Una docena de instituciones y organizaciones de la sociedad civil lanzaron un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto para "tomar con la máxima seriedad la integración de la Junta de Gobierno del INEGI, y al Senado de la República a ejercer su atribución de hacer cumplir la ley mostrar la mayor exigencia al respecto”, luego de que el Ejecutivo federal propusiera para la Vicepresidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a Paloma Merodio Gómez, quien no cumple con los requisitos de Ley para ocupar ese puesto.
Ciudad de México, 1 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto envió el pasado 24 de febrero al Senado de la República un currículum vitae con datos distorsionados y falseados para que su candidata a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Paloma Merodio Gómez, quien no cumple con los requisitos de Ley ni con el perfil adecuado, ocupe una vicepresidencia en el Instituto.
La Presidencia solicita que la actual directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de 31 años de edad, sin experiencia en áreas de estadística, sustituya al Maestro Félix Vélez Fernández Varela, quien terminó su período como Vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi en diciembre pasado.
El apartado II del artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía establece que la designación para estas vicepresidencias debe recaer en profesionales distinguidos en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años algún cargo de alto nivel en los sectores públicos o privado, o ser académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas.
Como la joven Merodio Gómez no cumple con tales requisitos, el currículum vitae debió ser modificado. Lo que fue un apoyo a un profesor, se transformó en una cátedra en la Universidad Harvard; como la candidata sólo tiene 16 meses en un alto puesto de dirección en lugar de 60 meses, sus estancias como becaria durante su pasantía hace cuatro años fueron maquilladas para convertirla en Consultora Senior del Banco Mundial. Para acreditar experiencia como investigadora, de la cual carece, convierte a su tesis de licenciatura como equivalencia de una publicación de investigación profesional.
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La propuesta ha indignado a diversas organizaciones de la sociedad civil y del mundo académico, pues temen que el nombramiento de esta funcionaria limite la necesaria autonomía del organismo científico. Entre otras cosas, el Inegi aporta los elementos estadísticos para evaluar los alcances de los programas sociales; el hecho de que el Ejecutivo traslade al organismo autónomo e independiente a la responsable de hacer que esos programas sean exitosos, introduce dudas a la imparcialidad del Instituto para ofrecer criterios imparciales.
Hace algunos meses el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) cuestionó a la Sedesol por involucrarse en los cambios a los criterios para definir los niveles de pobreza, rompiendo la posibilidad de hacer seguimientos históricos. Los especialistas temían que tales modificaciones tuviesen como finalidad crear de manera artificial una imagen más positiva de las acciones del gobierno en esta área.
Este miércoles 1 de marzo, una docena de instituciones distribuyeron un boletín haciendo “un llamado al Presidente Enrique Peña Nieto a tomar con la máxima seriedad la integración de la Junta de Gobierno del Inegi, y al Senado de la República a ejercer su atribución de hacer cumplir la ley mostrar la mayor exigencia al respecto”.
Firman el comunicado miembros del Grupo Técnico Ampliado Inegi-Coneval, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalua, Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Acción Ciudadana Contra la Pobreza, OXFAM, CIEP, Colectivo PE$O, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, GSOC, México ¿Cómo Vamos?, entre otros.
En su desplegado, las anteriores instituciones contrastan las pobres credenciales del candidata propuesto por la Presidencia, ante las largas y encumbradas trayectorias de los otros tres vicepresidentes del Inegi: Mario Palma Rojo, Rolando Campo y Enrique de Alba Guerra; todos ellos con más de treinta años de experiencia en responsabilidades vinculadas a la materia y amplio reconocimiento en la comunidad nacional e internacional de Estadística; la edad que tiene ahora Paloma Merodio.
El Senado deberá calificar y aprobar o rechazar la candidatura propuesta por el Ejecutivo.