Guerrero ocupa el tercer lugar en pobreza [65.2 por ciento de la población] y el primero en homicidios [2 mil 844 en 2016] a nivel nacional. Con la presencia de al menos 10 cárteles, cinco de “primer nivel”, es la entidad más disputada por el crimen organizado. Su zona centro se ha convertido en un campo de batalla para dos organizaciones: Los Rojos y Los Ardillos, y posiblemente otra que las autoridades aún no identifican por completo. La presencia de 500 militares y policías estatales no ha logrado contener las desapariciones y ejecuciones que se vuelven cada vez más brutales.
Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– En la última década, Guerrero se ha convertido en tierra de cárteles y de muertos: la disputa entre el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana y al menos cinco organizaciones locales convierte a la entidad en la más violenta con cerca de 18 mil ejecuciones desde 2006, cuando inició la llamada guerra contra el narco.
En Guerrero, sólo 12 de los 81 municipios son considerados zonas neutras. La ubicación geográfica de Chilapa la convierte en una de las demarcaciones más peleadas desde el 2012 por Los Ardillos y Los Rojos pues no sólo es un corredor esencial para el trasiego de drogas, también sus tierras son utilizadas para la siembra de amapola, “que precisamente acaba de terminar su primer corte del año”, de acuerdo con el Grupo de Coordinación Guerrero.
En lo que va de este año, en Chilapa suman al menos 48 ejecuciones relacionadas con la guerra entre Ardillos, Rojos y un tercer grupo que organizaciones civiles ubican como “Los Jefes” o “Gente nueva”– diferente al que opera para el Cártel de Sinaloa, pues sólo tiene presencia en las comunidades–. El municipio, con 129 mil 867 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es vigilado por 500 soldados y 100 policías municipales.
El pasado fin de semana una jornada violenta se vivió en el estado dejando al menos 23 muertos, 10 de ellos en Chilapa: dos mujeres y tres hombres fueron asesinados a tiros en hechos distintos y cinco cuerpos incinerados se localizaron al interior de un taxi. A inicios de este mes, el martes 7, seis cuerpos desmembrados y en estado de descomposición aparecieron dentro de 13 bolsas de plástico en un paraje. El jueves 9, se encontraron otros cinco cadáveres calcinados en un vehículo. La brutalidad con la que se perpetran las ejecuciones en el municipio indica, como aseguró el Gobernador Héctor Astudillo Flores, que ahí se disputa “algo muy fuerte”.
La creciente ola de violencia en el municipio llevó a la implementación del “Operativo Chilapa” en enero de 2016. Un año después de que la estrategia de seguridad se puso en marcha, el Alcalde Jesús Parra García responsabilizó a las redes sociales y medios de comunicación por “inventar hechos que afectan la imagen del municipio”. Con las recientes ejecuciones al priista no le quedó más que reconocer que la violencia se agravó durante su administración. “Son tiempos de crisis, de adversidad, muy complejos. Me ha tocado gobernar en los tiempos más difíciles de Chilapa”, dijo a reporteros.
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¿QUIÉNES SON LOS ROJOS Y LOS ARDILLOS?
En el periodo 2012-2015, cuando el municipio era gobernado por el priista Francisco Javier García González, Los Rojos se afianzaron en Chilapa bajo el mando de Zenén Nava Sánchez, “El Chaparro”, supuesto familiar de Jesús Nava Romero, “El Rojo”, lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva y quien fue abatido en junio de 2013 en Puebla. Durante esa administración se vivieron los primeros secuestros masivos, las grandes extorsiones a transportistas y comerciantes, y las brutales ejecuciones.
Los Ardillos, una banda que asolaba la región de Quechultenango y cuyos líderes Celso y Antonio Hernández Ortega son hermanos del ex Diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, se extendió en las regiones de Chilapa, Zitlala, Tixtla, Totoloapan y Acapulco en tan sólo un año: 2014, durante la transición de los gobiernos de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, ambos perredistas.
La batalla por la zona centro de Guerrero salpicó en ese momento a Aguirre Rivero, a García González y a los también ex ediles priistas Mario Moreno Arcos, de Chilpancingo, e Ignacio Bacilio, de Eduardo Neri, todos acusados públicamente de pertenecer a Los Rojos.
En 2015, con los cambios de Gobierno estatal y municipal, las cosas empeoraron. El presidente de la organización Siempre Vivos, José Díaz Navarro, asegura que el recrudecimiento de la violencia en esa zona es porque Zenén Nava, quien en enero de 2016 logró escapar luego de dos horas de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, está de regreso. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), “El Chaparro” es unos de lo 13 objetivos prioritarios de Guerrero y Morelos.
En los últimos tres años, Los Ardillos y Los Rojos, en su disputa por el territorio, han cometido ejecuciones de extrema crueldad: torturar, decapitar, descuartizar y hasta incinerar cuerpos que son arrojados en lugares públicos. Además, han sido responsables de la desaparición de al menos 130 personas, de acuerdo con lo reportado por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos. Los secuestros masivos son comunes en Zitlata y Chilapa, donde los grupos criminales irrumpen, a veces durante varios días, para después llevarse a los habitantes, todo en presencia de militares y policías estatales, denunció la ONG.
Los enfrentamientos entre ambos cárteles, así como los levantones y ejecuciones contra los habitantes, han causado temor en Chilapa. Las familias prefieren no salir de sus casas a partir de las 7:00 de la noche, las escuelas son aseguradas con candados y los retenes fueron reforzados. Sin embargo, la organización Siempre Vivos considera que parte de la violencia que azota a ese municipio, a Tixtla y Zitlala es una “estrategia de terror” de los gobiernos estatal y federal para que la población clame por la Ley de Seguridad Interior, que está en espera para su discusión en el Congreso de la Unión.
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TOTOLOAPAN Y LOS TEQUILEROS
Ubicado en la región de Tierra Caliente, Totoloapan es, junto con Ajuchitlán, Arcelia y Coyuca, el municipio más amenazado por Los Tequileros, un grupo que se separó de La Familia Michoacana y que desde 2013 ocasionaron el desplazamiento de familias enteras en al menos 16 comunidades.
De acuerdo con reportes del diario El Sur, Raibel Jacobo de Almonte, “El Tequilero”, era el sicario encargado de la plaza de La Familia. Un vez conformada su organización, comenzó controlando la cabecera municipal de San Miguel Totolapan y algunas poblaciones rurales en la frontera del río Balsas. En el 2016 su poder se extendió a poblaciones de los municipios de Ajuchitlán, Tlapehuala y Arcelia.
En Tierra Caliente, seis de cada 10 homicidios son atribuidos a Los Tequileros, que también están vinculados con un político: el Diputado priista Saúl Beltrán Orozco. Ante la omisión, complicidad y participación de las autoridades locales, los pobladores han optado por armarse para hacer frente a la organización criminal.
La violencia en Guerrero es generalizada por la cantidad de cárteles que se disputan la tercera entidad más pobre del país [65.2 por ciento de la población], pero además por la fallida estrategia de seguridad implementada por los gobiernos federal y estatal, que aunque presumen constantemente los “grandes cambios” y avances en materia de seguridad, el estado se mantiene como el número uno en homicidios dolosos [2 mil 844 en 2016].
