Los policías estatales y municipales ganan en promedio 10 mil 434 pesos al mes, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Instituto Mexicano para la Competitividad cuestionó a 103 elementos policíacos de Morelos y el 87 por ciento dijo recibir ingresos no adecuados a su carga de trabajo, ya que la mayoría labora más de 60 horas a la semana. El 93 por ciento de los empleados de oficinas de Ministerio Público afirmó padecer la misma situación. El director jurídico de la organización, Ricardo Corona, vinculó el nivel salarial de esos funcionarios públicos con "eso que los abogados mencionan coloquialmente como: 'pa'l refresquito para las copias'".
Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– En el sistema de justicia penal mexicano, 89 de 103 policías y 77 de 83 empleados de fiscalías consideran que su salario no corresponde a la carga de trabajo que realizan. Estos datos "se cruzan" con que 135 de 282 ciudadanos dijeron que el servidor público solicita o insinúa un pago, reveló un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) basado en fiscalías u oficinas del Ministerio Público de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, en Morelos, pero que "refleja" el problema a nivel nacional.
El salario promedio de los policías estatales y municipales es de 10 mil 434 pesos al mes, de acuerdo con el informe "Diagnóstico de Salarios y Prestaciones de Policías Estatales y Municipales" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), levantado en las 32 entidades y 500 municipios al cierre de 2015.
"El 96.5 por ciento de los policías se encuentran en la escala salarial más baja [de 10 mil a 14 mil pesos] que es la que corresponde a la estructura jerárquica básica y sólo el 3.5 por ciento tiene acceso a los sueldos más altos asociados a la escala de mandos medios y superiores [de 17 mil a 50 mil pesos]", detalla el documento.
Los policías que ganan menos del promedio nacional, es decir, de 5 mil a 9 mil pesos, son los de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Yucatán, Baja California, Tabasco, Michoacán, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora y San Luis Potosí.
Durante la presentación esta semana de "Nueve años de ocurrencias en Justicia Penal: Evidencias para entender la crisis de impunidad", el director jurídico del IMCO, Ricardo Corona, expuso que 66 de los 103 policías de la entidad aseguraron trabajar más de 60 horas a la semana. Al año, realizan en promedio mil 40 llamados de emergencia, 780 informes de investigación y "la pregunta es por qué sólo terminamos en 60 órdenes de aprehensión".
"Los policías son indispensables en la cadena de procuración de justicia, porque son aquellos que tienen el primer contacto con quien va a denunciar un delito", dijo Corona.
No obstante, con base en los 811 expedientes analizados por el equipo del IMCO se determinó que por falta de una capacitación de calidad los policías "cometen omisiones importantes en sus funciones, como registrar el modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito; preservar el lugar de los hechos, así como la búsqueda efectiva de testigos".
Respecto a los 63 empleados de un Ministerio Público y 10 peritos, 54 de ellos afirmaron trabajar 50 horas a la semana y el 5 por ciento reconoció aceptar "dádivas o gratificaciones" en solicitud de copias y citaciones.
"Ya vinculado al tema de corrupción, se les preguntó la actitud del personal de la fiscalía frente a las dádivas o gratificaciones. Eso que los abogados mencionan coloquialmente como 'pa'l refresquito para las copias'. Desde la óptica de los defensores públicos que se dedican a implementar estrategias con quienes no tienen abogado, tenemos un nivel de que se exige y acepta de un 1 y 5 por ciento relevante; significativo", afirmó el especialista.
Para los 73 empleados de fiscalía, "es menor el margen de respuesta entre exige y acepta dádivas, pero también es significativo para solicitud de copias, elaboración de acuerdos o realización de diligencias. Es un dato interesante cuando se cruza con las condiciones salariales o los incentivos que puede tener el servidor público para dar acceso a este tipo de dádivas".
Sobre su actuar, IMCO determinó que el personal en ministerios públicos deja de acudir al lugar de los hechos, no ordena dictámenes periciales (apoyo técnico y científico en las investigaciones) ni trámites indispensables para una adecuada investigación. En la mayoría de los expedientes analizados hubo violencia a víctimas, ofendidos, testigos y servidores públicos, con un nivel muy bajo de medidas de protección.
Además se archiva un número considerable de expedientes sin haber realizado una investigación exhaustiva e incluso deja algunos casos sin concluir.
El litigante Ricardo Corona llamó a mejorar las condiciones de operación del sistema de procuración de justicia considerando un ajuste salarial conforme a la carga de trabajo, así como capacitación al personal.
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"¿QUÉ LE FALTA AL POLICÍA?"
El Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) reveló el mes pasado que el 31.3 por ciento de 16 ministerios públicos estatales encuestados consideró "mala" la capacidad policial para realizar detenciones en flagrancia.
El informe “La cara del Sistema de Justicia Penal. ¿Qué le falta al policía primer respondiente?” destacó que aunque los policías deben proteger escenas del crimen y recolección de indicios, el 69 por ciento de los ministerios públicos calificó esa capacidad como "mala", el 31 por ciento, "regular"; y ninguno, buena.
El analista en seguridad Alejandro Hope expuso que los resultados del informe podrían considerarse como sugerentes por el tamaño de la muestra. Pero no descartó que los cuerpos policiales arrastren graves problemas.
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) también publicó un documento de percepción de la ciudadanía sobre la labor policial.
“El 72 por ciento considera que la policía no es cercana a la ciudadanía. Esto es importante porque es con el actor del Sistema de Justicia con quien más interactuamos en la vida diaria”, dijo la directora ejecutiva Gabriela Capó.
