La violencia contra la prensa está en uno de sus peores momentos desde el año 2000. Y a pesar de tener una fiscalía especializada para investigar los casos, desde agosto de 2015, el fiscal Ricardo Nájera, no ha resuelto ni un solo caso. Su renuncia debe de ser inminente.

A Miroslava Breach la conocí en Ciudad Juárez cuando los trabajos sobre protección a periodistas comenzaban a ser tomado en serios. Una mujer decidida y consciente de en qué país vivía. Sabía que su quehacer diario era fundamental para una sociedad que es azotada por la violencia y la corrupción.

El Gobernador Javier Corral afirmó: “Debo decir que la principal línea de investigación, que nosotros iniciamos de inmediato, por supuesto fue su propio trabajo. Miroslava denunció y documentó el vínculo de la política estatal con el narcotráfico, sobre todo en las candidaturas que se presentaron en varios municipios de la Sierra de Chihuahua. Fue una periodista que documentó constantemente la organización y la estructura criminal en Chihuahua”, apuntó Corral. “Con una persistencia e insistencia asombrosa”, agregó.

Miroslava se une a una ominosa lista de 30 periodistas asesinados durante la administración de Enrique Peña. Después de crear el sistema de protección más robusto para proteger a la prensa, hoy podemos afirmar con certeza que éste es prácticamente inútil para su fin y es más una respuesta política ante la presión internacional por la caza de periodistas durante los últimos 15 años.

Es una vergüenza que Ricardo Nájera, Fiscal para investigar delitos contra periodistas de la PGR, siga en su cargo. Desde agosto de 2015 está a cargo de la Fiscalía sin haber resuelto un solo caso. Léase bien, ni un solo caso. Eso sí, abre carpetas de investigación y hace todo para no atraer la investigación a nivel federal y que se quede en los estados donde sabemos que las posibilidades de dar con los perpetradores es nula. Pero así es nuestro sistema de procuración de justicia, en este y en casi todos los casos.

Más allá de la incapacidad de Nájera para hacer su trabajo, y gozar de ganar un sueldo público sin tener ningún tipo de resultado. La complicidad de Nájera para mantener la impunidad de los casos de homicidios de periodistas es evidente. Siendo honestos, no podría ser de ninguna otra manera. Me refiero a los jefes de Nájera: Osorio Chong (Segob), Cervantes (PGR) y Peña Nieto. Ninguno de ellos se ha ocupado de condenar el homicidio.

Mientras Peña Nieto lanzaba varios tuits sobre el atentado de Londres, donde mostraba sus condolencias con el pueblo del Reino Unido, el jefe del ejecutivo consideró que el asesinato de Miroslava Breach, enfrente de su hijo de 7 años, no merecía ninguna mención.

Mientras escribía esta columna se dio a conocer que Armando Arrieta Granados, jefe de redacción del periódico La Opinión de Poza Rica, fue atacado a tiros la madrugada de este miércoles en su domicilio, hasta el momento su estado de salud se reporta como grave.

Todavía está muy fresco los homicidios de Cecilio Pineda, en Guerrero y Ricardo Monlui, en Veracruz (otra vez Veracruz). Resulta obvio que están en completa impunidad.

La prensa bajo fuego y la clase política en la habitual retórica. El silencio cómplice de la alta esfera política es una señal de abatimiento del Estado mexicano. Todo parece indicar que no pueden cambiar la realidad. Se diseñan instituciones para enfrentar el problema de violencia contra la prensa pero su impacto es mínimo ante la violencia constante que sufre el gremio periodístico.

Después de años de conocer el fenómeno de la violencia contra la prensa, es posible concluir que la violencia letal –principalmente cometida por la colusión entre autoridades y crimen organizado- es un elemento de conveniencia para el poder político en México. La conveniencia radica en que al no asegurar castigo a los perpetradores –y sí asegurar la impunidad de los casos- el factor de zozobra, miedo y duda entre la comunidad periodística se acrecentar hasta llegar a un factor de parálisis para realizar el trabajo que la sociedad necesita. Algunos le han llamado autocensura, pero estimo que sería más pertinente reconocerlo como una medida de autosubsistencia que sin ella seguramente perderían la vida.

Ricardo Nájera tiene que renunciar a su cargo. Es la única manera para poder darle algo de legitimidad a una Fiscalía Especializada la que ya nadie confía. Su ausencia de resultados sostiene este argumento. Si creamos una fiscalía que se suponía que iba a ser los dientes de las investigaciones y hasta la fecha no tenemos un resultado satisfactorio, me temo que es momento de hacer un corte de caja y decir lo que no ha funcionado.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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