La guerra –declarada- contra el narcotráfico en México lleva ya diez años. Tras ese período, miles de muertos y desaparecidos nos recuerdan a diario el fracaso de la “estrategia”.

El precio ha sido muy alto. Ningún país merece sufrir tanta sangre y dolor impunes.

Lo más grave es que parece que no avanzamos: el crimen organizado sigue rampante, poderoso y diversificado. El Índice de paz 2017 enseña como 19 estados del país tienen tasas más altas de homicidio que en 2011, lo que los expertos llaman “el año de la epidemia”. Una epidemia que antes era focalizada y ahora es nacional.

En medio de la atrocidad, parece esquizofrénico continuar en el paradigma prohibicionista cuando más de la mitad de los estados de la Unión Americana empezaron ya a regular la mariguana. El primero de enero de 2018 California hará lo propio y yo no puedo imaginar qué sucederá en Tijuana. ¿Cómo reaccionarán los carteles?, ¿qué harán las autoridades?

Mientras tanto, es tanta la miopía que la discusión versa no sobre las soluciones, sino sobre cómo normalizar el mal equilibrio: regular el actuar del ejército en la calle en lugar de construir policías. Expertos y activistas han señalado las falencias y ambigüedades de las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior que se encuentran en el Senado.

En un texto publicado en El Universal, Catalina Pérez Correa lo decía impecable: “Una propuesta responsable en la materia tiene que ir acompañada de un plan de retiro de las fuerzas armadas y la formación paralela de policías”.

Lo que preocupa y señalan organismos internacionales y académicos, es la inconstitucionalidad de las propuestas. El problema es que esa inconstitucionalidad es ahora el paradigma normal en muchos estados del país: al crimen se le combate con el ejército, ya no solo en colaboración con las policías locales, sino desde posiciones definidas de liderazgo.

En Sinaloa, con el argumento –comprensible y cierto, pero no suficiente- de que faltan policías y los que hay están reprobados o coludidos con el crimen, el Gobernador Quirino Ordaz instaló al ejército en las calles. Lo hizo sin discutirlo ni socializarlo.

En Culiacán, puede usted ver a los uniformados camuflados sobre las patrullas municipales o estatales. La policía militar patrulla y ocupa los liderazgos en las tareas de seguridad del estado.

Una medida a todas luces inconstitucional que los ciudadanos consienten con una excusa terrible: como no confiamos en la policía, esperamos que el ejército si pueda contener al crimen. No queda de otra, pues. Es temporal.

Pero después de 4 meses de gobierno, eso tampoco ha sucedido. El vínculo de confianza entre ciudadanos y los cuerpos de seguridad está profundamente roto.

Los homicidios dolosos en Sinaloa han crecido a doble dígito comparados con 2016. La fractura al interior del Cártel de Sinaloa genera balaceras lo mismo en Navolato, en Culiacán o en Elota. Presos de alta peligrosidad salen por la puerta del penal de Culiacán como si nada, el robo de auto alcanza hasta a magistrados, las cámaras de seguridad recién instaladas son destruidas a balazos y un ejecutado es lanzado desde una avioneta en Eldorado.

El mensaje es claro: el crimen manda. Y hará todo por seguir mandando.

La zozobra y el miedo campean, incluso para una sociedad que se ha acostumbrado a vivir con cierta violencia porque no tiene más opción. Una sociedad que decide obviar la realidad y prefiere comprarse la negación que las autoridades le venden.

El apoyo de la federación en materia de seguridad ha estado presente en Sinaloa. El General Cienfuegos ha venido en repetidas ocasiones a refrendar su respaldo al gobernador. Se sabe complacido por la neutralización de Francisco Zazueta, alias “Pancho Chimal”, a quien se atribuye la autoría de la emboscada el 30 de septiembre contra un convoy militar.

“Pancho Chimal” ere jefe de sicarios de los Guzmán y esta semana fue enterrado entre balazos al aire, caballos bailadores y música de banda. La autoridad consintió las ráfagas de los cuernos con absoluta normalidad. Los videos están allí, son virales, pero el gobierno no quiso verlos.

En fin, el caldo de la violencia se pone cada vez más espeso en Sinaloa y en el resto del país. La más reciente encuesta de INEGI enseña como la percepción de inseguridad se mantiene a la alza: tres cuartas partes de la población mexicana se siente insegura.

Me sumo a la invitación que Genaro Lozano hizo en su columna de esta semana en Reforma: es momento de entrarle en serio a la discusión de la regulación de mariguana. Ya es tiempo de dejar de hacernos tontos con un tema que es ineludible.

Regular no acabará con el crimen organizado, pero desactivará algunos de sus incentivos. La tarea de seguridad, de construcción de policías, de procuración de justicia, seguirá allí; pero al menos habremos puesto una parte del problema en su sitio. Es momento de regular, de intentar un modelo alternativo, de ser audaces.

Insisto, seguir discutiendo al ejército en las calles es perfeccionar el medicamento costoso para la enfermedad incorrecta. Seamos inteligentes.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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