la protección de funcionarios y organismos, el informe sostiene que existía y existe mientras la PGR no se haga cargo, de un especie de bloqueo de las instituciones encargadas de la investigación penal contra el sacerdote, las monjas y demás trabajadores.
“En una entrevista, una víctima (familiar de niñas) señala que ha intentado en más de una ocasión acceder al a justicia y denunciar por la vía penal, pero no hay respuesta de las instituciones: “(…) No les hacen nada y la prueba esta de que mire, del mismo ministerio público una licenciada a escondidas me dio un numero para que yo reportara a Guanajuato [capital], entonces ahí fue donde yo llamé y nada más oyeron que es de La Ciudad de los Niños y cuelgan y no me contestan; hasta el otro día, vuelven a oír que es de La Ciudad de los Niños y ya no me contestaban, yo pensaba ir a Guanajuato directamente, pero pues ya están tomando cartas en el asunto”, precisa el docuemento.
LA PROTECCIÓN
El informe señala que según un testimonio, existe un modus operandi “Quienes han egresado de la Ciudad de los Niños son estratégicamente colocados en instituciones públicas y son quienes encabezan la defensa del sacerdote cuando las denuncias se hacen públicas, además del apoyo ofrecido por autoridades o por políticos”.
Un testimonio afirma: “El detalle está en que él siempre se agarra de la gente (…) presionando para que vayan y hablen a su favor, pero eso lo ha hecho toda la vida (…) cuando se le han venido las broncas luego luego (sic) le habla a los grandes, los que han salido de ahí, vayan y digan que no es cierto que son mentiras que yo estuve ahí, que ahí me criaron (…) pero todos ellos tienen su casito especial, los han golpeado (…) nada más que hasta ahora que se destapó ese problema pero eso siempre lo ha habido, él siempre tuvo demandas nada más que siempre tuvo gente muy metida ahí, su misma gente que son licenciados los ha sabido acomodar en el gobierno, entonces estos pues les daban los pitazos, de que hay una demanda aquí, nunca procedían las demandas, que apenas salió la demanda, le avisaban, iba él y que mire los niños, tiene gente muy metida ahí en el gobierno y esa gente del gobierno siempre lo ha ayudado” . (…) Chamacos y que vayan y que digan que no, ‘Junta a los grandes’ a los que han salido de ahí que tienen carrera y ‘Miren todo el trabajo del Padre Pedro’, incluso cuando le echaron periodicazos el periódico Al Día, pero luego mandaba gente por delante, iban los grandes ‘Que no’, ‘Que no es cierto’, que ‘Es mi papi'».
Y añade: “La impunidad y la red de complicidad se han extendido más allá de las cuatro paredes del albergue: “(..) Hay escuelas que no quieren saber nada de La Ciudad de los Niños, incluso maestros que demandaron en su momento, pero nunca procedió la demanda porque el señor iba y tenía peso político pues los andaban hasta corriendo a los maestros, muchos maestros demandaron (…) pero nunca se dio nada, a los maestros les costaba, llegaban golpeados (…), es que la gente que pone de encargada es la que los golpeaba”
Sobre la protección que ha permitido vivir en la impunidad durante años al sacerdote Gutiérrez Farías, el informe señala el caso de la Primera Dama de Guanajuato y actual presidenta del DIF, Ana Luisa Aguinaco Romero, quien fue adoptada precisamente en el mismo albergue de la Ciudad de los Niños por María Esther Romero Deschamps, hermana del líder sindical vitalicio de Pemex, Carlos Romero Deschamps: “Esta referencia sería exclusivamente personal si es que no existieran omisiones en la supervisión del albergue por parte de DIF Municipal, y habrá que verificar incluso, si ingresaba casos a dicho albergue”.
NIMA propone a la PGR que aún no decide atraer el caso, un esquema para la documentación y líneas de profundización, con base en el acceso a la justicia penal para las víctimas
Se propone considerar las carpetas iniciadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, en la sentencia del amparo y en la investigación documental se tiene conocimiento al menos de los siguientes expedientes: “Carpeta 13682/2016 de la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores, que es por la que el sacerdote se ampara y que da pie a la sentencia de amparo citada al inicio de este documento. Si bien las denuncias penales de 2009 radicadas en Querétaro y en Salamanca (en la sentencia de amparo se refiere a las carpetas 118/2009 y 182/2009) se refieren a delitos que han expirado, es necesario considerar todas los expedientes iniciados ante la autoridad ministerial”.
Y lo más importante, NIMA dirigida por Raymundo Sandoval, urge a las autoridades iniciar un censo único para obtener información sobre la situación de todos las niñas, niños y adolescentes ingresados durante estos años en la Ciudad de los Niños.
“Para establecer un plan de restitución de derechos como tiene establecido el Reglamento de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, es fundamental saber cuántos son, dónde están, cuál es su condición jurídica y psicosocial. Lo que incluye a los 134 personas que fueron registradas irregularmente por al sacerdote Pedro Gutiérrez, conociendo su nombre original y resguardando su derecho a la identidad. Será también necesario que el censo incluya a las personas que han sido reintegradas a sus familias tanto por el personal del albergue, como por el DIF estatal. Se debe considerar como estándar lo establecido en las Directrices sobre cuidados alternativos, en lo referente a la evaluación de la pertinencia de la reintegración y a la planificación del futuro de la niña o el niño”.
Igualmente, solicitan medidas cautelares para proteger a las víctimas, planes de seguridad y atención integral: “Se ha señalado en varios apartados del informe que quienes han ofrecido testimonio lo han hecho de manera anónima debido a que no existen condiciones para el acceso a la justicia y temen por su integridad en su vida. De hecho, algunas de las personas citadas en el presente informe han recibido amenazas directas, por lo que se hace necesario resguardar su seguridad y su vida, además de ofrecer el acompañamiento profesional de carácter psicosocial. Se considera que una medida de reparación, la constituye el acceso a la justicia a las víctimas y las medidas para que estos hechos no vuelvan a repetirse”.
