Las notas coinciden en el calificativo generalizado de los sujetos que asesinaron a Ricardo Monlui. Al parecer varios diarios recibieron un boletín que se refiere a los asesinos del comunicador como “desconocidos”. Podría ser irrelevante, de no ser porque normalmente los responsables de quitarle la vida a un periodista han sido y conservan el carácter de no identificados. Lo que llama la atención es que se desperdicie tinta en recalcar la identidad extraviada de estos criminales.

Otro común denominador de las notas que describen el asesinato de un periodista, es el afán por enlistar los medios en los que colaboraba, precisar la fecha, el lugar y la hora en la que sucedió el crimen. Dar detalle morboso de las reacciones de los testigos que presenciaron el acto. Pocos medios o casi ninguno realiza un recuento de su trabajo. En el mejor de los casos se evita criminalizar al periodista desvinculándolo del crimen organizado.

En este caso, un par de diarios locales hacen referencia de la relación que Monlui tenía con políticos del estado. Detallan que, según sus compañeros del gremio, Monlui se mantenía cerca de funcionarios poderosos, principalmente del sector cañero y políticos afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), incluso se dice que hacía labores de vocería para uno de los consorcios cañeros más potentes de Veracruz. Se le señala también como a un periodista que recibía pagos de políticos a cambio de favorecerlos en sus notas.

Así como se desconoce el nombre de los pistoleros que dieron muerte a Ricardo Monlui, se desconocen las causas que los motivaron. Los casos de intimidación, amenaza y asesinatos a periodistas están saturados de elementos “desconocidos”. Las investigaciones se demoran entre deliberaciones sin hipótesis claras. Parece haber una voluntad impulsada para ignorar la línea temática de cobertura que las víctimas desarrollaban en su labor periodística.

Desde el año 2000, Veracruz es el estado en el que el fenómeno de censura violenta alcanza ya los 122 periodistas asesinados. Al Gobernador Miguel Ángel Yunes estos primeros meses en el cargo le han ha revelado la acumulación de crisis sociales en las que Veracruz está atascado. Asuntos que no deben resultarle sorpresivos, ya que colaboró en administraciones de gubernaturas anteriores. Conoce las cifras, está al tanto de la repetición que no ha sido contenida por las autoridades. Si está dispuesto a detener la ola de asesinatos contra la libertad de expresión, una de las primeras señales que habrá de dar, es el reconocimiento de este fenómeno social.

Pese a que es ya conocido el enorme riesgo que corre quien ejerza la profesión de periodismo en Veracruz, la negligencia de las investigaciones seguramente caracterizará a este caso, como los de quienes anteceden en la lista de víctimas a Monlui. No conoceremos la motivación del delito, no conoceremos las posibles relaciones que los asesinos mantienen con el poder, no conoceremos las causas por las que Monlui fue amenazado previamente, ni conoceremos si su muerte fue materializada por quienes lo intimidaban. En casos como estos, lo único que podemos dar por cierto, es que la verdad se oculta en la recurrente retórica de lo desconocido.

Maite Azuela

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Analista Política y Activista por los derechos humanos y la rendición de cuentas. Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá. Colaboradora de Uno Noticias. Dirige la organización Dejemos de Hacernos Pendejos y forma parte de redes ciudadanas para el impulso de los derechos políticos y la defensa de los derechos humanos. Fue servidora pública durante una década y entre las instituciones para las que laboró están el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

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