Cada que escribo esta columna, limpio mis herramientas con disciplina clínica. Utilizo un bisturí, y recorto las opiniones, comunicados y recomendaciones de los organismos autónomos, los gobiernos estatales y la Administración Pública Federal, con paciencia y orden. De la A a la Z, en el quirófano de mis notas, repongo piezas con la información invaluable que mi equipo genera; concilio amparos, pruebas de interés público, carpetas de investigación, pruebas de daño y por supuesto, nuestras frustraciones, para demostrar las regresiones que en materia de libertad de expresión y acceso a la información se acumulan por decenas, al menos, cada semana.

La tarea no es sencilla, ni para mí, ni para todas y todos los columnistas de SinEmbargo, que coincidentemente, cuando nos encontramos, no podemos contener los suspiros y altibajos de nuestras voces por el rumbo atroz, apocalíptico y anacrónico que ha tomado el país. Por su puesto no escribo para quejarme; esta semana pasaron cosas, cosas buenas: alcohol para las cirugías, una nueva batería para el pabellón, tanques de oxígeno.

El Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción , han condenado el espionaje focalizado contra defensores de derechos humanos y periodistas, una acción, no sólo valiente, sino acorde con la probidad de sus cargos y sustentada en el espíritu de las respectivas Leyes que les dieron voz y capacidad de intermediación .

De las veinticuatro personas firmantes en los tres comunicados, destacan todos y todas -no nombraré a las y los “conocidos” porque su legítima preocupación merece el reconocimiento de cada uno- y se adscriben a una serie de señalamientos hechos por la academia, la sociedad civil mexicana y latinoamericana, y diversos organismos internacionales.

El Consejo Consultivo del INAI en su extrañamiento, reconoce el derecho humano a la protección de datos personales y señala la garantía de la privacidad como un bien que debe ser protegido respecto a la prohibición de la obtención de datos personales por medios engañosos; también le recuerda al INAI que es parte de sus atribuciones vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones que garantizan el derecho humano ante su posible violación. Es trascendental recordar que las diez organizaciones de la Alianza para el gobierno abierto, abandonamos el Secretariado Técnico Tripartita (formado por el INAI, Función Pública y sociedad civil) ante la incapacidad de manifestar acciones concretas por parte del Pleno del organismo garante, respecto a la evidencia previa de actos de espionaje hacia algunos de los miembros que participaron en la creación del tercer plan de acción.

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos rechazó de forma enérgica el acto y las declaraciones del Titular del Ejecutivo Federal, y señaló tres exigencias y un posicionamiento final muy relevante para el trabajo de la Institución. Primero, que la Coordinación Ejecutiva Nacional de ese organismo les presente un plan de acción para dar respuesta a las agresiones digitales. Segundo, que las autoridades integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo cumplan con las medidas cautelares dictadas por la CNDH. Tercero, instan a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a que cite a comparecer a los funcionarios públicos que no evitaron las agresiones por omisión. Por último, formulan una exigencia ante el desgaste del Mecanismo de Protección y la incapacidad de articular una política de Estado efectiva, que proteja a las personas en riesgo, y que impida que el Estado y otros actores sin identificación o sanción alguna sigan desapareciendo, desplazando o asesinando a la población en general. De nuestra parte es trascendental destacar que desde el año 2000 a la fecha, al menos 106 mujeres y hombres periodistas han sido asesinados en México, y que estos actos, se mantienen en total impunidad.

Por su parte el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción enlistó tres delitos de corrupción asociados al espionaje: 1. Ejercicio indebido de servicio público, por afectar gravemente el patrimonio o intereses de diversas dependencias de la administración pública federal. 2. Uso indebido de atribuciones y facultades, por aplicar fondos públicos de manera distinta a la que estuvieren destinados o por realizar un pago ilegal. 3. Peculado, por distraer de su objeto dinero o cualquier otro bien perteneciente al Estado, o bien, por utilizarlos de manera indebida a fin de denigrar a cualquier persona. El Comité también solicitó la publicación de los contratos de la PGR, el CISEN y la SEDENA asociados al software o programas de espionaje; la publicidad de los gastos y el marco jurídico que motivó y fundamentó las acciones y por último -no menos importante- le solicitaron a la Visitaduría de la PGR, así como a los Órganos Internos de Control de la misma Procuraduría, CISEN y SEDENA, investiguen a sus propios servidores públicos como posibles hechos de corrupción.

Las exigencias ciudadanas que he enlistado en esta columna tienen la precisión de una receta médica, no necesitan interpretación. La efectividad del tratamiento está en manos de los funcionarios públicos y el oxígeno ciudadano puede darle fuerza y vigor a estas tres Instituciones tan importantes para combatir parte trascendental de los grandes problemas del país. Me gustaría hacerles una propuesta final a las y los funcionarios, si no saben cómo, no renuncien, hay doctores ciudadanos suficientes para vacunar la incapacidad gubernamental, el retroceso normativo, y los criterios decimonónicos; la sociedad civil, ciudadanos notables y numerosos académicos estan decididos a salvaguardar al Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos y seguiremos haciendo estudios y recomendaciones. Adoptemos una posición de Estado en conjunto, escuchen a sus consejeras y consejeros, que de todas formas #NoNosVamosACallar

P.d. El viernes 23 de junio, se publicó en el DOF la convocatoria de selección de los candidatos que serán propuestos al Senado de la República para que éste elija a los nueve miembros que integrarán, por primera ocasión, la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Aquí la convocatoria:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487944&fecha=23/06/2017

1. El Consejo Consultivo del INAI está conformado por diez personas; el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos por nueve; y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción por cinco.

Ana Cristina Ruelas

https://www.sinembargo.mx/author/ana_ruelas/

Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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