En pleno siglo XXI, y en sentido opuesto al que siguen países que decimos admirar, el reconocimiento de los derechos de los mexicanos no-heterosexuales se ha empantanado gracias a la mezcla que constituyen la homofobia y la mezquindad política.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que el matrimonio no tiene por qué estar limitado al formato mujer-hombre, y que por ende todos los mexicanos, sin distinción, tienen derecho a contraer matrimonio. Sin embargo, este aval no se ha logrado materializar en buena medida debido al bloqueo permanente de diversos actores que han logrado que nuestras instituciones frenen en seco los procesos necesitados por la resolución de la SCJN. Y es que, contrario a lo que ocurre en países como Noruega, Dinamarca, Suiza, Inglaterra, Escocia, Francia, Canadá, Holanda, Bélgica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Islandia, España o Portugal, en México el matrimonio sigue sin ser un derecho accesible para todos los seres humanos.

Las razones detrás de este fenómeno están a la vista. Ya lo dijo el más reciente premio Nobel de literatura, a veces “uno no necesita un meteorólogo para saber de qué lado sopla el viento”. Y nuestra próxima oportunidad de probar de qué lado, y qué tan fuerte, soplan nuestros vientos de homofobia podría darse tan pronto como la próxima semana. Será entonces cuando la Primera Sala de la SCJN resuelva sobre un amparo promovido por diversas organizaciones civiles de Yucatán contra la decisión de un Tribunal Constitucional de declarar improcedente la acción contra la omisión legislativa o normativa en contra del Congreso del Estado de Yucatán.

Vale la pena explicar lo que lo anterior significa. Resulta que, contra viento y marea, el congreso local yucateco se ha negado sistemáticamente a adecuar los parámetros establecidos por el Artículo 1 de la Constitución General de la República en materia de prohibición de discriminación por preferencia u orientación sexual. La técnica empleada por los legisladores de Yucatán para evadir el tema es muy sencilla: no hacer nada que se relacione con el mismo. Además, esta evasión de los legisladores yucatecos fue avalada por un Tribunal Constitucional en ese estado. Fue esta situación la que llevó a las organizaciones Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, y Oasis de San Juan de Dios, a recurrir a la SCJN.

Me permito reproducir uno de los párrafos del documento emitido por estas organizaciones, en el que se explica con contundencia por qué es fundamental que el actual estado de cosas sea corregido: “el motivo por el cual se solicitó el amparo de la Justicia Federal fue para que se declarara que la resolución del Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán resultaba contraria a las obligaciones que tanto a nivel nacional como internacional, tienen los Tribunales de aplicar el marco antidiscriminatorio, obligando, entre otras cosas, a corregir las deficiencias legislativas que perpetúen esas situaciones de discriminación…dicho Tribunal constitucional local debió declarar que el Congreso del Estado de Yucatán había cometido una omisión legislativa relativa que viola sistemáticamente los derechos humanos al excluir a las familias compuestas por parejas de personas del mismo sexo a la protección legal ordenada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforzada por los distintos criterios que esta Primera Sala ha emitido sobre el tema.” Más claro, imposible.

Es claro que los legisladores yucatecos y el tribunal local prefirieron lavarse las manos y guardar los derechos de miles de yucatecos en la congeladora. Omisiones de esta especie han venido ocurriendo en otros niveles, poderes y entidades. Detrás de casos como el de Yucatán se esconden dos posibles motivos: (1) que quienes deciden no consideran iguales a los no-heterosexuales y a los heterosexuales. En este caso particular, los legisladores yucatecos, el Tribunal Constitucional y, en su caso, los ministros de la SCJN que no sean consecuentes con lo que este propio organismo reconoció hace algún tiempo, tendrían que decir abiertamente que no están convencidos de la igualdad entre todos los seres humanos.

El silencio de los actores implicados, y la secrecía con la que se ha bloqueado el reconocimiento de esta igualdad, tan sólo dejan en evidencia la culpa o el miedo que se tiene de asumirse públicamente como discriminadores. ¿Por qué no decir las cosas cómo uno las ve con todas sus letras? Ciertamente, los votantes, en especial los más jóvenes, tendrían derecho a saber si sus funcionarios o instituciones no son capaces de representar algo que, por fortuna, los millennials y sus sucesores asumen como una premisa fundamental en su visión del mundo.

La segunda posible razón detrás del silencio o las omisiones cómplices es (2) que los legisladores y funcionarios en general han preferido seguir gozando de buena relación con los sectores más conservadores. En varios casos, organizaciones religiosas o sus satélites ultraconservadores son aliados personales o políticos de quienes dirigen nuestras instituciones. Ciertamente en Yucatán hay fuertes y diversas ligas entre algunos integrantes de la clase política local y grupos ultraconservadores –por ejemplo, la presidenta de la organización reaccionaria más importante está casada con un senador panista-.

En otros casos, los “servidores públicos” optan por seguir cálculos políticos y ceden ante las amenazas de jerarcas eclesiásticos de movilizar a sus redes o de cobrarse la “afrenta” en las urnas.  En este sentido, Yucatán no es un caso excepcional. Hace unos meses, todo México fue testigo de la derrota de la iniciativa a favor del matrimonio igualitario de Enrique Peña Nieto –una de las pocas decisiones acertadas en su sexenio-. Desde entonces el cardenal Norberto Rivera ha estado gritando cada domingo que los que defienden el matrimonio igualitario respaldan una “ideología satánica”.

En este mismo espacio he argumentado que la postura medieval de Norberto Rivera no representa ni siquiera la de la mayoría de los católicos cotemporáneos. Ya habrá oportunidad en futuras entregas de esta columna de analizar con la profundidad que merece la “ideología de género”, un concepto sin pies ni cabeza creado ad hoc para defender lo indefendible; una suerte de espantapájaros cuya efectividad es funcional, aunque, por fortuna, limitada. En todo caso, no debe sorprender que esta sea la visión de Norberto Rivera, del Yunque o de los sectores más reaccionarios en nuestro país. Finalmente, éstos tienen el derecho de pensar lo que quieran y de compartirlo con sus seguidores -por cierto, es indicativo que en Estados Unidos quienes comparten esta misma visión hayan votado masivamente a favor de Donald Trump-.

Lo que sería rotundamente inadmisible es que el nuevo revés a los derechos de los mexicanos no-heterosexuales surja del interior de la propia SCJN. Es por ello que la decisión que ahí se tomará la próxima semana, aunque menos mediática podría ser más dramática y determinante que las posturas asumidas por políticos locales. La SCJN no tendría manera de justificar un golpe frontal a aquellos que recientemente reconoció como iguales, ni a las organizaciones que han buscado defender y materializar sus propias resoluciones.

@asalgadoborge

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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