Este domingo López Obrador visitó Chihuahua, ante un numeroso grupo de norteños, y se firmó el Acuerdo de Unidad para la Prosperidad del Pueblo y Renacimiento de México, que se ha venido proponiendo en todas las capitales estatales del país; no pude asistir y aunque no firmé directamente, hoy lo hago por este medio y por las siguientes razones.

AMLO invita a firmar un documento muy sencillo, que no requiere afiliación a Morena para suscribirse a sus ideas e incluso priistas y panistas progresistas pueden firmarlo; y en esta nación kafkiana, antes de discutir o convenir temas de política nacional más complejos, los cinco puntos que considero esenciales del convenio son requisitos indispensables para detener su caída y empezar un proceso de recuperación del país apegado al principio de progresividad incluido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

Los puntos centrales que identifico aquí, los considero indispensables para el desarrollo de cualquier país del Siglo XXI.

Se habla de un Gobierno recto, regido mediante el Estado de derecho que sustituyó a las monarquías y que sujeta los actos de los gobernantes estrictamente a lo que la ley faculta. Los firmantes exigimos así al próximo presidente de la República, sea quien sea, que respete el Estado de derecho bajo una perspectiva derechohumanista. Es increíble que comprometerse a inaugurar un régimen de derecho sea novedad en México.

La segunda gran idea es sobre el papel del Estado en la economía; y esta sí confronta la manera de pensar de muchos mexicanos. El documento que se firma dice que los excedentes de la Administración Pública, después de un correcto ejercicio gubernamental, deben utilizarse para impulsar el desarrollo nacional; aquí se define el papel que debe cumplir el Gobierno: primero gobernar, cumplir con la Administración, hacerlo honestamente y a bajo costo, y después impulsar el desarrollo del país.

El Gobierno debe ser un actor en la economía mexicana, que ayude a que la “Mano Invisible” de Adam Smith verdaderamente funcione y que establezca el respeto en el mundo de la competencia, impulsando las mejores prácticas de precio, calidad y oportunidad.

La tercera idea fundamental, que cruza diametralmente cualquier proyecto de nación, es la austeridad de los funcionarios de alto y mediano nivel; los mexicanos no podemos vivir partiéndonos el lomo para sostener a nuestra familia mientras los funcionarios de todos los niveles se dan una vida digna de la aristocracia versallesca. Los encuentra uno en bares y restaurantes de lujo, lugares a donde no iban cuando eran simples ciudadanos. Cuando algún amigo de nosotros consigue un puesto en el gobierno da la impresión de que se sacó la lotería: estrena casa, carro, amigos, y a veces hasta cónyuge, y uno se pregunta ¿quién pagará por esta ostentosa vida de los funcionarios gubernamentales?

El cuarto punto es la lucha contra la corrupción, y en México ésta es sistémica; cualquier contacto con entidades del Gobierno, a cualquier nivel, invita al ciudadano a pagar una cantidad adicional al funcionario en turno para que cumpla oportunamente con su obligación y cualquier solicitud, desde la búsqueda de un expediente hasta la obtención de un contrato millonario de construcción, se verá cruzada por actos de corrupción.

Pero esta corrupción sistémica va más allá del apotegma de la burocracia mexicana que dictaba “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, pues ahora se ha transformado en “vivir dentro de la ley es vivir en el error”.

No se necesita mucho para combatir a la corrupción, simplemente tratar por igual a los ciudadanos que a los funcionarios: si un ciudadano se roba un automóvil ajeno, lo persiguen hasta que lo detienen y lo encarcelan, pero si un funcionario se apropia de un vehículo oficial no le va a pasar nada, y del auto pasan a la avioneta, al helicóptero y a los jets. La corrupción es lo que transforma a un modesto funcionario en un cortesano de la reina María Antonieta, antes de la guillotina.

Combatir la impunidad sería el quinto punto medular del documento, y es muy fácil encontrar la relación directa entre ésta y la corrupción; hay corruptos porque pueden quedar impunes, y quedan impunes porque son corruptos, de tal suerte que combatir la impunidad es combatir la corrupción y para combatir la corrupción es indispensable combatir la impunidad (no hace falta algún sistema general anticorrupción).

Y volvemos al comienzo: Si se acaba la impunidad, se gobierna conforme al Estado de derecho, se impulsa el desarrollo del país, se construye una Administración austera y se combate la corrupción.

Esto es lo que firmo públicamente, y a esto me comprometo.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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