Una denuncia anónima puso al descubierto las violaciones a los derechos de los menores de edad albergados en la Ciudad de los Niños en Salamanca, Guanajuato. Abusos sexuales generalizados, maltrato físico y psicológico, desaparición de jóvenes embarazadas, tráfico de menores con fines de adopción ilegal y venta o regalo de bebés a políticos y funcionarios son algunas de los delitos de los que se acusa a quienes administraron la casa hogar, que son mayoritariamente católicos.
Ahora, la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar señala con preocupación las omisiones de las autoridades locales para atender violaciones a los derechos humanos en los albergues del sacerdote Pedro Gutiérrez.
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Por Kennia Velázquez Carranza
Guanajuato/Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo/Zona Franca).- La Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) urgió al Gobierno de Guanajuato, encabezado por el mandatario Miguel Márquez Márquez que atienda de manera puntual y rápida las recomendaciones vertidas en la sentencia del amparo del caso Ciudad de los Niños de Salamanca.
Señaló con preocupación las omisiones de las autoridades locales ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el albergue del padre Pedro Gutiérrez Farías.
Mediante un comunicado, el organismo internacional manifiestó “una gran preocupación e indignación ante abuso y violencia física, sexual y psicológica e indebidas prácticas disciplinarias, señalado por los testimonios de los niños” ocurridos en los albergues dirigidos por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, y que fueron evidenciados por la juez Karla María Macías Lovera, del juzgado Noveno de Distrito en Irapuato.
La red global considera que se ha violado “la normativa de protección integral de niñas, niños y adolescentes, la deficiente supervisión al centro de asistencia social, así como las omisiones de las autoridades correspondientes ante denuncias -formales y no formales- recibidas a través del tiempo en contra dicha institución”.
En el comunicado se recuerdó que en La Ciudad de los Niños se ha violentado el marco legal, pues operaba con personal sin capacitación adecuada para el cuidado de menores de edad y no contaba con servicios integrales, programas de atención para la inclusión de niñas y niños con discapacidad, oficinas administrativas, enfermería, trabajo social y espacios suficientes.
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El Proyecto RELAF señaló la gravedad de que se haya dado “la apropiación de al menos ciento treinta niñas y niños que fueron registrados ante el Registro Civil con los apellidos del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y de la monja Hortensia Jiménez Cruz, y cuyos padres fueron obligados a ceder los derechos sobre sus hijos”.
Por ello ve que es “urgente que las autoridades del estado de Guanajuato dar seguimiento puntual y rápido a las recomendaciones que se desprenden de la resolución de la juez Macías Lovera”.
Pero principalmente que se garantice la justicia y el pronto resarcimiento del daño a las niñas, niñas y adolescentes afectados; la localización y reunificación de la familia de los menores de edad “si así resulta conveniente en el interés superior de éstos”; investigar la responsabilidad de oficiales del Registro Civil que permitieron el registro de más de 100 niñas y niñas con filiación de Gutiérrez y Jiménez”.
Piden que se tomen en cuenta los principios y estándares de atención internacional para la restitución de todos sus derechos de estas niñas, niños y adolescentes albergados.
Finalmente hacen un exhorto “a las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, a establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia así como la urgente reparación del daño a niñas, niños y adolescentes”.
Recuerdan que “lamentablemente este no es un caso aislado. Si bien existen importantes avances, aún resta mucho para contar con un sistema capaz de detectar y erradicar estos “hogares” con malas prácticas, evitar que se abran nuevos y ofrecer soluciones apropiadas para las niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o en riesgo de perderlos”.
Otros organismos defensores de derechos humanos han señalado la tibieza del gobierno estatal para atender este asunto, como la Redim que ha solicitado la atracción del caso de la PGR para evitar impunidad, atención de caso por caso para que se garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes y el fortalecimiento de las instituciones estatales.
Por su parte Nima, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato, ven que las cúpulas políticas en Guanajuato y una red de protección no formal han impedido que se actúe en contra de los presuntos responsables de estos actos.
