El 30 de septiembre de 2016 un convoy militar que transportaba a Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, fue brutalmente atacado en la entrada norte de Culiacán. El saldo fueron cinco militares muertos, 10 heridos y el supuesto rescate del herido. Digo “supuesto” porque tampoco sabemos si eso fue un secuestro.

El ataque generó una profunda crisis de confianza al interior de las instituciones de seguridad y un sentimiento enorme de vulnerabilidad en la población sinaloense.

El Gobierno de Mario López Valdez fue incapaz de explicar por qué (a pesar de los reportes ciudadanos, de la cantidad de participantes y vehículos involucrados, y del fácil acceso al sitio) la Policía Ministerial responsable de vigilar ese cuadrante nunca llegó al auxilio de los militares. En el lugar había una cámara de video-vigilancia que “casualmente” no funcionó.

Sobre la emboscada sigue pesando la sospecha de la complicidad policial con el crimen organizado.

Esta semana, “El Kevin” apareció asesinado en Navolato. Tenía huellas de tortura. Sus familiares lo identificaron por los tatuajes de su cuerpo. Julio Óscar Ortiz Vega se llevó consigo la verdad de lo sucedido el 30 de septiembre.

Han pasado más de cinco meses y seguimos sin respuestas y, lo más grave, también sin justicia.

A pesar de lo que “se presume”, ni el Ejército ni la Procuraduría han podido explicar con evidencia y peritajes, quiénes, por qué y cómo sucedió la emboscada. Lo que exhibe nuestra incapacidad técnica en la procuración de justicia.

Tan solo en 2017, Sinaloa acumula 4 muertos por día. Aún así, rara vez Sinaloa figura como nota nacional. Tal vez los mexicanos piensan que Sinaloa ya no tiene remedio, me dijo alguien esta semana.

Es triste, muy triste. Nadie como los sinaloenses hemos pagado tan caro nuestro estigma narco: miles de muertos acumulados a cuenta gotas. Encobijados, ejecutados, tiros de gracia, señas de tortura, cinta canela. Casi todos muy jóvenes, tirados en los baldíos y del otro lado de la barda de los cotos privados con cercas electrificadas y alarmas. El miedo como sentimiento habitual.

Pero también hay otros casos: la expoliación completa de Tamaulipas. Michoacán y sus autodefensas mutadas al narcotráfico y viceversa. Ciudad Juárez, por años una de las ciudades más violentas del mundo.

Pero quiero insistir, en Sinaloa habita una violencia diferente. Su modelo evolucionó del crimen organizado tradicional al modelo mafioso. El narco se comió a autoridades, a empresarios, a amplios sectores de la sociedad.

En muchas zonas de Sinaloa, especialmente rurales y de difícil acceso, el capo en turno se convirtió en el Estado, para bien y para mal. Lo mismo podía remodelar escuelas, embellecer la capilla, que asesinar y desplazar a familias completas para proteger sus negocios y garantizar su permanencia.

Eso explica las marchas para exigir la no extradición de Joaquín Guzmán durante 2014. Por eso, cada vez que la violencia arrecia, surge el clamor por el hombre fuerte que ponga orden de nuevo. O peor aún, la sugerencia velada al Gobierno para que “pacte” de nuevo. Es tanto el miedo, que preferimos la pax narca que el caos y la violencia.

Esta semana, el nuevo secretario de Seguridad de Sinaloa, Genaro Robles Casillas compareció ante el Congreso para explicar sus acciones frente a la epidemia violenta.

El diagnóstico es desolador: el Gobierno de Mario López Valdez gastó 17 mil 828 millones 404 mil 863 pesos en seguridad en vano. Entregó mil muertos más que el sexenio anterior y una policía con dos características: elementos desactualizados en uso de armas, derechos humanos y otras materias, y más del 50 por ciento de los 5 mil 598 policías policías activos reprobados en control y confianza.

Además, hay un déficit de al menos 5 mil 236 policías para cumplir con las buenas prácticas que sugieren organismos civiles como Causa En Común, el CIDAC y hasta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel hereda un gobierno desmantelado en materia de seguridad, un estado que ha normalizado la violencia y aculturado su modelo mafioso y un crimen organizado crecido y poderoso. Una receta para salir corriendo.

No es fácil, pero el pacto no puede ser otra vez la alternativa. Tampoco creo que la militarización sea la respuesta: llevamos diez años en esa guerra sin avance alguno. Habrá que pensar en nuevas soluciones, nuevos abordajes, intentos más innovadores.

Porque tanto muerto no es normal, porque el miedo no es normal. O porque simplemente, ya no queda de otra.

Adrián López Ortiz

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Es ingeniero y maestro en estudios humanísticos con concentración en ética aplicada. Es autor de “Un país sin Paz” y “Ensayo de una provocación “, así como coautor de “La cultura en Sinaloa: narrativas de lo social y la violencia”. Imparte clase de ética y ciudadanía en el Tec de Monterrey, y desde 2012 es Director General de Periódicos Noroeste en Sinaloa.

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