En las elecciones de 2018, la crisis que vivimos encontrará un punto de quiebre en el que se podrá vislumbrar el inicio de un proceso de enfrentamiento de la profunda corrupción-impunidad y desigualdad en que se ha sumergido el país o la caída en un abismo de violencia y descomposición social, económica y política, aún mayor que la que enfrentamos. La caída en el abismo ocurrirá si no hay un cambio, pero no sólo un cambio en quien ocupa el gobierno y en la propuesta política, sino en la estructura democrática que requiere el país para ejercer el control/poder ciudadano sobre los políticos y el ejercicio de la administración.
El 68 representó en la historia de México otro punto de quiebre y de apertura. Desde el movimiento estudiantil hasta el guerrillero, las demandas sociales afloraron y a partir de ahí se desarrolló una cultura político-electoral más democrática que terminaría abriendo la participación a más agentes políticos.
Sin embargo, las resistencias del partido enquistado en el poder y la incorporación y enraizamiento de la cultura de la corrupción en una gran parte de los actores políticos de la llamada oposición, estancaron e, incluso, llevaron al retroceso el proceso de democratización del país. Lo anterior lo hemos vivido, de manera muy clara, entre el 2000 y el 2016. Esto solamente ha sido posible en una sociedad corporativizada, una sociedad sin ninguna experiencia de vida democrática, con excepción de las asambleas comunitarias en diversas regiones indígenas. La democracia quedó relegada al voto y no al ejercicio del poder, sin mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La democracia mexicana nació trunca, sin los andamiajes para irse convirtiendo en una práctica cultural, estableciendo los mecanismos para su ejercicio cotidiano en el hacer diario, desde los ámbitos inmediatos de la escuela al municipio, hasta el del control y rendición de cuentas de los funcionarios y representantes ante los congresos estatales y el federal.
La falta de transparencia y la ausencia en el control del conflicto de interés por parte de la sociedad ha permitido que ahonde la corrupción y que se fortalezca el contubernio de los políticos y los funcionarios de todo nivel con los poderes fácticos legales e ilegales. Empresas y políticos han hecho del Estado un gran botín y han diseñado las políticas a modo, para su mutuo beneficio, sacrificando el interés público. En este entramado, políticos y funcionarios de todo nivel han entrado también en contubernio con el crimen organizado, por gusto muchos, otros, incluso, bajo amenaza.
En este proceso de profunda descomposición, las declaraciones recientes en la defensa de instituciones, como el ejército, como si fueran inmaculadas, impermeables a la corrupción y al crimen organizado, es algo más que demagogia, es una forma de contribuir a proteger el proceso de descomposición.
En gran medida, la política y la impartición de justicia han quedado capturadas por el poder económico de “los ricos”, ya sean los políticos enriquecidos a través del uso de sus cargos, los grandes empresarios o las poderosas corporaciones o por el crimen organizado que, en muchos casos, no tiene límites claros establecidos con los otros poderes.
La cultura del servicio público, que en algunos casos existió y aún sobrevive como un testimonio de los que debería ser, se ha convertido en una excepción. La práctica que prevalece y se premia en la cultura política imperante, es la del contubernio, para obtener más poder o para enriquecerse o para ambos. Esta política quedó escrita en letras de oro por el padre del grupo Atlacomulco, Carlos Hank González, “Un político pobre, es un pobre político”, una frase que en su momento fue citada internacionalmente como una buena definición de los políticos y la política en México. Hank, hay que recordar, fue un hombre que amasó una gran fortuna al crear empresas constructoras contratistas del propio gobierno.
La democratización se ha entendido, con una visión profundamente miope, como un acto electoral. La vigilancia y el control social sobre el ejercicio del poder, desde el ámbito municipal al federal, pasando por el estatal, es la única garantía de la democracia. Puede argumentarse que el INAI surgió con ese propósito. Sin embargo, el INAI ha perdido fuerza bajo la partidocracia y no hemos ido más allá del acceso a la información, en muchos casos muy limitado y con un poder judicial que perpetua la impunidad. No hemos llegado a la vigilancia cotidiana del quehacer político y administrativo. La transparencia y el control del conflicto de interés, bajo la vigilancia de la sociedad, son la única garantía de los procesos democráticos y del ejercicio del poder en la protección del interés público.
