Cecilia Cota Carrasco, reportera de El Diario de Sinaloa, presentó este fin de semana una denuncia por amenazas en contra de Serapio Vargas Ramírez, ex candidato a diputado federal del Partido Nueva Alianza, quien le advirtió que es “capaz de muchas cosas” y que ya tiene ubicada a su familia a través de la red social Facebook, señala en un comunicado Artículo 19.
Cota Carrasco explicó que el también líder campesino solicitó a El Diario de Sinaloa derecho de réplica en inconformidad con una nota en la que se le responsabiliza de encabezar una protesta de productores agrícolas en el salón de plenos del Congreso estatal, y obligar mediante silbatos y gritos a suspender la sesión del pasado 24 de julio.
Sin embargo, Vargas Ramírez encaró a la reportera desde el inicio de la entrevista y le dijo que había usado todos sus mecanismos para saber quién era ella. “Tú no tienes ni la menor idea del líder con el que estás hablando, porque este líder encabezó una quema de una panga en el 2002 con más de mil pescadores y soy capaz de muchas cosas [...] tengo a toda tu familia ubicada en el face[book]... estamos checando algunas cosas”, le advirtió.
Dado lo anterior y con el respaldo de su medio, Cecilia Cota se presentó ante la Procuraduría de General de Justicia del Estado, donde presentó el audio, una transcripción del mismo para demandar una disculpa pública y por escrito del ex candidato a diputado.
ARTÍCULO 19 CONDENA AMENAZAS CONTRA LA PERIODISTA
La organización Artículo 19 condenó las amenazas veladas realizadas por Serapio Vargas contra la reportera de El Diario de Sinaloa y manifiesta su respaldo a la decisión de llevar ante las vías jurisdiccionales la defensa del derecho a la libertad de expresión, mediante la denuncia de intentos de intimidación.
La Declaración de Medellín de la UNESCO de 2007 establece que la libertad de prensa sólo puede disfrutarse cuando los profesionales de los medios de comunicación no padecen intimidaciones, presiones ni coerción por parte de fuerzas políticas, sociales o económicas. En ese sentido, no sólo deben repudiarse de manera inequívoca los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, sino que los actores políticos deben abstenerse de efectuar declaraciones que incrementen la vulnerabilidad de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión.
Artículo 19 exige a las autoridades locales actuar con independencia, celeridad y efectividad en la investigación de este caso y recuerda que es obligación del Estado establecer sistemas efectivos para prevenir las amenazas y agresiones contra periodistas, medios de comunicación y otros actores que ejerzan su derecho de libertad de expresión.