En cada proceso de designación pública me pregunto cuál es el afán del Ejecutivo por promover la pérdida de legitimidad gubernamental, y la del Senado de la República por cosechar ambivalencias discrecionales respecto a las evidentes exigencias y necesidades ciudadanas.

Desde el Observatorio de Designaciones Públicas hemos insistido sin claudicar, que procesos transparentes, con criterios de designación claros y objetivos, y perfiles idóneos y capaces, conforman el mínimo necesario para dotar de legitimidad y confianza a las instituciones; en contrasentido, la argumentación legislativa y ejecutiva promueven la voluntad política y los acuerdos cupulares como sistema de prácticas para la titularidad de los bastiones que deben combatir el inoperante sistema de rendición de cuentas mexicano.

Esto en general nos lleva a una consideración prioritaria, el proceso de designaciones públicas tiene que ser regulado. No podemos esperar la venia de los designadores para que admitan una participación efectiva de la sociedad y de los colectivos interesados en cada proceso. Dadas las prácticas arraigadas en las que se apunta de inicio a los “cuates” y a los “carnales”, posiciones tan importantes dentro del servicio público no pueden estar a expensas de los gritos y la resistencia de la sociedad civil organizada. Dos ejemplos de designaciones recientes darán sentido a mi argumento.

Hace unos días fue designado Juan Ángel Rivera Dommarco como titular del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Rivera es una persona que goza del reconocimiento de la comunidad de práctica en la materia, pero emergió de un proceso -similar al del Rector de la UNAM- sin transparencia, fuentes claras de evaluación o instrumentos de medición que blindaran de subjetividad el proceso[1]; esto es una ironía, ya que es la Institución que evalúa y propone técnicas cimentadas en evidencia para generar diversas políticas vinculadas a la salud pública de todo el país; es una paradoja de los Centros de investigación, que el proceso de auscultación no tenga escrutinio alguno de la sociedad y de la comunidad de expertos, y que se haya gestado con la suspicacia de perfiles vinculados a la política de gobierno y no a perfiles técnicos para quién liderará las posiciones asociadas al cumplimiento del Artículo 4° Constitucional sobre el derecho humano a la salud.

La segunda consideración es el nombramiento del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Tras el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas del 3 de enero de 2017, el nuevo titular – ya no será un pleno de siete Comisionados- fue propuesto al Senado, con la investidura de Jaime Rochín, quien ya había figurado como presidente y comisionado de esa institución.

El Pleno de la CEAV tuvo numerosos escándalos, también incompatibles con el espíritu probo, austero e íntegro de lo que debió caracterizar su funcionamiento; la carencia de liderazgos y consensos provocó que en dos años renunciaran cinco de los siete Comisionados designados en octubre de 2013. En este 2017 la posible designación de Rochín como Presidente, pone en relieve la posibilidad de que esta Comisión otorgue las medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante como lo estípula la Ley.

La reforma y la nueva designación dan una pauta para la refundación, el fortalecimiento y la capacidad expedita que requiere una institución que aportará elementos para reconstruir la dignidad de las personas que han sufrido acciones atroces, en un país en el que la cifra negra es inconciliable con un Estado Democrático de derecho. Sin embargo, el proceso por el que fue designado el posible titular tampoco ha sido transparente; la Secretaría de Gobernación publicó información a cuenta gotas y por medios no institucionales (p.ej. Roberto Campa publicó a través de su cuenta de twitter a los posibles candidatos/as y posteriormente se publicó en un medio tras una filtración), al grado de sólo conocer las votaciones de “los grupos y las personas” que impulsaron a las y los candidatos sin certeza alguna de los mecanismos de idoneidad bajo los cuales se tomó la decisión del Ejecutivo.

SEGOB debió hacer una amplia consulta y señalar las particularidades de los perfiles con un amplio espectro de opiniones y mecanismos que permitieran a los colectivos de víctimas, en cada espacio del país, sentirse parte de la decisión.

Estamos convencidos de que perfiles idóneos en instituciones públicas que garantizan derechos humanos o que fomentan el Estado de derecho son necesarios para reestructurar el servicio de las instituciones. Históricamente estos puestos han sido repartidos para pagar favores y cubrirse las espaldas pero, las cifras muestran que las espaldas de los funcionarios están descubiertas y lo único que les queda para reconstruir confianza es el consenso ciudadano sobre perfiles que no sean sólo buenos, sino idóneos.

[1] Organizaciones llaman a transparentar designación del titular del Instituto Nacional de Salud Pública, disponible en: http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/02/09/organizaciones-llaman-a-transparentar-designacion-del-titular-de/

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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