A 50 años del 68, en el 2018, nos enfrentamos a unas elecciones en medio de un contexto político, económico, social e internacional extremadamente crítico. De no abrirse caminos, de repetirse lo mismo, de no iniciar cambios, podemos entrar fácilmente a un escenario de mucho mayor ingobernabilidad y violencia generalizado en el país.
Si buscamos resultados diferentes, no podemos estar haciendo lo mismo. La frase célebre de Eisntein se aplica tanto a la física como a la sociedad, la política y la economía. En el 2018 será muy importante el cambio en quien gobierne y su proyecto político, pero será aún más importante la propuesta que presente para el empoderamiento institucional de la sociedad a través de la transparencia a todos los niveles, los procesos de designación de los servidores públicos y el control del conflicto de interés. ¿Qué político/política se atreve a poner en manos de la sociedad instrumentos de vigilancia y monitoreo de la designación de los funcionarios de ss gobierno, del ejercicio de su administración, de los antecedentes y el posible conflicto de interés de sus allegados y de quienes promueva para cargos públicos?
Solamente a través de un ejercicio de la democracia desde abajo, de establecer los instrumentos, las herramientas, de forma institucionalizada, para vigilar a quienes ejercen el poder, para garantizar que actúan por el interés colectivo, podremos iniciar un proceso para enfrentar la corrupción, la impunidad e iniciar un sistema político más equitativo y saludable. Un sistema que se institucionalice y no dependa de la persona o personas en el poder. Un sistema en que las instituciones que fortalezcan la democracia desde la vigilancia ciudadana sean más fuertes que quien ocupa la presidencia y el partido en el poder.
La presentación de Sergio Aguayo al frente de una comisión de ética de la iniciativa “Ahora” que busca postular a Emilio Álvarez Icaza como candidato a la presidencia de la República, está poniendo un ejemplo importante, respondiendo a una demanda ciudadana, estableciendo una confianza que hemos perdido en los políticos.Una comisión de ética autónoma de la organización política, para vigilarla. Se ve muy difícil que esta candidatura logre su objetivo máximo, sin embargo, creo que está aportando ya iniciativas que deben servir de ejemplo para otros candidatos y, de esta manera, puede influir en la política del país. De igual manera el “Llamado por México” que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas aporta otros principios que señalan la dirección de un cambio”
La vigilancia de parte de órganos autónomos de los propios grupos políticos sobre sus miembros y sus prácticas, las obligaciones de transparencia en la administración pública para poder garantizar el buen uso y destino de los recursos, la transparencia en los procesos de designación de los funcionarios para garantizar su independencia y capacidades, la información pública sobre los antecedentes de los funcionarios e individuos que participan en las consultas, en el diseño, en la implementación y evaluación de las políticas públicas, son todos ellos instrumentos necesarios para una vida más democrática.
Ningún partido político tiene la confianza de la ciudadanía, todos enfrentan la corrupción en sus filas, unos más, otros, muy poco menos. Entre los contendientes a las elecciones de 2018 y acceda ya a un proceso autónomo, abierto, transparente y profesional de vigilancia ética de su organización política, tendría un gran respaldo de la población y, sin duda, ganaría las elecciones. Para hacerlo, tendría que presentar también una propuesta de transparencia y política contra el conflicto de interés para todos los órdenes de gobierno, dando a la sociedad el poder de la vigilancia y el acceso a la información y la rendición de cuentas.
La democracia participativa. La democracia más directa, es la única alternativa para garantizar que las políticas y el ejercicio del poder se haga en beneficio de la población, no de intereses privados, sean éstos legales o ilegales. La democracia, concebida de esta manera, es la única opción para enfrentar las profundas crisis que vivimos en México en muy diferentes ámbitos: corrupción, desigualdad, violencia, salud, educación, cultura.
Este es el cambio que requerimos.
