México se desangra. Literalmente. El Febrero pasado habría sido el más violento en los últimos 20 años (Hope). Los índices de homicidio crecen a doble dígito en todo el país. Es una epidemia que, además, manifiesta mutaciones: feminicidios, desaparición forzada, víctimas inocentes. Una violencia que se contagia.
Ante la masacre, tenemos un gobierno pasmado. Obstinado en la especulación estadística en lugar de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Pero lo más grave es que tenemos también un gobierno más violento y, al mismo tiempo, más ineficaz: el ejército no alcanza y la última institución en la chistera, la Marina, alcanzará cada vez menos. Perseguir delincuentes desgasta y contamina.
Y es que la solución no está allí. Si lo estuviera, diez años después de la guerra iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto, ya hubiéramos encontrado alguna respuesta positiva. Pero no hay cifras para el aliento, la calidad de vida de los mexicanos se deteriora ante el miedo constante de convertirse en víctimas. Siete-ocho de cada diez mexicanos se siente vulnerable.
No podemos seguir así, tenemos que parar la masacre. La actual y la que se ve venir. Propongo tres acciones concretas. Más bien repito, porque se han sugerido hasta el cansancio sin que nuestra clase política escuche: policía, regulación de drogas, combate a la impunidad.
Primero. Gran parte de la solución, como enseñan estudios, casos de éxito y recomendaciones internacionales, empieza con la policía. Obvio no con la que tenemos: corrupta, insuficiente, reprobada, amedrentada. Sino en la policía que hay que crear: limpia, capacitada, equipada, bien remunerada, inteligente, cercana a la sociedad.
La noticia triste es que ni siquiera hemos empezado. A Calderón los Gobernadores le vieron la cara en este asunto durante todo el sexenio. Con Peña el asunto huele más a una complicidad sobre-entendida: jugar al “apoyo de la federación” para simular un combate inexistente, mientras el crimen organizado corrompe políticos y expolia ciudades y estados enteros.
Una Federación que mejor pretende normalizar el mal equilibrio de mantener a las fuerzas armadas en las calles, que buscar alternativas para sacarlas de allí y regresarlas a los cuarteles dónde pertenecen.
Otra parte de la solución es buscar alternativas para regular la producción, la comercialización y el consumo de drogas. Especialmente de mariguana hasta niveles recreativos y de heroína a niveles medicinales.
Si bien esta medida puede generar consecuencias imprevistas, tengo dos argumentos desde el puro pragmatismo: 1) el principal mercado de los carteles es Estados Unidos y allá la legalización avanza rápido. Mientras California legaliza y hace negocio, Tijuana y Sinaloa se mantienen en el esquema prohibicionista pagando los costos… poniendo los muertos. No importa si queremos o no, llegará por default.
Y 2) por lindo que suene el sueño moralino de “acabar con las drogas”, no existe tal cosa. El consumo de drogas es inherente a la historia humana: ¡han estado allí siempre! Por eso, propongo una ética prudencial de “mal menor”: cómo no las vamos a desaparecer, mejor vamos regulando, educando, gravando. Repitamos la experiencia del tabaco y el alcohol. No sabemos si tendremos más o menos drogadictos, lo cierto es que nuestros jóvenes dejaran de morir a montones por narcomenudeo y los carteles tendrán menos dinero/poder por narcotráfico.
Y por último, mientras nuestros senadores posponen el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, urge que las flamantes Fiscalías empiecen a reducir la cifra de impunidad. Debemos empujar el ejercicio autónomo de los Ministerios Públicos para que delinquir deje de ser gratis en este país.
El crimen organizado seguirá existiendo, pero hay que replegarlo. Los delincuentes debe saber que enfrente hay un estado capaz de detenerlos, procesarlos y sentenciarlos. No hay estado fuerte con 92% de impunidad.
Concluyo: formar policía civil y retirar paulatinamente a las fuerzas armadas, regular la producción, la comercialización y el consumo de mariguana y heroína; y reducir drásticamente la impunidad en delitos graves. Tres acciones complejas y urgentes para sentar precedentes de justicia. Se puede, pero hay que querer.
Más allá de la incapacidad, es un asunto de voluntad. Muchos de nuestros gobernantes no quieren entrarle. Hay miedo sí, pero sobre todo es que a nuestra clase política no le duele la violencia igual que al ciudadano. En su blindaje de autos, escoltas y cotos privados, no habitan el mismo país que el resto de los mexicanos. Incluso, en muchos casos, ellos son el problema.
Pero el crimen organizado es una bestia salvaje. Los irá alcanzando poco a poco. Basta preguntarle a Colombia o Italia. Diputados, Senadores, Gobernadores y hasta el Presidente en turno entenderán entonces que el crimen no se administra, se combate.
Tal vez hasta entonces, miles de muertos después, empecemos a parar esta masacre.
