[NdeR: Frente a la resistencia de las entidades públicas y los muros legales, el navegante de los portales de acceso a la información se parece a Moisés, el hombre bíblico que en cuarenta años de búsqueda jamás pisó la tierra prometida. El marco jurídico de la Transparencia nacional permite que la información sea negada con uno de estos argumentos: los datos solicitados están bajo reserva, son inexistentes o confidenciales. Así, la Administración de Enrique Peña Nieto mantiene más de 12 millones de expedientes bajo llave. Se ha negado a mostrar el acta de nacimiento del Presidente, los resultados de sus encuestas, los fundamentos para crear la Gendarmería o los gastos de las fiestas dentro de la casa de Los Pinos. #DatosCerrados es un ejercicio de la Unidad de Datos de SinEmbargo que identifica lo que el Gobierno y otras instituciones no quieren revelar.]
#DatosCerrados | Al principio, su presencia atrajo la atención por su currículum controvertido. Pero durante su estancia en México, el General Oscar Naranjo Treviño quien fungió como asesor externo en materia de Seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto, pasó inadvertido. Por su trabajo cobró como lo hace cualquier asesor. ¿Cuánto? No se sabe ni se sabrá. Ese es uno de los datos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto declaró “inexistente”.
Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).- Cuando en 2012 lo presentaron como asesor en materia de Seguridad generó controversia porque su biografía estaba llena de claroscuros. Pero después, el General en retiro Óscar Naranjo Treviño se mantuvo lejos de los reflectores, micrófonos y libretas hasta que en 2014 se fue de México, casi inadvertido.
Por su trabajo cobró como lo hace cualquier asesor. ¿Cuánto? No se sabe, ni se sabrá. El pago al General es un dato que el Gobierno de Enrique Peña Nieto declaró “inexistente”, de acuerdo con la respuesta a la solicitud de información con el folio 0210000015814. Es decir, Los Pinos no guardó en sus archivos ningún comprobante de la erogación causada por el consejero estrella de Peña Nieto en Seguridad –el rubro que más preocupa a los mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) lo que impedirá que en el futuro se conozca de cuánto fue esa erogación.
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Enrique Peña Nieto recibió un país sometido a la violencia vinculada a la política de guerra iniciada por su antecesor Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006.
En el momento en que el mexiquense fue declarado Presidente electo, el INEGI reconocía 121 mil víctimas mortales como saldo de una política iniciada desde el Gobierno. La cifra superaba a las de las guerras de Afganistán e Irak juntas en el mismo periodo, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Las formas de morir se habían recrudecido en México. Se encadenaron las escenas de la decapitación, quema en ácido o despedazamientos. Millones de personas se desplazaron de sus sitios de origen en un fenómeno que aún no es estudiado. Otras 27 mil personas desaparecieron.
Con estos pedazos de realidad enfrente, como Presidente electo, Enrique Peña Nieto llamó al General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, ex jefe de la Policía Nacional de Colombia, como asesor externo en Seguridad, y su decisión fue de las más controvertidas de su Gobierno.
Naranjo Trujillo era dueño de un historial lleno de contradicciones. Por un lado, en su currículum brillaba el dato de que en 2010 fue reconocido como “el mejor policía del mundo por la Asociación Nacional de Policías de su país debido a varias hazañas como desarticular a los cárteles de Cali y Medellín, y dirigir la operación que llevó a la muerte al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
Pero al tiempo, de la prensa colombiana brotaban imputaciones en su contra por haber vulnerado desde su cargo como director de la Policía Nacional de Colombia los derechos fundamentales. Naranjo Trujillo, según el diario El Universal de Colombia, formó grupos paramilitares y permitió (u ordenó) secuestros, desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
El General en retiro fue clave en los golpes del gobierno del ex Presidente colombiano, Álvaro Uribe a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uno de los más importantes fue el de la Operación Fénix en marzo de 2008, cuando la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó un campamento guerrillero en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, a unos dos kilómetros de la frontera con Colombia.
Otro pasaje oscuro en la trayectoria del General fue la detención de su propio hermano, Juan David, en Alemania, por posesión de estupefacientes, en 2007.
El mismo General ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer sobre la detención. “En 30 años de servicio público nunca creí que la maldición del narcotráfico, la cual he combatido sin tregua durante toda mi vida, llegara a mi propia casa”, dijo con tono de pesadumbre ante decenas de reporteros.
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En 2014, el General regresó a su país para apoyar la campaña del entonces candidato a la Presidencia, Juan Manuel Santos. Hoy es vicepresidente de la República. Nunca un policía había llegado a un cargo político tan alto en Colombia.
Mientras, Enrique Peña Nieto en México, en su quinto año de Gobierno, encara otra crisis de seguridad. Grupos de hombres armados y personal militar se enfrentaron Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, Puebla, lo que dejó al descubierto la comisión añeja de un delito: el robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La misma empresa productiva del Estado calcula que cada año este hurto aumenta 10 por ciento en el mapa nacional. Tan sólo en 2016, fueron identificadas seis mil 873 tomas clandestinas.
Después de los enfrentamientos de Palmarito, los pobladores salieron a las calles y cerraron la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 187. Colocaron piedras sobre la autopista y quemaron llantas.
Desde el inicio de su Gobierno, Peña Nieto omitió incluir la Seguridad en su discurso. Aun así, anunció la creación de un Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de la Gendarmería Nacional, una nueva corporación civil de 50 mil elementos con entrenamiento militar para apoyar a las regiones más desprotegidas, así como la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública.
En su quinto año de Gobierno, esta estrategia se desvaneció. No hay en este momento partidas presupuestales para la prevención del delito, la Gendarmería sólo tiene cinco mil elementos y no realiza tareas de seguridad nacional y la incorporación de la SSP saturó de funciones a al Segob y originó un entramado de instancias poco claro.
