biarán. Mientras tanto, la constante es la impunidad.

Y como siempre he repetido. El problema de México no es la falta de leyes, es la falta de aplicación de las mismas. El Estado de derecho queda en entredicho porque los abusadores sexuales son sotana se convierten en prófugos de la justicia cuando son denunciados penalmente por las valientes víctimas.

El artículo 12 Bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público reformada el 17 de diciembre de 2015 se suponía que sería una garantía para llevar ante la justicia y procesar a los jerarcas católicos que encubren y protegen a los sacerdotes pederastas.

Este artículo es muy claro: “Los ministros de culto, los asociados y los representantes de las asociaciones religiosas, incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie, de manera remunerada o voluntaria, en las actividades religiosas de dichas asociaciones, deberán informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos, cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Cuando se cometa un delito en contra de niñas, niños o adolescentes, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán informar esos mismos hechos en forma inmediata a los tutores o a quienes ejerzan la patria potestad de aquellos”.

El problema es que este artículo no se aplica. Y no es porque lo diga yo, sino porque así lo demuestra la impunidad que cubre a curas pederastas y sus protectores los obispos.

Para demostrarlo aquí van tres casos recientes: Eduardo Córdova Bautista, sacerdote pederasta acusado de violar a decenas de menores en San Luis Potosí y prófugo de la justicia, el sacerdote Carlos Franco, acusado de abusos sexuales en Oaxaca e igualmente prófugo y el caso de el sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez denunciado por abusos sexuales a menores en el Seminario de Piedras Negras, con orden de aprehensión, pero libre porque las autoridades de Coahuila y el gobernador Rubén Moreira, dicen no encontrarlo.

En estos tres casos, solo por nombrar algunos, se demostró la protección y encubrimiento de los obispos: Jesús Carlos Cabrero de San Luis Potosí, José Luis Chávez Botello de Oaxaca y Alonso Gerardo Garza Treviño de Piedras Negras, Coahuila.

A pesar de haber sido demostrado que los obispos fueron entrados por las víctimas de los abusos cometidos por estos sacerdotes, ellos, sus superiores, solamente los movieron de parroquia o incluso de estado, para evadir la acción de la justicia.

Los obispos Cabrero, Botello y Garza Treviño han cometido presuntamente un delito de encubrimiento y de complicidad a la pederastia, pero ninguno de ellos ha sido procesado a pesar de haber violado el artículo 12 Bis de la nueva ley de asociaciones religiosas.

La Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación a cargo de Arturo Manuel Díaz León, ni siquiera ha intervenido, ni mucho menos, su jefe, el Secretario Osorio Chong.

De tal manera que, esto se convierte en una amplia red de complicidades que incluye a funcionarios del gobierno federal y funcionarios de los estados donde son denunciados los curas pederastas.

¿Por qué la Secretaría de Gobernación no actúa? ¿Por qué prefiere seguir protegiendo a quienes agreden a los más pequeños del rebaño católico de México? ¿Por qué no iniciar de oficio los procesos contra estos obispos que finalmente tienen una alta responsabilidad en los crímenes sexuales cometidos por el clero?

Históricamente la Iglesia y el Estado han tenido una serie de vínculos más allá del poder político. Habría que incluir el poder económico. Y finalmente el poder de mover las masas a favor de ciertos partidos políticos en tiempos electorales.

Más allá de las complicidades, lo que se acumula es un reguero de víctimas de sacerdotes pederastas en toda la República.

Víctimas que no tienen la menor posibilidad de ver encarcelado a sus agresores ni mucho menos a sus protectores.

Nada ha cambiado en México a pesar del discurso bonito del Papa Francisco de tolerancia cero. Los agresores sexuales con sotana siguen gozando de impunidad y siguen cometiendo atrocidades contra los niños y niñas, allí donde estén escondidos y protegidos por la Iglesia y el Estado mexicano.

Finalmente, la pederastia clerical se ha convertido en un cáncer que afecta a una jerarquía que persiste en sostener el buen “nombre de la Iglesia” por encima de la justicia y la protección a la infancia.

Solo nos queda como sociedad, defender a nuestros niños. Somos nosotros los que finalmente debemos protegerlos. Los manuales para detectar a los curas pederastas no son publicados en las hojas parroquiales como lo hacen en las iglesias de Estados Unidos donde se han pagado más de 2 mil millones de dólares en compensaciones a más de 10 mil víctimas de abusos sexuales de sacerdotes.

Pero somos nosotros quienes no podemos quedarnos callados. Tenemos que denunciar a los agresores sexuales y también a sus protectores, de lo contrario nos convertiríamos en cómplices.

Si tú conoces a un sacerdote pederasta, no te calles, exhíbelo en los medios de comunicación y en las redes sociales, alerta a los feligreses y exige a la Secretaría de Gobernación que actúe, a la policía y al Ministerio Público. Tal vez, en unos años, consigamos procesar penalmente a un obispo mexicano. Solo entonces sucederá el milagro de disminuir este cáncer convertido en una peligrosa metástasis.

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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